El MITECO destina 274 millones a cuatro nuevos proyectos para producir H2 renovable, dos de ellos en Villarrobledo y Puertollano
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha asignado 274,2 millones de euros del mecanismo de subastas como servicio (AaaS) para financiar la producción de hidrógeno renovable a cuatro proyectos ubicados en Castilla-La Mancha (2), Galicia y Aragón, que suman una potencia de electrolisis de 102,27 MW.
Gracias a estas iniciativas, las empresas beneficiarias sustituirán la energía fósil por hidrógeno generado a partir de electricidad renovable, eliminando las emisiones de CO2. Un nuevo paso hacia la descarbonización de la industria española que permitirá, asimismo, reforzar la autonomía energética del país y reducir el consumo.
Los proyectos habían sido seleccionados en la tercera subasta general del Banco Europeo del Hidrógeno (IF25), pero quedaron fuera de las ayudas de Bruselas al superar el presupuesto comunitario habilitado. Para rescatar estas actuaciones, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entidad adscrita al MITECO, activó el pasado mes de mayo la segunda convocatoria nacional de subastas como servicio (AaaS), dotada con un presupuesto máximo de 440,5 millones de euros con fondos europeos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
La selección de los proyectos se ha efectuado respetando el orden de puntuación fijado por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA). Por provincias, las iniciativas se localizan en A Coruña, Albacete (Doña Urraca Energy en Villarobledo), Ciudad Real (Repsol Renewable en Puertollano) y Zaragoza:
En los cuatro casos, los proyectos cuentan ya con la correspondiente resolución definitiva del IDAE otorgando la ayuda.
Los incentivos de las subastas como servicio se estructuran como subvenciones al hidrógeno producido y certificado como cien por cien renovable –RFNBO, según la Directiva de Energía Renovable–, por un período máximo de 10 años desde el inicio de operación, en proyectos que respeten el principio de no ocasionar un daño significativo al medio ambiente (DNSH) en todas sus fases.
En la primera subasta como servicio española resultaron beneficiarios otros tres proyectos españoles transferidos del mecanismo general del Banco Europeo del Hidrógeno: ‘Orange-Bat’ de SmartEnergy, en Onda (Castellón); ‘ELYSENeM-Numancia’ en Garray (Soria) y ‘ACCIONA PLUG Valle H2V NAVARRA en la localidad navarra de Sangüesa, con un total de 220,02 millones de euros en incentivos.
Esta nueva convocatoria de ámbito nacional se enmarca en la estrategia del Gobierno para impulsar el hidrógeno renovable como una tecnología esencial para avanzar en la descarbonización de la industria, el transporte pesado y otros sectores con mayores dificultades para reducir sus emisiones. Asimismo, refuerza el despliegue del PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento (ERHA).
Con estas ayudas, unidas a las de programas como H2 Pioneros, H2 Cadena de Valor, H2 Valles y varias oleadas de IPCEI (Proyecto Importante de Interés Común Europeo) son ya casi 3.000 millones los fondos del PRTR repartidos por IDAE al capítulo del H2 verde, clave en el proceso de descarbonización y en la creación de un completo ecosistema tecnológico e industrial asociado, según lo previsto en la Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Castilla-La Mancha logra subvenciones del MITECO para 4 proyectos de redes de calor y frío
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha asignado 42,8 millones de euros provenientes de fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a 36 proyectos enmarcados en la segunda convocatoria del Programa de Incentivos para Redes de Calor y Frío (RENORED 2), cuya resolución definitiva puede consultarse aquí, con el objetivo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector residencial y de infraestructuras públicas.
Con esta nueva convocatoria de RENORED, se impulsarán 17 nuevas redes de calor y 19 ampliaciones de otras ya existentes de titularidad tanto pública como privada, que supondrán una inversión de 210 millones. En total, los proyectos suman 252,1 MW de potencia térmica y conseguirán un ahorro de 12.600 tCO2/año, contribuyendo a la descarbonización del país.
-Biomasa. La mayoría de los expedientes seleccionados optan por la biomasa como fuente de energía, con 24 proyectos, pero también hay redes alimentadas por geotermia (6), aerotermia (3), hidrotermia (2) o energía solar (1), cubriendo casi todas las fuentes de energía renovable.
Por regiones, Castilla y León, con gran tradición en este tipo de redes, es la que cuenta con mayor número de proyectos seleccionados (10). Le siguen Cataluña (8), Castilla-La Mancha y Galicia (4), Principado de Asturias (3), País Vasco y Navarra (2), y Andalucía, Aragón y Comunidad de Madrid (1).
