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El Gobierno convoca la primera subasta de energía renovable con el nuevo marco retributivo
La publicación de la primera resolución culmina el proceso normativo que permitirá ofrecer un marco estable a la inversión en renovables y trasladar a los consumidores los ahorros derivados de la implantación de las nuevas instalaciones renovables
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha aprobado la primera resolución de convocatoria de subastas de energía renovables con el nuevo marco retributivo. Con esta resolución, que se publicó el pasado 12 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se culmina el proceso normativo para ofrecer un marco estable que atraiga la inversión y fomente la actividad económica en toda la cadena de valor de las energías renovables del país en un escenario de recuperación tras la crisis sanitaria, al tiempo que permite que los consumidores se beneficien de manera directa de las reducciones de costes de generación de estas tecnologías.
La apertura del plazo para la entrega de documentación se inició el lunes 15 de diciembre de 2020 y la primera subasta se celebrará el próximo 26 de enero de 2021. Se establece un cupo objetivo de 3.000 MW, de los cuales al menos 1.000 MW se destinarán a tecnología fotovoltaica y otros 1.000 MW a eólica terrestres, quedando el resto de potencia a subastar sin restricción tecnológica.
Podrán participar en la subasta las instalaciones nuevas o ampliaciones de instalaciones existentes que estén situadas en el sistema eléctrico peninsular y cuyo sistema de almacenamiento, en caso de disponer de él, sea empleado exclusivamente para almacenar la energía producida en la instalación.
El inicio del calendario de subastas con el nuevo Régimen Económico de Energías Renovable resulta indispensable para cumplir con los compromisos de descarbonización que España ha adquirido en el Acuerdo de París y como Estado miembro de la Unión Europea. Estos compromisos han sido trasladados al Plan Nacional Integrado de Energía Clima (PNIEC) 2021-2030, que prevé la instalación de en torno a 60GW renovables en la próxima década y que incluye, entre sus medidas, el desarrollo de este tipo de subastas.
Este mecanismo de subastas es, por tanto, complementario a otros instrumentos de impulso, como pueden ser las líneas de ayuda a la inversión en renovables financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ejecutadas por el Instituto para Diversificación y Ahorro de la Energía, o las garantías públicas para los contratos de suministro de energía eléctrica a medio y largo plazo (PPAs).
Características de la subasta
Con el objetivo de optimizar la integración de renovables en el sistema y maximizar el ahorro para la factura eléctrica, se establece que el precio percibido por las instalaciones se obtendrá a partir del precio resultado de la subasta corregido con cierta exposición a mercado. La resolución establece el porcentaje de ajuste de mercado en un 25% para las tecnologías con capacidad de gestión de su nivel de producción y en un 5% para las que no dispongan de dicha capacidad.
El plazo máximo de entrega de la energía comprometida es de 12 años para las tecnologías fotovoltaica, solar termoeléctrica, eólica terrestres y marina e hidroeléctrica y de 15 años para las tecnologías de biomasa, biogás y biolíquidos.
Las pujas se realizarán sobre el precio que se exige por la energía producida y el volumen de producto adjudicado a una misma empresa o grupo empresarial no podrá ser superior al 50% del cupo del producto (1.500 MW).
La resolución establece la obligatoriedad de que los participantes en la subasta presenten un plan estratégico con estimaciones de impacto sobre el empleo local y las oportunidades para la cadena de valor industrial local, regional y nacional, así como, en el ámbito de la economía circular, las medidas contempladas en relación con el tratamiento de los equipos al final de su vida útil y el análisis de la huella de carbono durante el ciclo de vida útil de las instalaciones.
Las empresas renovables piden “clarificar la rentabilidad” de la nueva subasta para no generar más incertidumbre
La Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA denuncia la precipitación, ausencia de consenso y falta de planificación de la próxima subasta renovable. “Una subasta que perpetúa la inseguridad jurídica incluso para los proyectos que aún no se han presentado, pues la “rentabilidad razonable” no tendrá un valor fijo a lo largo de la vida útil de los mismos. La variabilidad de un parámetro tan importante viene a sumarse a la innecesaria complejidad de la subasta”, asegura.
