Mes: noviembre 2025
Baterías de almacenamiento: claves para elegir la configuración adecuada según normativa y aplicación

Texto:
Maribel Cotolí Cáceres
Ingeniera Industrial de Arram Consultores SL
“El almacenamiento energético mediante baterías se ha consolidado como un componente clave en la transición energética y la gestión de redes eléctricas más flexibles. Sin embargo, no todas las soluciones de almacenamiento son iguales. A la hora de diseñar e implantar una instalación de baterías, existen múltiples factores técnicos y normativos que condicionan su rendimiento, viabilidad económica y prioridad de operación.
Una de las primeras decisiones clave es el tipo de contenedor que albergará las baterías y si éste incluye o no los inversores integrados. Los sistemas de almacenamiento modulares tipo contenedor con inversores integrados presentan la ventaja de ofrecer soluciones compactas, preinstaladas y listas para su conexión, lo que simplifica la logística, el montaje en campo y la integración en proyectos. Esta modalidad, cada vez más popular entre fabricantes líderes, reduce los riesgos técnicos asociados a la interoperabilidad y acorta los plazos de puesta en marcha. Se podría decir, incluso, que es la única opción a elegir en aquellos proyectos con problemas de espacio, sobre todo eligiendo al fabricante adecuado. Sin embargo, su principal inconveniente radica en la posible dependencia tecnológica del fabricante (vendor lock-in), que puede limitar futuras ampliaciones o adaptaciones.
Por el contrario, los sistemas en los que los inversores se ubican fuera del contenedor permiten una mayor versatilidad en el diseño del sistema y una adaptación más fácil a distintas topologías de red o estrategias de operación. Esta alternativa, más abierta, es ideal para proyectos que requieren un alto grado de personalización o para operadores que prefieren mantener el control sobre los distintos elementos del sistema. No obstante, requiere mayor complejidad en la ingeniería y más espacio físico, además de una planificación más cuidadosa para garantizar la compatibilidad entre los distintos equipos. Además, el hecho de que los inversores se sitúen fuera del contenedor de baterías implica que la instalación eléctrica entre ambos elementos debe realizarse en corriente continua (DC), lo que introduce consideraciones técnicas específicas. A diferencia de las conexiones en corriente alterna (AC), propia de plantas de almacenamiento con inversores integrados, las líneas de DC requieren un diseño cuidadoso en cuanto a distancias, secciones de cableado, protección contra sobretensiones y coordinación de equipos de desconexión. Aunque esta configuración ofrece mayor libertad para seleccionar y dimensionar el inversor de forma independiente, también supone una mayor complejidad en campo, tanto en la ingeniería como en la puesta en marcha. Además, la operación en DC entre contenedor e inversor implica una supervisión más estricta de la seguridad eléctrica, especialmente en lo relativo a las corrientes de fuga, el aislamiento y la detección de fallos a tierra.

Otro elemento decisivo es la capacidad temporal del sistema: es decir, cuántas horas puede operar la batería a su potencia nominal. En el contexto regulatorio actual, y bajo el marco del Real Decreto 1183/2020, las instalaciones con al menos 2 horas de almacenamiento comienzan a ser consideradas como gestionables, lo que les otorga ciertas ventajas operativas. Sin embargo, son los sistemas con una duración de 4 horas los que están llamados a tener un papel protagonista. La regulación actual y las futuras subastas contemplan dar prioridad de despacho a las instalaciones hibridadas con almacenamiento que puedan garantizar esta autonomía de 4 horas, consolidando así su atractivo para proyectos renovables con mayor penetración en el mercado.
El Real Decreto-ley 7/2025, aprobado por el Gobierno en junio, proponía medidas ambiciosas para reforzar esta visión, como la prioridad de despacho para sistemas híbridos, la exención de evaluación ambiental o la declaración de utilidad pública para instalaciones de almacenamiento. No obstante, dicho real decreto-ley no fue convalidado por el Congreso el 22 de julio de 2025, por lo que todas estas medidas han quedado sin efecto y no son actualmente aplicables. La normativa vigente sigue siendo, por tanto, la que se deriva del RD 1183/2020 y de la normativa comunitaria.
Esta capacidad de almacenamiento no solo es relevante desde el punto de vista normativo, sino también técnico y económico. Las baterías de 2 horas pueden ser suficientes para aplicaciones como la regulación de frecuencia o la estabilización de red, pero en escenarios de arbitraje energético, integración de renovables o gestión de picos de demanda, la opción de 4 horas ofrece un margen de operación mucho más amplio y rentable. A pesar de su mayor coste inicial, la tendencia del sector apunta claramente hacia este tipo de soluciones de mayor capacidad.