En la selección de proyectos por concurrencia competitiva, se han primado las iniciativas impulsadas por pymes, ubicadas en zonas de reto demográfico y transición justa y las que incluyen suministro de calor a barrios vulnerables.
Las ayudas serán percibidas por los beneficiarios con carácter definitivo una vez se verifique la ejecución del proyecto y se certifique la inversión, si bien cabe la posibilidad de solicitar anticipos de hasta el 80% del total.
-Menor dependencia. La convocatoria, que forma parte de la componente 31, «Capítulo REPowerEU», del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), contribuirá a conseguir los objetivos de mejora de la eficiencia energética y la utilización de las energías renovables establecidos en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC). Su consecución requiere reducir paulatinamente la demanda energética de los edificios e infraestructuras públicas, reducir la dependencia de combustibles fósiles, introducir tecnologías de alta eficiencia energética, así como fomentar las energías de origen renovable y el autoconsumo.
Se trata de la segunda convocatoria de estas características, después de que se concedieran 34 millones para 20 proyectos en su primera edición.
El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa, junto a la UCLM, formación cualificada para crear y gestionar comunidades energéticas en la región
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en valor el impulso que está dando a la formación específica y cualificada “destinada a formar especialistas en la creación y gestión de comunidades energéticas”. Así lo ha destacado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quién ha hecho un balance “muy positivo”, del primer curso de ‘Microcredencial en Gestión de Comunidades Energéticas’, que ha llevado a cabo el Ejecutivo autonómico de la mano de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Como ha señalado, la formación impartida “ha abordado desde el marco jurídico y técnico, hasta los aspectos económicos, sociales y de gobernanza, todos ellos necesarios para la creación de una comunidad energética”.
Impartido por la profesora titulada en Economía Aplicada de la UCLM, María Jesús Ruiz, y subvencionado en un 70% por la Junta de Comunidades, el curso especializado ha contado con 23 matriculados, “con un perfil altamente cualificado”, ha señalado la consejera, quién ha valorado que la Universidad le haya trasladado el creciente de su alumnado para “adquirir competencias que les permita liderar proyectos de transición energética como son las comunidades energéticas”.
Dada la gran acogida y los notables resultados, la consejera ha anunciado que “el año que viene volveremos a repetir con esta iniciativa junto a la Universidad, ya que consideramos que tanto particulares, como asociaciones, comunidades de vecinos, o administraciones como puedan ser los ayuntamientos, van a necesitar de profesionales formados para asesórales en la creación de las comunidades energéticas”.
Gómez, que ha estado acompañada junto a la profesora del microcredencial, del director de Transición Energética, Alipio García, ha señalado que las actuaciones para impulsar estas nuevas fórmulas asociativas están alineadas con los compromisos que ha adquirido el presidente García-Page en el programa de Gobierno de la Comunidad Autónoma “para que la ciudadanía de la región pueda beneficiarse del liderazgo de Castilla-La Mancha en la implantación de las energías renovables, facilitándoles el acceso a una energía limpia con tarifas más asequibles, que permite ahorrar a la vez que contribuimos a la descarbonización del sistema”.
Y ha concluido recordando que Castilla-La Mancha, que cuenta ya con 56 comunidades energéticas en diferentes fases de desarrollo de las 837 que hay en el país, va a poner a disposición de los interesados a lo largo del mes de julio una línea de ayudas 10,6 millones de euros cofinanciada con fondos FEDER dirigida al fomento de la construcción de instalaciones de generación renovable para comunidades energéticas y comunidades de propietarios.
Un equipo de investigación de la UCLM transforma huesos de aceituna en catalizadores para producir metano a partir de CO₂
@Gabinete de Comunicación de UCLM
Un estudio liderado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) evidencia que los huesos de aceituna pueden transformarse en catalizadores eficientes para convertir CO₂ en metano, un avance que abre nuevas vías para almacenar energía renovable y valorizar residuos agrícolas en un contexto de economía circular.
La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) avanza en el desarrollo de tecnologías sostenibles para la transición energética mediante el uso de residuos agrícolas. El laboratorio de Catálisis y Materiales (grupo TEQUIMA), en el que se encuentra la investigadora predoctoral Alba Villardón Pérez, ha demostrado que los huesos de aceituna, abundantes en el ámbito mediterráneo, pueden convertirse en materiales avanzados capaces de transformar dióxido de carbono (CO₂) en gas natural sintético.
El estudio, publicado en la revista Energy Conversion and Management: X, explora la síntesis de hidrochar, un material sólido rico en carbono obtenido a través de la carbonización hidrotermal (HTC), es decir, el proceso termoquímico que imita la formación natural del carbón procesando biomasa húmeda. Este hidrochar, obtenido a partir de huesos de aceituna, se combina con activación química empleando cloruros de zinc y hierro, y su integración en sistemas catalíticos basados en níquel para la metanación de CO₂.
