Mercado Eléctrico

Concursos de capacidad: concursos de paciencia

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Texto:
Ángel Carlos Bernáldez Rodríguez
Director de la Unidad de Energía de Arram

Hablando por boca de nuestro típico cliente que se dedica al desarrollo de plantas de generación de energía eléctrica renovable, quiero hacer un análisis de cómo han transcurrido los acontecimientos en los últimos años al respecto de la capacidad disponible en la red eléctrica.

La capacidad de la red es hace ya tiempo el bien escaso. No son los terrenos, no es el músculo financiero, ni las barreras tecnológicas. Y como es habitual, un bien escaso atrae a quienes lo precisan con especial voracidad.

Este escenario fue el que provocó que en fechas previas a la planificación 2021-2026 (que se aprobó en 2022), se produjeran avalanchas de solicitudes de capacidad en redes existentes pero también en redes futuras: avales y seguros de caución depositados, solicitudes cursadas imposibles de atender, incluso proyectos sin un mínimo de viabilidad en cuanto al emplazamiento porque, como decía antes, ese no era un asunto primordial.

La reacción por parte del Ministerio para la Transición Ecológica fue legislar para intentar ordenar y gestionar la capacidad de acceso y conexión, ya que es necesario que los proyectos se conviertan en realidades y así cumplir con los objetivos del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030). Aquí hago una relación cronológica de estas actuaciones:

Junio 2020: se publica el RDl 23/2020, donde el artículo 1, titulado «Criterios para ordenar el acceso y la conexión a las redes…», obliga al cumplimiento de ciertos hitos administrativos a los promotores: solicitud de AAP, admisión a trámite, obtención DIA favorable, de la AAP, AAC y AAE; so pena de pérdida del punto de conexión y ejecución de garantías.

Diciembre 2020: se publica el RD 1183/2020, de acceso y conexión.

El Capítulo V: Concursos de capacidad de acceso, marca las reglas por las que un nudo puede entrar a concurso, y cómo llevarlo a cabo. Si bien no es imperativo para el Ministerio bloquear los nudos que cumplan los criterios, la realidad ha sido que todos los nudos que cumplen están señalados como nudo a concurso.

En cuanto un nudo es señalado como de concurso, se inadmiten solicitudes y se suspenden los procedimientos iniciados en los mismos. Con esto, se termina con la solicitud indiscriminada de capacidad, y se abre un esperanzador concurso con criterios técnicos, ambientales y socioeconómicos.

Estos concursos «bloquean» en total casi 290 nudos, casi 100.000MW.

Nudos de REE

Decía el RD 1183/2020 que «la orden de convocatoria de un concurso tendrá lugar en un plazo máximo de 10 meses desde la fecha de la resolución de la Secretaría de Estado de Energía»; pero en posterior modificación del art. 20: …la orden de convocatoria de un concurso tendrá lugar en un plazo máximo de doce meses …., cuando la potencia reservada supere los 10 GW, se podrán celebrar varios concursos sin que el plazo transcurrido entre dichos concursos supere los seis meses.”

Desde entonces, lo único que tenemos es un borrador de bases de concurso de 17 nudos (uno por Comunidad Autónoma, lo cual no es un criterio técnico sino político). Este borrador ha recibido una gran cantidad de alegaciones por errores en su planteamiento: por ejemplo, desde ARRAM hemos advertido de que la puntuación no suma el 100%, que no está clara la puntuación de proyectos ligados a autoconsumo, que el criterio excluyente ambiental es tan restrictivo que hará inviables los proyectos; y me temo que estas y muchas más aportaciones han paralizado al Ministerio con la intención de reestudiar completamente las bases para evitar lo que sería un auténtico freno al sector. Me refiero a un concurso mal formulado que dé lugar a posteriores impugnación y, posiblemente, al bloqueo de la capacidad de acceso hasta que un juzgado decida si el proceso ha sido justo…es decir, años y años después.

La posición del promotor de plantas de generación ha ido evolucionando desde la “ilusión” por un método ordenado y claro para acceder a la capacidad, a una resignación de cuándo saldrá algún concurso y cuáles serán sus bases. Han pasado de ser proactivos y adelantar trámites, estudios ambientales, estudios socioeconómicos del territorio para estar preparados, a decir que cuando salgan las bases ya lo analizaremos. Los propietarios de terrenos no entienden las explicaciones que los promotores les dan, no entienden que esa planta que se va a ejecutar no pueda avanzar cuando escuchan en las noticias que necesitamos renovables para no depender del gas Ruso. Empiezan a perder la paciencia, se rompen acuerdos y lo que es peor, se percibe una sensación de que esto no es lo que me habían dicho.