En relación con la integración del sistema en el entorno energético, existen dos grandes modelos de implantación: el almacenamiento hibridado con instalaciones de generación renovable y el almacenamiento stand-alone o conectado de forma independiente a la red. En el primer caso, el sistema de baterías comparte punto de conexión con una planta fotovoltaica o eólica, y puede alimentarse directamente de la energía generada. Esta configuración, amparada también por el RD 1183/2020, simplifica los trámites administrativos y permite aprovechar al máximo la energía excedentaria, contribuyendo a un mayor grado de autosuficiencia energética. Aunque el RDL 7/2025 iba a reforzar estas ventajas con nuevas medidas de tramitación preferente y simplificación ambiental, su rechazo en el Congreso ha dejado vigente el marco anterior.
Por otro lado, los sistemas stand-alone no dependen de ninguna fuente renovable propia y se conectan directamente a la red. Su principal ventaja es la libertad operativa: permiten cargar y descargar según las condiciones del mercado eléctrico, siendo muy útiles en esquemas de arbitraje, regulación de frecuencia o participación en mercados de capacidad. A pesar de esta flexibilidad, estos sistemas suelen tener menor prioridad de despacho y no cuentan con los beneficios regulatorios que sí se otorgan a las instalaciones híbridas.
En ambos casos, la evolución normativa tanto en España como en la Unión Europea avanza hacia una mayor integración del almacenamiento como actor esencial del sistema eléctrico. La nueva Directiva europea sobre baterías (UE 2023/1542), así como el Reglamento de emergencia sobre aceleración de renovables (UE 2022/2577), refuerzan el papel del almacenamiento como solución prioritaria, al tiempo que establecen requisitos más exigentes en materia de seguridad, trazabilidad, huella de carbono y reciclaje.
En definitiva, la elección entre uno u otro tipo de batería no puede hacerse de forma aislada. Factores como la integración del inversor, la duración del sistema, el tipo de operación (híbrida o independiente), así como el cumplimiento de la normativa vigente, deben formar parte de una estrategia técnica y económica bien alineada con los objetivos del proyecto. Contar con el asesoramiento adecuado y una visión clara del marco regulatorio permitirá a promotores y clientes invertir en soluciones robustas, rentables y preparadas para el futuro energético europeo, por ello, desde ARRAM estamos dispuestos a ayudarte, ya que si algo nos define que es la pasión por lo que hacemos”.
Solaria obtiene autorizaciones ambientales para 908 MWh de baterías en Castilla-La Mancha y Castilla y León

Solaria Energía y Medio Ambiente ha obtenido las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) favorables para la instalación de 908 megavatios hora (MWh) de baterías en 11 plantas fotovoltaicas ubicadas en Castilla-La Mancha y Castilla y León, según ha indicado en un comunicado.
Así, el grupo de renovables presidido por Enrique Díaz-Tejeiro ha destacado que esta nueva capacidad de almacenamiento «permitirá avanzar en la estrategia de hibridación de la compañía, integrando baterías en sus activos de generación para mejorar la flexibilidad del sistema eléctrico y optimizar la operación de sus plantas solares».
Este hito se suma a la reciente aprobación ambiental obtenida por Solaria para instalar 780 MWh de almacenamiento en su complejo fotovoltaico de Garoña (Castilla y León) de 710 megavatios (MW), uno de los mayores desarrollos solares de España.
Las baterías y los activos solares de Solaria
De este modo, con ambas autorizaciones, Solaria «consolida su posición como uno de los operadores líderes en almacenamiento renovable a gran escala». Durante 2025, la compañía ya ha cerrado la adquisición de 1.362 MWh de baterías, de los cuales un primer bloque de 116 MWh entrará en operación antes de fin de año y los 1.246 MWh restantes se conectarán de forma progresiva a lo largo de 2026.
El consejero delegado de la firma ha destacado que «la integración de almacenamiento en sus activos solares es clave para reforzar la estabilidad del sistema eléctrico europeo, reducir riesgos regulatorios y avanzar hacia un modelo energético más eficiente y digitalizado».
«Estos hitos confirman el liderazgo de Solaria en la hibridación fotovoltaica en España y consolidan nuestra hoja de ruta para los próximos años», ha añadido. Por otra parte, la firma ha señalado que su plan de hibridación y digitalización permitirá «no solo optimizar la producción renovable, sino también abrir nuevas oportunidades de ingresos a través de servicios auxiliares y arbitraje eléctrico, reforzando su papel en la transición energética europea».