La investigación muestra que la combinación de níquel y hierro produce un efecto sinérgico clave. Los catalizadores híbridos alcanzan conversiones de CO₂ del 46 % y una selectividad hacia metano del 93 %, como consecuencia de una mayor reducibilidad, una mejor dispersión de las nanopartículas y propiedades estructurales optimizadas.
Desde el punto de vista energético, la metanación del CO₂ constituye una tecnología estratégica dentro del concepto Power to Gas, ya que permite almacenar energía renovable en forma de gas. Este metano sintético puede integrarse en la red de gas natural, almacenarse durante largos periodos y utilizarse cuando sea necesario, contribuyendo a estabilizar sistemas eléctricos dependientes de fuentes intermitentes como el sol y el viento.
El trabajo también destaca por su contribución a la economía circular. La reutilización de huesos de aceituna, un residuo generado en grandes cantidades por la industria oleícola, refuerza el valor añadido de esta tecnología, al tiempo que reduce emisiones y dependencia de materias primas críticas.
En un contexto de incertidumbre energética internacional, la investigación subraya el potencial de elementos abundantes y accesibles como el hierro y el zinc para el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles. La utilización de estos metales frente a otros más escasos o costosos favorece la viabilidad futura de tecnologías basadas en la valorización del CO₂.
El RDL 7/2026 no solo acelera trámites, también empieza a poner condiciones a los grandes consumidores
Texto:
Ángel Carlos Bernáldez Rodríguez
Director de la Unidad de Energía / Arram Consultores SL
El sábado 21 de marzo de 2026 entró en vigor el Real Decreto-ley 7/2026, una reforma que cambia buena parte de las reglas del acceso a la red eléctrica en España. No se trata de un ajuste menor: afecta a permisos ya concedidos, introduce plazos y figuras administrativas nuevas, y aborda por primera vez de forma explícita el fenómeno de los centros de datos como grandes consumidores eléctricos. Para entender su alcance, hablamos con el Grupo de Trabajo interno que ARRAM ha constituido para analizar la norma y trasladar sus implicaciones a clientes y proyectos.
¿Por qué esta norma merece tanta atención?
Porque no es un simple ajuste técnico. El RDL 7/2026 toca aspectos que afectan a permisos ya concedidos, no solo a proyectos futuros. Introduce plazos de caducidad más exigentes, crea figuras administrativas nuevas —las Zonas de Aceleración Renovable, el Sello de Excelencia Territorial, los proyectos energéticos preferentes— y, por primera vez de forma explícita, aborda a los centros de datos como consumidores eléctricos de gran escala. Quien tenga un proyecto renovable en tramitación, un permiso de acceso solicitado, o gestione infraestructura intensiva en electricidad, tiene motivos para leerla con detalle, y cuanto antes mejor, porque algunos plazos ya están corriendo.
¿Cuál es el diagnóstico de fondo que hace la propia norma?
La exposición de motivos es bastante directa: España ha recibido un volumen de solicitudes de acceso —muy especialmente de centros de datos— que supera con creces las previsiones de despliegue del PNIEC. El problema es que, si ese consumo se materializa sin un desarrollo proporcional de nueva generación renovable, el resultado es previsible: más recurso al gas natural en un contexto de mercados ya tensionados, encarecimiento de la electricidad para el conjunto de los consumidores, y un freno a la electrificación que la propia norma dice querer impulsar. El propio texto legal menciona explícitamente el contexto del conflicto en Oriente Próximo y su impacto sobre los mercados energéticos como parte de la urgencia que justifica esta reforma.
¿Resuelve el RDL 7/2026 esa tensión entre acelerar y controlar?
En muchas ocasiones anteriores se ha intentado corregir el crecimiento desmesurado, especialmente en el ámbito de las instalaciones de generación. Se implementaron obligaciones de depositar garantías, que nunca llegaron a ser disuasorias al desarrollo; se ha bloqueado el acceso a red con concursos, cuyas bases generales no han llegado a publicarse salvo casos muy concretos…
Se aprecia que en el RDl hay dos lógicas que en ocasiones chocan entre sí: acelerar y ordenar. Acelera trámites, autorizaciones y repotenciación, reduciendo plazos y digitalizando procesos que antes eran puramente manuales. Pero al mismo tiempo ordena: introduce nuevos requisitos, pagos por capacidad, hitos de «prueba de vida» para los permisos —de forma que solo avancen los proyectos con voluntad real de ejecutarse—, y criterios de sostenibilidad para los grandes consumidores.