Según APPA, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha desoído la experiencia del sector renovable y ha apostado por una subasta que exclusivamente valora el coste para el sistema independientemente de la tecnología, creando de esta manera una falsa sensación de “neutralidad tecnológica”. Al no contemplar las diferentes características de las fuentes renovables y no establecer subastas específicas por tecnologías, el Ministerio obvia importantes beneficios de un mix renovable diversificado, como pueden ser la seguridad de suministro, la gestionabilidad de la producción o el desarrollo armonizado del sector renovable.
España es un país privilegiado en cuanto a sus recursos renovables y este sistema de subastas dificulta un óptimo aprovechamiento de estas energías limpias y autóctonas. La subasta, de una complejidad innecesaria, genera aún más incertidumbre al sector renovable al establecer una “rentabilidad razonable” que no se mantiene fija a lo largo del tiempo.
“No se pide una rentabilidad mayor o menor, lo que se pide es que se clarifique cuál va a ser esa rentabilidad para que las empresas puedan tomar la decisión correspondiente y ejecutar las inversiones con la información más completa posible”, explica José Miguel Villarig, presidente de APPA.
Tras una moratoria que ha durado cinco años, en la que España ha perdido su posición de liderazgo en el sector renovable internacional, la subasta de 2017 se compone de 4 textos que han hecho complicado su seguimiento (RD 359, Orden ETU/315 y las Resoluciones 4094 y 4095).
Este hecho, sumado a la “cláusula confidencial” de la Resolución 4094 dota de oscurantismo a una subasta especialmente compleja. Si el Ministerio opta por valorar únicamente el precio de la energía, debería hacerlo de una manera más sencilla. La subasta realiza una compleja valoración de la inversión realizada, las horas previstas de producción y la potencia, algo que complica de forma innecesaria el proceso.
“Este mecanismo tan complejo responde, de nuevo, a la improvisación a la que tristemente nos hemos acostumbrado en el sector renovable”, reflexiona Villarig, “escoger el precio como principal variable es potestad del legislador, pero no se entiende cuál es la razón de complicar toda la subasta sin necesidad”.
Castilla-La Mancha mira con optimismo la próxima subasta de renovables por su mix eólico-fotovoltaico
Todo el sector renovable española está pendiente de una fecha en el calendario: el próximo 17 de mayo. Es cuando está prevista la subasta de 3000 Mw de potencia por parte del Ministerio de Industria (2.000 Mw fijos con una opción de ampliación de 1.000 Mw más).
Una subasta que ha levantado fuertes críticas de las distintas asociaciones empresariales del sector y sobre todo la de diferentes tipos de energías. Entre ellas la fotovoltaica por creer que el actual modelo de subasta les perjudica.
El modelo de subasta de energías renovables diseñado por el Gobierno español presenta una importante asimetría entre las tecnologías que pueden competir, al basarse principalmente en el criterio de las horas equivalentes de funcionamiento.
Una jornada organizada por la Unión Española Fotovoltaica sobre “Las posibilidades de la fotovoltaica en la próxima subasta” ha analizado el futuro de esta energía en la próxima subasta. Desde la UNEF consideran que el criterio de adjudicación más importante debería ser el precio ofertado por kWh producido. Y también critican el denominado modelo marginalista porque podría facilitar ofertas temerarias y a sobre-retribuciones.
En el caso de Castilla-La Mancha, al tratarse de una comunidad que figura entre las tres más importantes de España en producción tanto de energía eólica como de fotovoltaica, sus intereses de cara a la próxima subasta están divididos.
La propia Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) asegura que existe una asimetría tecnológica al marcar números dispares de horas equivalentes: 2.367 para la fotovoltaica y 2.800 para la eólica. Según los cálculos de la Comisión, en el caso de la fotovoltaica, solo el 2,4% de la potencia instalada supera las 2.367 horas equivalentes de la Orden.
Varios de los expertos presentes en las Jornadas han destacado que la variación de la rentabilidad razonable en los proyectos que resulten adjudicatarios de las subastas supone un riesgo adicional para las entidades que quieran acometer su financiación.
Ilustración: J.C. Florentino
Energía de Castilla-La Mancha 