Para terminar, la empresa ha subrayado que con dichas autorizaciones ambientales continúa avanzando en su «objetivo estratégico de construir la mayor plataforma híbrida de energía solar y almacenamiento de Europa».
El MITECO concede ayudas de 10,7 millones de euros a 106 nuevas comunidades energéticas, 6 de ellas en Castilla-La Mancha

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha aprobado la adjudicación de 10,7 millones de euros más en ayudas a iniciativas pioneras para la creación de 106 nuevas comunidades energéticas en toda España. Se trata de fondos europeos NextGenEU enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
La resolución de la quinta convocatoria del programa CE Implementa, disponible aquí, se suma a otras convocatorias resueltas con anterioridad y eleva a 251 los proyectos en marcha beneficiados hasta ahora. Se han adjudicado más de 124 millones de esta línea de ayudas, que busca impulsar la participación de los consumidores en el sistema energético para democratizarlo, asentar el despliegue renovable en el territorio y contribuir a los objetivos de descarbonización. CE Implementa forma parte del paquete de ayudas a las comunidades energéticas, que incluye también el programa sinérgico de Oficinas de Transformación Comunitaria (CE Oficinas), que ha propiciado la creación de 74 de estas entidades orientadoras.
Gestionada por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), la quinta convocatoria ha estado especialmente dirigida a proyectos de pequeño tamaño, no pudiendo superar su inversión el millón de euros. El principal objetivo ha sido fomentar la participación en el sector energético de actores que no toman parte en el mismo tradicionalmente, permitiéndose que cada comunidad energética pudiera impulsar varias propuestas. De este modo, las ayudas permitirán desarrollar 371 iniciativas piloto distintas; más de tres por proyecto.
La mayor parte de esas iniciativas (279) incorpora la instalación de energías renovables eléctricas, en todos los casos con tecnología solar fotovoltaica y almacenamiento. También hay propuestas de fomento de la movilidad sostenible (44) y proyectos para mejorar la gestión de la demanda (38) y para la instalación de energías renovables térmicas (10), como la aerotermia y la biomasa.
Los proyectos beneficiarios implican la instalación de nueva potencia de generación renovable: 20.822 kW de energía eléctrica de origen fotovoltaico y 1.216 kW de térmica. También sumarán 18.272 kWh de almacenamiento y 62 nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos en 35 ubicaciones distintas, así como cuatro sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y cinco de adquisición de vehículos eléctricos.
El plazo para la realización de las inversiones subvencionables y ejecución de las actuaciones objeto de las ayudas será de 14 meses a partir de la fecha de notificación de la resolución favorable de concesión de la subvención.
En la resolución de esta convocatoria sobresale Cataluña, con 42 proyectos seleccionados y el 31,55% de las ayudas asignadas (3,39 millones). Andalucía (16), Castilla y León (12) y Aragón (9) también han tenido un importante de propuestas admitidas. El resto de proyectos se llevarán a cabo en Castilla-La Mancha (6), la Comunidad Valenciana (6), la Comunidad de Madrid (4), País Vasco (3), Galicia, Extremadura y Murcia, con dos cada una, y Navarra y Asturias, ambas con una iniciativa.
Se da la circunstancia de que todos los beneficiarios son cooperativas y asociaciones, por lo que no hay proyectos impulsados por sociedades anónimas o limitadas. En total suman 18.674 beneficiarios adscritos a las entidades que recibirán las ayudas.
De las 106 comunidades energéticas subvencionadas, 55 operarán en municipios de Reto Demográfico, lo que refleja el interés que esta fórmula participativa de generación y consumo renovable suscita en el conjunto del territorio.
Las comunidades energéticas permiten que los ciudadanos produzcan, consuman, almacenen, compartan y vendan energía renovable colectivamente. Su finalidad principal es proporcionar beneficios ambientales, económicos y sociales a sus miembros y al entorno en el que desarrolla su actividad, más que una rentabilidad financiera.
En cuanto a su constitución, pueden ser agrupaciones o cooperativas existentes que entran en el ámbito energético, o nuevas creadas para ese fin. También proyectos colectivos, desde agrupaciones ciudadanas que promueven un pequeño parque solar o eólico a las afueras de un municipio a otros más integrales que combinen distintas tecnologías.