El sector necesita una señal para reconducir esta situación. El Ministerio debería publicar urgentemente algunos concursos, que demuestre que esta es la finalidad de todo este proceso y que los promotores e inversores sepan que habrá un goteo de concursos a los que merece la pena acudir.

Otorgada la autorización ambiental a una planta de reciclaje de baterías de plomo ácido ubicada en Puertollano

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Clean Tech Lab reciclará baterías fuera de uso mediante un proceso de reciclaje «totalmente nuevo, innovador y patentado», se asentará en el polígono La Nava

El Diario oficial de Castilla-La Mancha publica la resolución de la Consejería de desarrollo sostenible que otorga a la empresa Clean Tech Lab la autorización ambiental para su planta de reciclaje de baterías de plomo ácido. Desarrollará la actividad en Calle Alemania, 4, en el polígono industrial La Nava II, en el término municipal de Puertollano.

Esta autorización se concede para una planta de valorización de baterías de plomo ácido mediante proceso hidrometalúrgico a baja temperatura, con una capacidad de gestión de baterías de plomo ácido usadas  de 142,86 t/día, es decir 50.000 t/año.

La planta funcionará durante 24 horas al día durante los 7 días de la semana, pero teniendo en cuenta los periodos de paradas de mantenimiento periódico necesarios previstos en dos semanas al año, la actividad de valorización de baterías usadas funcionará unas 8.400 horas de trabajo anuales, es decir unos 350 días/año.

Clean Tech Lab asegura que usará un «exclusivo, innovador, patentado, y probado proceso hidrometalúrgico» que garantiza la valorización sostenible de las baterías cuando llegan al final de su vida útil, «en materias primas secundarias de alta calidad que se usan directamente en la fabricación de nuevas baterías de calidad superior, mientras que se reducen los contaminantes y las emisiones de gases, consumiendo mucha menos energía que las actuales tecnologías existentes en España y Europa».

En lugar de utilizar fundición a alta temperatura (proceso pirometalúrgico), para la destrucción de los compuestos de plomo, utilizará un procesado a baja temperatura y en agua (proceso hidrometalúrgico), «resolviendo la problemática de las tecnologías actualmente existentes en el mercado, que son altamente contaminantes y conllevan procesos muy costosos con elevados consumos de energía».

La superficie de la parcela donde se ubicará la actividad es de unos 13.097 m2, estando hormigonada una superficie de 5.500 m2 y disponiendo de una superficie edificada de 2.000 m2.

El agua de consumo procederá de la red municipal de abastecimiento del Ayuntamiento de Puertollano. Se utilizará agua para el proceso industrial y para uso sanitario en oficinas y vestuarios, estimándose un consumo de agua de 1.300 l/h para uso sanitario y de 600 l/h para uso industrial, lo que aproximadamente supone un consumo total de agua de 16.000 m3/año.

La energía eléctrica procederá de la red eléctrica, requiriéndose una potencia total instalada de 590 kW y siendo el consumo total de energía eléctrica de la instalación de unos 4.956 MWh/año.

La energía térmica necesaria para el proceso productivo procederá de equipos eléctricos, no consumiéndose por tanto combustibles en el proceso productivo.

La UCLM desarrollará un máster dual en energías renovables

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El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha firmado un convenio de colaboración con un total de diez representantes de instituciones y entidades para desarrollar un programa de formación en alternancia o dual para el Máster Universitario en Energías Renovables

El Espacio Ideas del Campus de Albacete acogió la firma del convenio entre la Universidad de Castilla-La Mancha, representada por el rector, Julián Garde, y  las siguientes entidades: el gerente del Centro Nacional de Hidrógeno, Miguel Ángel Fernández; Mamen Pérez, del Departamento de RRHH de Eiffage Energía; los representantes de ISFOC, Julio Bono y Óscar de la Rubia; el director general de Ingeteam, Jorge Magán; el gerente de SYDIS -Soluciones y Desarrollos de Ingeniería y Servicios-, Jorge Córdoba; el coordinador de NIMO Iniciativas, Juan Antonio Hernández; los CEO de +Inteligencia y de GFM Fotovoltaica, Pedro A. Fuentes y Javier Bustos, respectivamente; el director general de Cade Soluciones de Ingeniería, Daniel Berenguel; y por el Grupo Rotonda: Ramón Penadés, Juan Useros y Juan Miguel Córcoles.