No es solo una norma de agilización administrativa, como podría parecer a primera vista leyendo el título.
Si tuviera que resumir la reforma en unos pocos bloques, ¿cómo lo haría?
Nosotros la leemos en cuatro grandes ejes, que iremos desarrollando en los próximos artículos de esta serie. El primero es procedimientos, plazos y autorizaciones: transparencia de capacidades de red, la prestación por reserva de capacidad de acceso, el contenido y caducidad de los permisos de demanda, y las Zonas de Aceleración Renovable como mecanismo para concentrar tramitación y mitigación ambiental en áreas ya identificadas. El segundo eje son las condiciones técnicas y de conexión: refuerzo de la participación pública en grandes instalaciones, el Estándar de Excelencia Social y Territorial, la tramitación preferente de proyectos energéticos, y la optimización de los procedimientos de repotenciación. El tercero, que probablemente es el que más titulares está generando, son los centros de datos y grandes consumidores. Y el cuarto son las medidas transversales: evacuación compartida, hitos de permisos ya otorgados, los nuevos Proyectos Estratégicos de Inversión, el Comité de Inversiones Estratégicas, y medidas de apoyo industrial y fiscal que acompañan toda la reforma eléctrica.
¿Qué papel juegan los centros de datos en todo esto?
Un papel central, la verdad. Los permisos de acceso ya concedidos a proyectos de centros de datos superan varias veces las estimaciones de despliegue previstas para los próximos años. Eso ha encendido una alarma: si esa demanda se conecta sin generación renovable equivalente, hay un doble perjuicio, según reconoce la propia norma —mayor consumo de gas natural y mayor coste eléctrico para todos—. Por eso la disposición adicional primera obliga, en esencia, a equilibrar los nuevos consumos de los CPD con generación renovable asociada, mediante un desarrollo reglamentario posterior que definirá criterios de adicionalidad, correlación horaria, eficiencia energética, uso del agua y contribución a la soberanía digital.
¿Qué pasa si un centro de datos no cumple esos requisitos, una vez se aprueben?
Ahí está la parte que más debería llamar la atención del sector: el incumplimiento no es una cuestión meramente formal. La norma habilita la pérdida de los permisos de acceso y conexión, además de posibles penalizaciones, en los términos que se determinen reglamentariamente. Y estos requisitos no se aplican solo a los proyectos nuevos: también resultan de aplicación a los centros de datos que se conecten con posterioridad a la entrada en vigor del real decreto de desarrollo que los concrete. Es una señal clara de que el acceso a la red ya no se va a conceder como hasta ahora para este tipo de infraestructuras.
¿Cuáles son los plazos que un promotor o consumidor debería tener ya marcados en el calendario?
Hay varios hitos relevantes en los primeros meses de vigencia de la norma. Durante los tres primeros meses, los titulares de permisos de acceso y conexión de demanda pueden renunciar a ellos sin ejecución de las garantías económicas depositadas, o reducir su capacidad solicitada en más de un 50% sin perder la antigüedad del permiso. A los cuatro meses, los gestores de red deben remitir a la Administración la relación de nudos y capacidades liberadas, que después se publican para abrir un nuevo periodo de solicitudes. Y en paralelo corren los plazos del desarrollo reglamentario de la disposición adicional primera, que es el que fijará en detalle los requisitos aplicables a los centros de datos.
¿Y qué viene ahora, en las próximas entregas de esta serie?
Vamos a entrar en el detalle de cada bloque. El siguiente artículo estará dedicado al desarrollo de renovables: Zonas de Aceleración Renovable, repotenciación y el Sello de Excelencia, y qué cambia concretamente para quien promueve proyectos de generación y almacenamiento. Después iremos con las solicitudes de acceso para demanda —los nuevos hitos, la prestación por reserva de capacidad y el acceso flexible—, seguido de un artículo específico sobre centros de datos, y cerraremos con otras materias de interés que también forman parte de la reforma, como los Proyectos Estratégicos de Inversión.
Para cerrar, ¿cuál sería el mensaje principal para quien esté leyendo esto por primera vez?
Que el RDL 7/2026 no se limita a acelerar trámites. Cambia los condicionantes de quien solicita acceso a la red, exige más compromiso en los proyectos, y empieza a poner condiciones reales a los grandes consumidores eléctricos. Entenderlo bien —y a tiempo— va a marcar la diferencia entre quienes se adapten con margen y quienes lo hagan sobre la marcha. Por eso hemos querido empezar esta serie con una visión de conjunto, antes de entrar en el detalle técnico de cada materia.