Iberdrola recibe una ayuda directa de 241.920.000 euros por el proyecto en Puertollano de hidrógeno renovable para la producción de amoníaco y fertilizantes verdes

El Gobierno reparte 794 millones entre siete proyectos de producción y uso intensivo de hidrógeno renovable en actividades industriales
Uno de los grandes vencedores es Iberdrola, compañía a la cual se concede una ayuda directa de 241.920.000 euros por el proyecto de hidrógeno renovable para la producción de amoníaco y fertilizantes verdes promovido por Iberdrola en Puertollano (Ciudad Real).
Dicho proyecto, que se ejecutará en colaboración con Fertiberia, enmarcado dentro del componente 9 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, ha sido el que más subvención ha obtenido en esta convocatoria, que ha repartido un total de 794 millones de euros entre siete proyectos beneficiarios en España de producción y uso intensivo de hidrógeno renovable en actividades industriales a gran escala elegidos por la Comisión Europea en el marco del Proyecto Importante de Interés Común Europeo (IPCEI, por sus siglas en inglés) Hy2Use.
Los beneficiarios de estas ayudas se desarrollarán en las comunidades autónomas de Aragón, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia y País Vasco, impulsando así cinco de los denominados valles de hidrógeno y dos aplicaciones industriales innovadoras.
Iberdrola y el hidrógeno verde
Según consta en la resolución, el principal objetivo del proyecto de Iberdrola es la reducción significativa de emisiones mediante el despliegue de una instalación de producción y suministro de hidrógeno verde y, en el futuro, oxígeno verde, al innovador proceso de fabricación de amoníaco verde y otros usos industriales.
Se está llevando a cabo en dos fases que conllevan la instalación de dos electrolizadores con una potencia total de 220 megavatios de electrólisis (20 y 200 megavatios respectivamente), con una producción de hidrógeno renovable de hasta 25.400 toneladas al año y una producción de oxígeno renovable de hasta 203.200 toneladas al año. A su vez, estos electrolizadores son alimentados con energía solar fotovoltaica mediante dos plantas dedicadas de 35 y 325 megavatios en cada fase.
El presupuesto total del proyecto asciende a 471.422.103 euros, y la fecha límite de ejecución de las actuaciones subvencionables en la segunda fase será el 30 de septiembre de 2029.
Se considera que el proyecto de hidrógeno renovable para la producción de amoníaco y fertilizantes verdes contribuirá a la consolidación de un «clúster» de hidrógeno renovable para la integración de la producción, la transformación y el consumo de gran escala.
La capacidad electrólisis autorizada se acreditará mediante la presentación de la decisión final de inversión en el plazo de seis meses desde la publicación de la resolución definitiva. La entidad beneficiaria deberá justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y la aplicación de los fondos percibidos ante el órgano concedente o designado para tal fin, y además deberá cumplir con las obligaciones en materia de información, publicidad y comunicación.
El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía en seis millones de euros las ayudas a la rehabilitación energética de viviendas y alcanza los 30 millones de inversión

El Consejo de Gobierno ha aprobado un total de seis millones de euros con el fin de ampliar las ayudas FEDER de Rehabilitación Energética de Viviendas, para llegar así a 30 millones de euros en esta convocatoria, cuya ejecución se desarrollará entre 2025 y 2028, ha señalado la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla.
En julio, el Gobierno regional sacó una nueva convocatoria del FEDER por valor de 23,7 millones de euros, destinados a la rehabilitación energética de viviendas, para dar continuidad al programa 3 del MRR de rehabilitación energética de viviendas y edificios. Una convocatoria que finalizaba este 30 de octubre y que, ahora, se amplía hasta el 1 de diciembre, con un aumento del crédito por valor de seis millones de euros adicionales, ha señalado Padilla.
Líneas de actuación
La primera línea que contempla la convocatoria se centra en la rehabilitación de la envolvente térmica de edificios residenciales colectivos, siempre que se logre, al menos, un 40 por ciento de mejora en el indicador de energía primaria no renovable referida a la certificación energética.
La segunda línea se dirige a la incorporación de energías renovables en edificios de uso residencial colectivo y se articula, a su vez, en tres sublíneas, según la tecnología utilizada para producir energía. La sublínea 2.1 contempla la instalación de sistemas de biomasa, la sublínea 2.2 está dirigida a instalaciones basadas en aerotermia o geotermia y la sublínea 2.3 permitirá incorporar sistemas de energía solar, ya sea en forma de instalaciones fotovoltaicas, térmicas o híbridas.