En su compromiso con el tejido productivo de la región, la Universidad de Castilla-La Mancha, junto con las citadas entidades, desarrollarán el primer máster dual en la región, en lo que es una apuesta de la institución académica por el sector de las energías renovables, la empleabilidad de sus estudiantes y la formación adaptada a las necesidades laborales.

El rector agradeció a todas las partes implicadas en el desarrollo de este máster dual, especialmente a los coordinadores del mismo y a sus grupos de investigación por la elaboración de la memoria de este título oficial. Una oportunidad, como dijo, que no solo es para los estudiantes sino para la Universidad en su conjunto.

Convenio
El objeto de dicho acuerdo es poner en marcha un Programa de Formación en Alternancia para el Máster Universitario en Energías Renovables. Una formación, tal y como recoge el acuerdo, que pretende el desarrollo de competencias de los estudiantes/trabajadores en coherencia con el perfil profesional y su ajuste a las necesidades de las empresas del entorno, lo que permitirá desarrollar las competencias de la titulación. 

El presente convenio contempla la creación de una comisión mixta compuesta por con representantes de la Universidad regional y de la entidad firmante, de composición paritaria, que se encargará de diseñar el título o itinerario dual estableciendo el proyecto formativo; establecer los mecanismos de coordinación, integración y supervisión de las actividades desarrolladas en la entidad y las impartidas en el aula; analizar indicadores, incidencias y evidencias detectados en el desarrollo del programa; garantizar el seguimiento del alumnado trabajador en el proceso de enseñanza-aprendizaje; así como ejercer funciones de control y seguimiento del convenio y resolver las incidencias.

Capital Energy y su filial, Box2Bit, impulsan la creación de dos campus digitales, uno en Torija (Guadalajara) y otro en Recas (Toledo)

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La empresa desarrollará 20 plantas de eólica y solar para suministrar la energía a los dos grandes centros de datos

Capital Energy y su filial, Box2Bit, montarán en Recas el complejo Axis South, un mega Centro de Datos con una superficie estimada de 134.000 metros cuadrados y en la que se invertirá 1.134 millones de euros. Un proyecto que estará operativo en los próximos años.

Lo avanzó el pasado 4 de noviembre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, tras la reunión que ha mantenido en Toledo con el Alcalde de Recas y con los responsables del proyecto, al que han denominado Axis: un macro proyecto de infraestructuras digitales y de energías renovables, considerado el mayor proyecto digital a nivel nacional y uno de los mayores proyectos de infraestructuras a nivel europeo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha buscará que este proyecto en Recas sea declarado un Proyecto de Interés Regional en un plazo de tres meses, algo que permitirá que se aceleren los tiempos.

La inversión generará multitud de empleos directos. En fase de construcción está prevista una generación de empleo superior a los 1.200 empleos, y en fase operativa está previsto una creación superior a los 150 puestos, impulsando especialmente las carreras de alto perfil técnico. Todo ello sin contar el empleo indirecto que una inversión de este tipo genera.

El proyecto Axis supondrá la instalación de dos grandes campus en los municipios de Recas, en la provincia de Toledo (Axis South), y Torija, en la de Guadalajara (Axis East), donde ya dispone de terrenos que suman más de 200.000 metros cuadrados de suelo industrial y que pueden convertir a estos centros en los mayores de España y uno de los principales de Europa.

La iniciativa, que una vez en marcha tendrá un impacto previsto en el PIB de más de 2.650 millones de euros y propiciará la creación de más de 400 puestos de trabajo directos y de otros 1.850 indirectos en Castilla-La Mancha en la fase de operación de las infraestructuras -3.800 empleos directos y 7.150 indirectos en la fase de construcción- se va a desarrollar entre 2022 y 2027 y persigue convertir a esta región en un enclave digital sostenible estratégico para todo el país dada su ubicación sobre los dos principales ejes del mercado digital ibérico: Lisboa-Madrid-Barcelona y Málaga-Madrid-Bilbao.