Una última cuestión: el RDL ya está en vigor, pero ¿está todo ya cerrado, o queda letra por escribir?
Queda bastante letra por escribir, y es importante tenerlo presente. El RDL 7/2026 es un real decreto-ley, con vigencia inmediata, pero remite a numerosos desarrollos reglamentarios posteriores —reales decretos, órdenes ministeriales, resoluciones y normas técnicas— que todavía deben aprobarse y que en muchos casos determinarán el detalle práctico de aplicación. Es una foto fija de la norma a día de hoy; conviene seguir de cerca cada uno de estos desarrollos, porque ahí es donde se concretará buena parte de lo que hoy queda en términos generales. Entre los más relevantes que hemos identificado:
- Requisitos de sostenibilidad para centros de datos (DA 1ª). El propio texto remite a un futuro real decreto del Consejo de Ministros para fijar los criterios de adicionalidad, correlación horaria, eficiencia energética, uso del agua y contribución a la soberanía digital exigibles a los CPD, así como el régimen de penalizaciones por incumplimiento. Sin este desarrollo, la disposición adicional primera define el «qué» pero todavía no el «cómo».
- Estándar de Excelencia Social y Territorial (art. 20 y DA 15ª). Su regulación definitiva corresponde a una orden ministerial del MITECO, que además podrá apoyarse en normas técnicas elaboradas por el organismo nacional de normalización y en mecanismos de acreditación por terceros. Lo mismo ocurre con el sello de excelencia social, territorial y ambiental vinculado al biometano (art. 26).
- Zonas de sensibilidad ambiental baja (art. 21.2.b). Su delimitación, necesaria para que un proyecto pueda acogerse a la tramitación preferente por esta vía, queda remitida a una orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico todavía pendiente de aprobación.
- Régimen de permisos para actuaciones urbanísticas (DT 2ª y art. 11.8). Hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario específico, se aplica con carácter transitorio la caducidad a los cinco años prevista en la propia disposición; el marco definitivo, incluyendo posibles hitos de caducidad propios, se remite a un futuro real decreto del Consejo de Ministros.
- Comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía (DF 17ª). El Gobierno tiene un plazo de tres meses desde la entrada en vigor del RDL 7/2026 para aprobar el real decreto que las desarrolle reglamentariamente, plazo que ya está corriendo.
- Acceso flexible a las redes de distribución (DT 6ª). Las modalidades concretas de este nuevo régimen de acceso corresponde establecerlas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de cuya aprobación depende además el cómputo de los plazos de adaptación previstos para las instalaciones de almacenamiento.
Iremos siguiendo la publicación de cada uno de estos desarrollos a medida que avance esta serie, porque son, en la práctica, los que terminarán de definir el alcance real de la reforma para cada proyecto.
Castilla-La Mancha urge al Gobierno a invertir en la red y a poder usar su energía ante el riesgo de «estrangular» su economía
El Gobierno regional ha solicitado al Estado que aceleré la aprobación definitiva de la nueva Planificación Eléctrica, “ya que Castilla-La Mancha está viendo frenada, por falta de capacidad eléctrica, su desarrollo industrial y de vivienda, así como proyectos relacionados con un vector como el hidrógeno o la instalación de centros de datos, con lo que esto supone socioeconómicamente para la región”.
Así lo ha destacado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante la rueda de prensa celebrada el pasado 14 de julio en la que ha dado cuenta de los “estrangulamientos” que han constatado los técnicos de la Consejería y que no solucionan el borrador de la Planificación Eléctrica 2025-2030 sobre el que trabaja el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y que, tal y como ha informado al Consejo de Gobierno, “no recoge las infraestructuras que demandamos para que fueran incluidas en la Planificación de la red eléctrica de transporte y distribución con el objetivo de garantizar las necesidades eléctricas de Castilla-La Mancha”.
En este punto, Gómez ha recordado que Castilla-La Mancha necesita que la planificación definitiva incluya los 6.000 megavatios que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha identificado como necesarios para garantizar al menos 16 proyectos estratégicos que tenemos sobre la mesa, “más los que puedan llegar a futuro”.
Al respecto, ha recalcado que este borrador no refleja el esfuerzo que llevan a cabo como Gobierno en la apuesta por las energías renovables: “es un sin sentido, que, según datos de esta misma semana, volvamos a batir el récord de potencia instalada en la región, con 18.233 megavatios, de los cuales el 87% procede de fuentes renovables, muy por encima de la media nacional, y que esa energía que generamos no pueda ser utilizada para nuestros desarrollos por falta de infraestructuras”.