La tercera línea se centra en la rehabilitación de edificios protegidos de uso residencial colectivo y también en viviendas unifamiliares de consumo energético mínimo.
Cuantías
En el caso de los edificios residenciales, Padilla ha señalado que las ayudas pueden alcanzar hasta el 60 por ciento del coste subvencionable, siempre que el ahorro de energía no renovable esté entre el 40 y el 50 por ciento, y hasta el 70 por ciento cuando dicho ahorro supere el 50 por ciento. En ambos casos, el tope de ayuda por vivienda es de 8.100 euros, ha precisado.
Estas cuantías también se aplican a viviendas unifamiliares, destinadas igualmente a la mejora de la eficiencia energética. Además, la consejera ha señalado que las ayudas pueden incrementarse en un 20 por ciento adicional en casos de vulnerabilidad económica, con un aumento de 4.550 euros, lo que eleva la subvención máxima hasta 12.650 euros.
Asimismo, cuando las actuaciones sean integradas, es decir, incluyan mejoras complementarias como aislamiento de ventanas e instalación de paneles solares, las ayudas podrán incrementarse en un diez por ciento adicional, ha explicado.
La Junta aprueba la instalación de una planta de almacenamiento híbrido de energía fotovoltaica y eólica en Tébar (Cuenca)

La Comisión Provincial de Urbanismo de Cuenca da luz verde al proyecto ‘Las Lomillas’, con una inversión de 13,9 millones y una potencia total de 122 megavatios, capaz de abastecer a 20.000 viviendas
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la instalación de una planta de almacenamiento híbrido de energía fotovoltaica y eólica en el municipio conquense de Tébar, un proyecto pionero en la región que permitirá avanzar en el almacenamiento de energía renovable.
La Comisión Provincial de Planificación Territorial y Urbanismo de Cuenca ha dado luz verde a los trámites urbanísticos necesarios para la instalación de esta planta, denominada ‘Las Lomillas’, que ocupará una superficie de 7.190 metros cuadrados y contará con un presupuesto de ejecución material de 13,9 millones de euros.
El proyecto, denominado Almacenamiento Hibridado ‘Las Lomillas’, contempla la puesta en marcha de una instalación de almacenamiento de energía con 36 megavatios de potencia, diseñada para integrarse con el parque eólico y la planta fotovoltaica del mismo nombre. Este sistema híbrido combina tecnología de baterías BESS (Battery Energy Storage System), capaz de estabilizar la red eléctrica y almacenar la energía generada tanto por fuentes solares como eólicas.
La directora general de Planificación Territorial y Urbanismo, Silvia López, ha subrayado la relevancia de esta iniciativa, al ser «la primera de este tipo en Castilla-La Mancha», y ha destacado su capacidad para impulsar la transición energética en la región. «La potencia instalada de esta planta, que es la primera de este tipo en Castilla-La Mancha, tendrá una potencia total de 122 megavatios, con la que se atendería a unas 20.000 viviendas y lo que nos permitirá seguir avanzando en el almacenamiento de la energía renovable en la región», ha señalado.
Nomad fabricará 1.500 generadores solares al año en Villarrubia de Santiago (Toledo)

Nomad Solar Energy exporta sus sistemas portátiles de energía fotovoltaica a 15 países
Nomad Solar Energy ha inaugurado su primera planta a nivel mundial ubicada en Villarrubia de Santiago (Toledo), desde la que fabrica y exporta sistemas de generación de energía fotovoltaica portátil, unos contenedores que ya llegan a quince países del mundo y permiten el acceso a energías limpias en zonas remotas o en las que no hay otras fuentes de energía.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el fundador y presidente del Grupo Nomad Solar Energy, Laurent de Thieulloy, asistieron a la inauguración de esta fábrica, en la que se han invertido 4 millones de euros y generará 80 puestos de trabajo directos en los próximos tres años.
Los generadores solares móviles de Nomad permiten, según ha explicado la empresa, dotar a las industrias de sistemas autónomos de generación de energía renovable, ya que se presentan como grandes contenedores en cuyo interior hay placas solares que se pueden instalar en cualquier ubicación sin necesidad de conectarse a una red de distribución eléctrica.
Además, los paneles fotovoltaicos cuentan con sistemas avanzados de almacenamiento en baterías de alta capacidad, por lo que pueden aportar suministro eléctrico incluso durante la noche o en condiciones meteorológicas adversas.