Castilla-La Mancha fue la tercera comunidad con mayor potencia renovable instalada con 8.140 MW en 2021

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Según los datos del nuevo Sistema Eléctrico Español 2021 que acaba de presentar a primeros de julio Red Eléctrica de España, durante el pasado año en 2021 Castilla–La Mancha se ha consolidado como la tercera comunidad con mayor potencia renovable instalada (8.140 MW), solo superada por Castilla y León y Andalucía. La eólica es la tecnología con mayor capacidad de producción en Castilla-La Mancha, más de 4.000 MW que representan una cuota del 38,6 % del total. Por su parte, la solar fotovoltaica, con 1.035 nuevos MW instalados durante 2021, es la tecnología que más ha incrementado su presencia en el parque de generación manchego, un 53,3 % más respecto al año anterior. Castilla-La Mancha es la segunda región con mayor cuota de capacidad solar fotovoltaica en nuestro país y supone el 19,6 % del total de potencia instalada en España.

Durante el año pasado, el 57,9 % de la energía generada en la comunidad autónoma fue de origen renovable, siendo la eólica, con 7.681 GWh, la tecnología líder y que generó el 33,2 % de la electricidad. La solar fotovoltaica incrementó su generación un 21,5 % respecto al ejercicio anterior, alcanzando así una cuota del 16,2 % sobre el total.

Según los datos del informe, la demanda de energía eléctrica en España durante el año 2021 presentó un incremento del 2,6 % respecto al año anterior, alcanzando un total de 256.482 GWh demandados, siendo este el primer crecimiento tras dos años consecutivos de descensos de demanda. Por lo que respecta a la evolución del sistema eléctrico peninsular, que representa algo más del 94% de la demanda total española, fue superior en un 2,4% respecto al año anterior, con un total de 242.492 GWh demandados. Esta demanda se sitúa en niveles similares a los registrados en el año 2005, hace 16 años, aunque también se registraron unos valores similares en el año 2014 durante el periodo de depresión más fuerte de la crisis iniciada en el año 2009. Una vez corregida la influencia de la laboralidad y de las temperaturas, resulta una variación positiva respecto al año anterior del 2,4 %, que contrasta con el descenso del 5,0 % registrado el año anterior.

La capacidad instalada del parque generador en España se ha incrementado un 2,1 %, finalizando el año 2021 con 113.156 MW. La potencia instalada renovable en el sistema eléctrico nacional se ha incrementado en 4,3 GW, lo que ha permitido alcanzar un porcentaje de potencia instalada de fuentes de generación renovables del 56,7 % del total de la potencia instalada.

En cuanto a la generación eléctrica, se produjo un nuevo máximo histórico en la contribución de la energía renovable peninsular con una cuota en la generación eléctrica del 48,4 % debido al incremento de la producción eólica y solar fotovoltaica, un 10,0 % y 37,4 % superiores a las del año anterior respectivamente. La participación de la generación no renovable se ha situado en el 51,6 % del total peninsular, disminuyendo 2,9 puntos porcentuales respecto al año anterior cuando el peso no renovable fue del 54,5 %. Este descenso de la generación no renovable peninsular se debe sobre todo a la menor producción de las centrales nucleares y de los ciclos combinados, que han generado un 3,1 % y un 2,0 % menos que en el 2020, respectivamente.

El Gobierno regional acelera su transición energética con una hoja de ruta que impulsa las renovables, la eficiencia energética y el autoconsumo

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El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha informado que este nuevo plan estratégico regional contempla inversiones cercanas a los 20.000 millones de euros y la creación de cerca de 9.000 empleos al año

El presidente regional, Emiliano García-Page, presentó el pasado 2 de junio el ‘Plan Estratégico para el Desarrollo Energético de Castilla-La Mancha horizonte 2030’, la hoja de ruta del Ejecutivo autonómico que va a permitir acelerar a corto, medio y largo plazo la transición energética de Castilla-La Mancha a través de diferentes medidas económicas, sociales y medioambientales, con nuevo modelo energético más racional, eficiente y sostenible.

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha sido quien ha desglosado este nuevo plan de acción, destacando que, según las estimaciones que barajan, “atraerá inversiones cercanas a los 20.000 millones de euros creando de cerca de  9.000 empleos al año en su desarrollo inicial, que podrán llegar a convertirse en 16.000 empleos al año llegado 2030, además de lograr la reducción de un 38 por ciento de las emisiones de CO2 asociadas al consumo de energía, contribuyendo a cumplir los compromisos adquiridos como país y como Estado miembro de la Unión Europea en el Protocolo de Kyoto”.