En este contexto ha vuelto a incidir en el mandato del presidente García-Page, “que tiene claro que el siguiente paso que debemos dar es que esa energía limpia, más económica y que nos ayuda a descarbonizar el sistema debe repercutir en lo local, es decir, en nuestros ciudadanos, empresas y administraciones, que deben tener acceso a la misma”.
Para ello, “necesitamos que cada administración ponga de su parte en las competencias que les corresponden. El Estado facilitando las infraestructuras y nosotros, desde la Comunidad Autónoma, impulsando a través de asesoramiento gratuito y diferentes ayudas económicas que esa socialización de la energía renovable que generamos sea efectiva”.
La mayor demanda eléctrica proviene del desarrollo industrial y de vivienda
Gómez, durante su intervención ante los medios ha informado que la mayor demanda de la energía eléctrica en la región proviene del desarrollo industrial y de vivienda, puesto que “tenemos un crecimiento sostenido en ambos casos que duplica el indicador nacional en el indicador residencial y que está muy por encima de la media en el caso del indicador industrial, un denominador común que comprobamos en el análisis pormenorizado en las cinco provincias”.
Además, ha señalado que en lo que se refiere a los indicadores nacionales del crecimiento coyuntural de mercados como el del hidrógeno y el de los centros de datos, “Castilla-La Mancha no ve reflejada la planificación en la afección que esperamos vayan a tener estos dos desarrollos en nuestra comunidad”.
Como ha detallado, las conexiones concedidas desde la Red de distribución de hidrógeno sólo tienen impacto en las provincias de Albacete y Toledo, “y necesitamos atender las solicitudes de todas las provincias”.
Sobre la recarga de vehículos eléctricos, también ha criticado que, de forma homogénea, en las cinco provincias, “consideramos que se está viendo frenada por la falta de potencia en las redes de distribución”, ha dicho.
La titular de Desarrollo Sostenible también ha puesto en valor que desde el Gobierno regional han creado un sistema “que mes a mes actualiza los datos de potencia disponible en las redes de transporte y distribución para que los departamentos de la Junta de Comunidades puedan valorar y asesorar sobre la viabilidad de los proyectos que se presenten, dando alternativas si es necesario”, pero la clave para su implantación y desarrollo “está en poder contar con la energía que necesiten y que generamos, por eso vuelvo a incidir en la necesidad de aprobar cuanto antes la Planificación Eléctrica y que esta incluya todas las infraestructuras que hemos demandado al Ministerio”.
MITECO concede 1,26 millones de euros de subvención a una fotovoltaica con almacenamiento en la industria de ladrillos “La Paloma” en Pantoja
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha otorgado 20 millones de euros provenientes de fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a 11 proyectos, enmarcados en la segunda convocatoria del programa RENOCOGEN 2, para sustituir los combustibles fósiles por renovables en plantas de cogeneración, según recoge la resolución definitiva que puede consultarse aquí.
Uno de los proyectos seleccionados, el único en Castilla-La Mancha ha sido la planta fotovoltaica La Paloma II, en la industria de ladrillos de dicho nombre, en la localidad toledana de Pantoja, con almacenamiento incorporado. La potencia instalada será de 2.310 KW y la subvención aprobada de 1,26 millones de euros.
El objetivo de esta línea de ayudas, la segunda de sus características es favorecer la autonomía estratégica y energética del sistema y reducir costes y dependencia de los combustibles fósiles en la industria. De este modo, se estima que la convocatoria repercutirá en un ahorro de más de 34 millones en el sistema eléctrico, lo que supone una ratio de ahorro respecto al coste de las ayudas de 1,7 euros por cada euro invertido.
Asimismo, a través de estos proyectos se incentivará la instalación de 21,3 MW de potencia eléctrica, y 17,3 MW de potencia térmica producidos con renovables.
La mayoría de los expedientes seleccionados optan por la solar fotovoltaica (8) como fuente energética de reemplazo de los combustibles fósiles. Otros dos proyectos se han decantado por el uso de biomasa y el proyecto restante elige una combinación de fotovoltaica e hidrotermia como vector energético de sustitución.
Por regiones, Navarra es la que cuenta con mayor número de proyectos seleccionados (3), mientras que Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y País Vasco cuentan con un proyecto cada una. Las actividades de los proyectos seleccionados abarcan desde la industria papelera, la de pieles y curtidos, la industria ladrillera, el sector de la alimentación, el de tratamiento de residuos, la minería y la ganadería.
El impulso a la producción eléctrica y térmica renovable reportará igualmente importantes beneficios socioeconómicos para las comunidades locales en términos de empleo y tejido industrial, y supondrá una reducción de las emisiones de CO2. Contribuirá de esta manera a la descarbonización de la economía, en la línea con lo establecido en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), la hoja de ruta española en esta materia hasta 2030.