Las metas Nomad Solar Energy
El objetivo productivo es alcanzar 1.500 equipos a finales de 2026, destinados tanto al mercado nacional como a la exportación internacional y, de hecho, estos sistemas ya se venden en quince países de África, América Latina, Asia y Europa del Este.
En este sentido, Laurent de Thieulloy ha detallado que estos sistemas de portátiles generación de energía ya se han desplegado en Ucrania, para dar soporte al país debido a que las infraestructuras energéticas se han visto dañadas por la guerra.
«Las energías renovables con apasionantes, porque permiten limitar o eliminar la huella de carbono», ha subrayado De Thieulloy, que ha subrayado que, además, son competitivas porque «una vez instaladas, ya no dependen de nadie».
Por ello, ha destacado la importancia estratégica de apoyar este tipo de energías y ha valorado que Castilla-La Mancha «es una región tremendamente fuerte en las renovables, hay sol, hay viento y voluntad de las administraciones de que estas tecnologías se desarrollen».
Mapa de Biocombustibles Sólidos 2025: más fábricas activas y estabilidad en la producción

El último inventario identifica 65 fábricas de pellet activas en España, dos más que en el mapa anterior, elaborado con datos de 2023
Según los datos declarados por los productores a AVEBIOM, la producción real de pellet en 2024 fue de 529.337 toneladas, frente a 681.706 toneladas en 2023, lo que supone una reducción del 22 %.
En 2022, muchos usuarios adelantaron sus compras ante la crisis energética, pero los inviernos suaves que siguieron redujeron el consumo real. Como resultado, el sector arrastró un importante volumen de pellet almacenado durante dos campañas. El mayor consumo registrado este invierno ha contribuido por fin a normalizar los niveles de stock.
La mayoría de las plantas (42 de 65, el 65 %) producen bajo certificación ENplus®, lo que garantiza la calidad y trazabilidad del pellet español. Estas fábricas son, además, las de mayor capacidad productiva, por lo que concentran alrededor del 85 % de la producción nacional, situando a España entre los países europeos con mayor volumen de pellet certificado.
En cuanto a sostenibilidad, una planta de pellet dispone de certificación SURE, un esquema que se aplica principalmente a biocombustibles destinados a redes de calor o proyectos industriales sujetos a los criterios de la Directiva RED III.
El inventario 2025 identifica 64 productores de astilla activos en España, los mismos que en el año anterior. El número de plantas que certifican su sostenibilidad con el esquema SURE se mantiene en 30, lo que confirma la confianza de los principales operadores del sector en España en este sello, especialmente los que suministran a redes de calor públicas e instalaciones industriales que deben acreditar el origen sostenible de la biomasa conforme a la Directiva Europea RED III y para cumplir con los requisitos de la Directiva ETS sobre reducción de emisiones verificables
Según las capacidades declaradas por los fabricantes, el potencial de producción nacional de astilla se sitúa alrededor del millón y medio de toneladas al año. Las plantas medianas y grandes se reparten principalmente por Castilla y León, Cataluña, Andalucía y el norte de la península.
El sector trabaja actualmente en torno al 60-70 % de esa capacidad, lo que garantiza disponibilidad de suministro para afrontar nuevos proyectos térmicos en expansión.
El crecimiento de la demanda en redes de calor y aplicaciones industriales, junto con la estabilidad de precios observada en 2024 y 2025, consolida a la astilla de madera como el biocombustible sólido más eficiente y sostenible para grandes instalaciones térmicas, y un pilar fundamental de la bioenergía española.
Hueso de aceituna: estabilidad y bioeconomía circular
El inventario 2025 mantiene 30 productores de hueso de aceituna activos en España, principalmente en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, donde la industria oleícola genera un flujo constante de subproductos valorizables.
El número de plantas con certificación BIOmasud® se mantiene en siete, mientras que cinco cuentan además con el sello SURE, que acredita la sostenibilidad del biocombustible conforme a la Directiva Europea RED III.
El sector del hueso está estrechamente ligado a la actividad agrícola y agroindustrial, lo que le confiere un fuerte componente local y circular. Cada campaña, numerosas almazaras y cooperativas valorizan el hueso generado en el proceso de molturación, destinándolo a usos térmicos tanto propios como en entornos próximos. Con su alto poder energético, su baja huella ambiental y su plena integración en la cadena agroindustrial, el hueso de aceituna mantiene un papel esencial dentro del mix de biocombustibles sólidos españoles, aportando sostenibilidad y autonomía energética local en los territorios rurales.