En 2021 las inversiones en relación a la implantación de las plantas de renovables movilizaron en Castilla-La Mancha 500 millones de euros y crearon 2.500 empleos. La estimación para este año 2022 es que las instalaciones de nuevas plantas de energías renovables atraerán una inversión de más de 700 millones de euros y cerca de 3.000 empleos durante las diferentes fases de su construcción.

Dos programas y seis grandes líneas vertebran el nuevo plan estratégico regional
El primer programa es el denominado ‘Programa de Fomento de las Energías Renovables’. Del mismo penden tres líneas y 18 medidas. La primera línea impulsa el desarrollo de las energías renovables, tanto para uso eléctrico como térmico. Escudero ha señalado que “aquí tenemos mucho terreno avanzado puesto que el 79 por ciento de nuestro mix energético ya proviene de energías renovables, aunque somos ambiciosos y con la aplicación del Plan queremos incrementarlo en más de 12.000 megavatios más, fundamentalmente de renovables, llegando a los 23.000 MW”. En la actualidad, la potencia eléctrica instalada en el mix regional es de 10.863 MW.

La segunda línea está destinada al fomento de los sistemas de autoconsumo y su objetivo es “multiplicar por quince” la potencia eléctrica instalada proveniente de este tipo de instalaciones sumando 1.763 MW más a los 113 MW actuales. “Es quizás uno de los más ambiciosos por lo que significa cara a la socialización de la energía y para fomentar la aparición de nuevas fórmulas colaborativas, como las comunidades energéticas”, ha dicho. La tercera línea busca reducir los gases de efecto invernadero como un efecto transversal de las dos anteriores.

Por último, este primer programa contiene 18 medidas a adoptar, entre ellas, dotar de instalaciones de autoconsumo a los edificios públicos de la administración; “en este punto también tenemos sentadas ya las bases, puesto que constituimos hace meses la ‘Comisión para la Sostenibilidad Energética del Sector Público’ con la participación de todos los departamentos y organismos autónomos; y ya hemos empezado a instalar fotovoltaicas de autoconsumo en nuestros edificios públicos”.

El segundo programa que integra el ‘Plan Estratégico para el Desarrollo Energético de Castilla-La Mancha Horizonte 2030’ es el de ‘Ahorro y Eficiencia Energética’ y se articula a través de tres grandes líneas en función de su objetivo. La primera de ellas es para promover el ahorro energético modificando los hábitos de consumo disminuyendo los no necesarios. La segunda promueve la eficiencia energética para mejorar prestaciones y confort. La tercera incentiva la diversificación, ampliando fuentes energéticas, especialmente renovables, para disminuir el grado de dependencia garantizando el abastecimiento.

A tal fin, estas líneas se desglosan en 24 medidas dirigidas a los sectores con mayor potencial de ahorro y eficiencia energética. En este ámbito cobra especial importancia la electrificación del transporte, actuando también en este programa el sector público regional de forma ejemplarizante en cuanto a la integración de vehículos eléctricos en sus flotas e infraestructuras de recarga en sus instalaciones.

El fraude eléctrico en Castilla-La Mancha supone un coste de más de 40 millones de euros anuales que asumen los clientes en su factura

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UFD, la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, ha intensificado su ofensiva contra el fraude eléctrico en Castilla-La Mancha, con el objetivo de prevenir el riesgo que suponen las conexiones ilegales para la seguridad de las personas, y para reducir el coste para el sistema eléctrico que, según la regulación vigente, asumen el resto de los clientes a través de su factura.

Este tipo de actuaciones ilegales pueden provocar incendios y otro tipo de accidentes, y ponen en riesgo tanto a la persona que las realiza, como a las que conviven con ella y a sus vecinos. Por ello, la compañía está inmersa en un plan para detectar y desconectar conexiones fraudulentas y manipulaciones de contadores en la Comunidad, y especialmente en la comarca de La Sagra.

Desde enero de 2021, UFD ha realizado en la provincia de Toledo cerca de 3.800 actuaciones, un tercio de la cuales corresponden a lo que llevamos de este año.