UNEF y la Junta de Castilla-La Mancha promueven la participación de los municipios en las comunidades energéticas en una jornada en Toledo
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y el Gobierno de Castilla-La Mancha han celebrado en la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo un curso formativo gratuito dirigido a los ayuntamientos, entidades locales, comunidades energéticas y Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC) para analizar e impulsar el papel de los ayuntamientos y municipios como agentes clave de la transición energética local.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado la oportunidad que representan las comunidades energéticas para que ayuntamientos y entidades locales tengan acceso a una energía económica y limpia gracias a estas nuevas fórmulas asociativas “que no sólo son una oportunidad de ahorro para las arcas municipales y por tanto, para sus vecinos, si no también, nuevas herramientas de socialización que fortalecen la participación ciudadana y la dinamización socioeconómicamente de los municipios”.
Así lo ha afirmado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez durante la inauguración de la jornada, en la que ha puesto en valor el crecimiento exponencial de las comunidades energéticas en Castilla-La Mancha, “con 56 en diferentes fases de desarrollo de las 837 iniciativas que hay de este tipo en todo el país”, recordando que ya cuentan con casos de éxito “como los las comunidades energéticas del casco histórico de Toledo, y del municipio de Ballesteros de Calatrava, o las impulsadas por Adesiman (Federación para el Desarrollo de la Sierra y Mancha Conquense), “que hemos reconocido con diferentes premios regionales de Medio Ambiente recientemente”.
Para fomentarlas, ha recordado que el Ejecutivo ofrece divulgación, financiación, formación y asesoramiento gratuito a través de la Oficina de asesoramiento energético, con cursos especializados para futuros gestores con la UCLM, o con una línea de ayudas de 10,6 millones de euros que estará a disposición de los interesados a lo largo de este mes de julio.
José Donoso, director general de UNEF, ha destacado que “las comunidades energéticas son uno de los aspectos más ilusionantes de la transición energética porque llevan sus beneficios a toda la ciudadanía y ayudan a crear comunidad” y subrayó “el papel clave de los ayuntamientos para impulsar estos proyectos, fundamentales para generar confianza, superar las barreras iniciales y actuar como motor de transformación en los municipios”.
“El autoconsumo en este momento en nuestro país no es solo una forma de que el ciudadano y las empresas puedan mostrar su compromiso en la lucha contra el cambio climático, que vemos y sufrimos cada día. El autoconsumo es también un motor de crecimiento económico y de desarrollo, un motor de electrificación. Y esto es importante saberlo, porque cuando alguien quiere o se plantea atacar el autoconsumo con ideologías del pasado, lo que está haciendo es atacando el desarrollo y el crecimiento económico del país”, añadió Donoso.
Estudios hidrológicos en plantas fotovoltaicas
Texto:
Alberto Cotrina
Ingeniero industrial ARRAM Consultores
El crecimiento acelerado de la energía solar fotovoltaica ha convertido a esta tecnología en uno de los pilares de la transición energética mundial. Sin embargo, el éxito de una planta fotovoltaica no depende únicamente de la calidad del recurso solar, los equipos o del diseño eléctrico de la instalación. La correcta evaluación de las condiciones hidrológicas del emplazamiento constituye un factor determinante para garantizar la seguridad, la viabilidad técnica, la rentabilidad económica y la sostenibilidad ambiental del proyecto.
Realizar un buen estudio hidrológico, especifico, detallado y de calidad, representa una herramienta indispensable durante la fase de diseño de una planta fotovoltaica, ya que, dependiendo de éste, se realizarán, a posteriori, los movimientos de tierra, diseño de drenajes y distribución del campo fotovoltaico.
¿Qué es un estudio hidrológico?
Un estudio hidrológico es un análisis técnico que evalúa el comportamiento del agua sobre un terreno y dentro de una cuenca hidrográfica. Su objetivo es determinar cómo las precipitaciones y las inundaciones provenientes de la hidrografía generan escorrentías superficiales, identificar zonas susceptibles de inundación, estimar caudales de diseño y definir las medidas necesarias para controlar y gestionar adecuadamente el drenaje.
Este tipo de estudio integra información topográfica, geológica, climática e hidrológica mediante modelos matemáticos y herramientas SIG (Sistemas de Información Geográfica), permitiendo simular diferentes escenarios asociados a eventos de lluvia de distintas intensidades, periodos de retorno y crecidas de los distintos arroyos.