Asimismo, el fraude eléctrico representa un quebranto económico para el sistema eléctrico, ya que el coste de la energía defraudada recae en el conjunto de los usuarios, según la regulación vigente. La repercusión de este fraude en Castilla-La Mancha representa más de 40 millones de euros al año, lo que supone una media de 66 euros anuales por cada cliente que sí cumple con sus obligaciones de pago de la energía que consumen.

Durante los últimos días, directivos de UFD han explicado de primera mano esta campaña de lucha contra el fraude a las administraciones locales y regionales.

Las conexiones fraudulentas a la red de UFD crecieron un 28% entre 2008 y 2013, tras la irrupción de la crisis económica, y desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, esta práctica ha aumentado un 7,5%, un ritmo aún más elevado que en periodo citado.

Además del grave peligro y el perjuicio económico que entraña esta práctica, también incide negativamente en la calidad y continuidad del suministro de los clientes conectados legalmente.

La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito recogido en el artículo 255 del Código Penal. La legislación establece que las empresas distribuidoras tienen la función de detectar y poner en conocimiento de las autoridades y los clientes las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida, y las habilita a interrumpir el suministro cuando detecten situaciones anómalas.

La nueva planificación de la Red de Transporte para 2026 incluye el “eje transmanchego” que conectará Manzanares con Belinchón

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La  Planificación de la Red de Transporte de Electricidad 2021-2026, vinculante para Red Eléctrica, ha sido aprobada por el Gobierno tras su presentación en el Congreso de los Diputados con una inversión prevista de 6.964 millones de euros. En Castilla – La Mancha, la Planificación incluye importantes actuaciones de mallado de la red de transporte que permitirán la integración de nueva generación renovable.

También incluye actuaciones que completarán la alimentación de las líneas de alta velocidad proyectadas a su paso por la región: Madrid – Badajoz y Puertollano – Mérida. Entre los proyectos en Castilla – La Mancha de esta nueva Planificación destaca una serie de actuaciones que permitirán conectar e integrar nueva generación renovable de aquellas zonas de la región que cuentan con importante recursos eólicos y fotovoltaicos. Por un lado, el plan hará posible la primera fase del llamado ‘eje transmanchego’, que se desarrollará en las provincias de Ciudad Real, Albacete y Cuenca. Este proyecto consistirá en la construcción de una nueva línea de doble circuito en 400 kilovoltios (kV) que permitirá integrar nueva generación renovable y conectará Manzanares con Belinchón, incluyendo las nuevas subestaciones de Tomelloso, Manchega y Villar de Cañas.

Adicionalmente y más allá de 2026, esta primera fase se completará con el eje entre Manchega y Romica, que culminará la vertebración de la región. Hasta esa fecha, la Planificación aprobada permite dar los primeros pasos en la tramitación del proyecto. Con el mismo fin de potenciar la integración de generación renovable, se plantea la puesta en servicio de una nueva subestación en la provincia de Toledo, La Sagra 400/220 kV, así como la ampliación de la capacidad de distintos ejes: dos de 220 kV entre Picón-Aceca-Villaverde y Manzanares-Alarcos y dos de 400 kV que unen Belinchón con Morata y Minglanilla con Olmedilla.

En su conjunto, todas estas actuaciones impulsarán de manera significativa el proceso de transición ecológica en la región. Se estima que en un futuro facilitarán una integración adicional de renovables de más de 1.000 GWh al año. Este volumen, que representaría el 4,8 % de toda la producción fotovoltaica de la Península en 2021, podría aumentar significativamente a finales de esta década. De esta manera, se evitaría la emisión de más de 365 kilotoneladas de CO2 eq por anualidad.

El documento también planifica nuevas infraestructuras que completarán la alimentación de las líneas de alta velocidad proyectadas de Puertollano – Mérida y Madrid – Badajoz. En el primer caso, destaca la construcción de la nueva subestación en Ciudad Real, Almadén 400 kV. En el caso del segundo eje ferroviario, se alimentará gracias a la puesta en marcha, entre otras actuaciones, de una nueva subestación en la provincia de Toledo, Calera y Chozas 220 kV. Esta permitirá, además, la conexión de consumidores industriales que demandan importantes volúmenes de energía, impulsando así el desarrollo económico, industrial y social de la zona.

Por último, la Planificación 21-26 también incluye iniciativas para ampliar distintas subestaciones con el fin de reforzar la seguridad de suministro en zonas como Torrijos, Puertollano, Minglanilla y Villarobledo, facilitando a su vez la posible evacuación de generación de origen renovable. Destaca la ampliación de las subestaciones de Manchega 400 kV, Minglanilla 400 kV, Torrijos 220 kV y Puertollano 220 kV.

El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará casi 20 millones de euros al bono social térmico que beneficiará a más de 76.000 familias

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El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar casi 20 millones de euros, en concreto 18.913.709 millones, al bono social térmico para más de 76.000 familias de Castilla-La Mancha. Esto significa que no menos de 200.000 personas se beneficiaran de esta ayuda que oscilará entre los 128 y los 373 euros.

Estos casi 20 millones de euros suponen un incremento de un 136 por ciento respecto al año anterior, cuando se destinaron a este bono ocho millones de euros.

En cuanto a la cuantía de las ayudas, se calcula en base a la zona climática donde se encuentra cada familia y el grado de vulnerabilidad económica que presenta. Son beneficiarias del bono social térmico todas aquellas familias que ya lo eran del bono social eléctrico a 31 de diciembre de 2021. El bono social término es una de las medidas anunciadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha para paliar las consecuencias de la actual situación de subida de precios de la energía a la que tienen que hacer frente las familias.

Sus objetivos son compensar los gastos de suministro de energía para usos térmicos, como calefacción, agua caliente sanitaria o cocina; reducir el impacto de la subida de precios de la energía y, de esta manera, proteger a las familias más vulnerables.

La “pobreza energética” afecta a más de un 30% de los hogares de Castilla-La Mancha

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Las regiones españolas más afectadas por la pobreza energética son Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, tal y como se desprende de la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESSE), en su última actualización de 2020.

Este fenómeno estructural afecta a más de un 30% de los hogares en estas comunidades autónomas, frente al 25% de media que sufren pobreza energética o monetaria a nivel nacional. En el lado opuesto se sitúan Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Madrid y País Vasco, donde la incidencia de hogares afectados por la pobreza energética o monetaria oscila entre el 12% y el 20%.

“España tendría que invertir más de 13.000 millones de euros en la rehabilitación de su parque edificado para acabar con la pobreza energética”, ha afirmado Dolores Huerta, directora general de Green Building Council España (GBCe), con motivo de la semana de la lucha contra la pobreza energética, que se desarrolla entre el 17 y el 23 de febrero. En este sentido, Huerta ha destacado que, tal y como se recoge en la hoja de ruta del proyecto #BuildingLife, “la rehabilitación es la solución más efectiva y estructural a largo plazo”.

De ese 25% de hogares en pobreza energética o monetaria que tiene España de media, el 62% de los casos se dan en zonas urbanas y más del 60% aparecen en viviendas colectivas. Esto implica que la toma de decisiones sobre la realización de obras es más habitual como un proceso colectivo, en el que deben ponerse de acuerdo los diferentes propietarios del inmueble, con sus propias circunstancias económicas.

Según explica Dolores Huerta, esto hace que la rehabilitación sea más compleja en España, lo que condiciona la solicitud y concesión de ayudas públicas para la rehabilitación de edificios de viviendas colectivas, o la de los préstamos, pues estas comunidades de propietarios carecen de personalidad jurídica propia.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en su Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, esta se define como “la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”.

En este sentido, la dirigente de GBCe ha resaltado que esta estrategia rehabilitadora “permitirá a los edificios existentes aportar la habitabilidad socialmente necesaria en términos de confort, salud y accesibilidad”. Para lograr este objetivo, Huerta ha defendido la importancia de lograr un esfuerzo conjunto de todos los agentes involucrados y, especialmente, de los administradores de fincas: “Son fundamentales porque pueden hacer de nexo entre el sector y los pequeños propietarios, que representan un gran número de ciudadanos”, ha explicado.

La directora general de GBCe ha matizado que esto no es suficiente en el caso de hogares que sufren mayor vulnerabilidad, que “deben ser especialmente apoyados por los poderes públicos para asegurar una transición justa y reducir la pobreza energética”.

GBCe es una asociación que nace en 2008 para promover la transformación hacia un modelo sostenible del sector de la edificación. Pertenece a la red internacional de World Green Building Council (WorldGBC), presente en más de 70 países y con 36.000 miembros que representan a diversos agentes del sector.