La hidrología como elemento clave en el diseño de una planta fotovoltaica
Las plantas fotovoltaicas ocupan extensas superficies de terreno. La instalación de miles de módulos solares, caminos internos, zanjas para cableado, plataformas, instalación de quipos con sus correspondientes cimentaciones y edificios auxiliares modifica el comportamiento natural del drenaje superficial.
Si estos cambios no son evaluados adecuadamente, pueden aparecer problemas como:
- Inundaciones en zonas de la planta que pueden provocar daños en la propia instalación.
- Erosión del terreno y pérdida de estabilidad de las estructuras, con lo que conlleva una pérdida notable de equipos y consecuentemente, un impacto económico importante para el promotor de la instalación.
- Daños en caminos de acceso. Esto puede provocar una inaccesibilidad total a la instalación.
- Exposición de canalizaciones eléctricas, dañando la infraestructura y provocando pérdidas de energía y cortocircuitos.
- Afección de infraestructuras cercanas, como pueden ser otras instalaciones colindantes, explotaciones agrícolas o incluso urbanizaciones.
Un buen estudio hidrológico permite anticipar estos riesgos antes del inicio de las obras, reduciendo significativamente la probabilidad de incidencias durante toda la vida útil del proyecto.
Uno de los principales objetivos del estudio hidrológico es identificar áreas con potencial de inundación.
Para ello se analizan:
- Las cuencas vertientes.
- Los cauces naturales.
- Las líneas preferentes de escorrentía.
- Las precipitaciones extremas.
- Los periodos de retorno establecidos por la normativa.
Como hemos mencionado anteriormente, con esta información es posible determinar la cota segura de implantación de los equipos eléctricos, centros de transformación, inversores y subestaciones, evitando daños provocados por eventos hidrometeorológicos extremos.
En un contexto de cambio climático, donde los episodios de lluvia intensa son cada vez más frecuentes, este análisis adquiere una importancia creciente, por no decir indispensable.
Diseño eficiente del sistema de drenaje
La gestión adecuada del agua superficial constituye otro de los beneficios fundamentales del estudio hidrológico.
A partir de los caudales calculados se diseñan elementos como:
- Cunetas.
- Canales de drenaje.
- Alcantarillas.
- Badenes.
- Balsas de laminación.
- Obras de paso.
Estas infraestructuras permiten evacuar el agua de forma controlada, evitando concentraciones de flujo que puedan provocar erosión o afectar la estabilidad de las instalaciones.
El diseño de un sistema de drenaje para una planta fotovoltaica va mucho más allá de construir cunetas o instalar alcantarillas. Se trata de un proceso de ingeniería que integra estudios hidrológicos, análisis hidráulicos y criterios ambientales para gestionar el agua de forma segura y sostenible.
Un sistema correctamente diseñado protege las estructuras, minimiza la erosión, reduce los costes de mantenimiento y mejora la resiliencia de la instalación frente a eventos meteorológicos extremos. En consecuencia, el drenaje debe considerarse un elemento estratégico dentro del diseño civil de cualquier planta fotovoltaica de gran escala, ya que contribuye directamente a la seguridad, la eficiencia operativa y la vida útil del proyecto.
Impacto económico en el proyecto
Aunque el estudio hidrológico supone una inversión durante la fase inicial del proyecto, su impacto económico resulta claramente positivo.
Detectar de forma temprana problemas relacionados con el sistema de drenaje evita modificaciones de obra, reparaciones costosas, retrasos en la construcción y posibles reclamaciones derivadas de afecciones a terceros.
Además, un diseño hidráulico optimizado permite reducir el sobredimensionamiento innecesario de las obras de drenaje, logrando un equilibrio entre seguridad y eficiencia económica.
Pero el impacto económico más reseñable que afecta a las plantas fotovoltaicas, y el más catastrófico, es aquel que se produce cuando la planta está en funcionamiento y no se han tenido las medidas necesarias en cuestión de hidrología.
El estudio hidrológico en la ingeniería de detalle de plantas fotovoltaicas
La ingeniería de detalle constituye la fase final del proyecto (justo antes de la construcción, o durante ésta) en la que se definen todas las soluciones constructivas necesarias para ejecutar una planta fotovoltaica de forma segura, eficiente y conforme a la normativa aplicable. En esta etapa, el estudio hidrológico adquiere un papel esencial, ya que proporciona toda la información necesaria para diseñar las infraestructuras de drenaje, proteger la instalación frente a eventos hidrológicos extremos y garantizar la estabilidad de la obra durante toda su vida útil.
Los cálculos permiten obtener los hidrogramas y los caudales máximos correspondientes a distintos periodos de retorno, que servirán como base para el diseño hidráulico.
Como conclusión, la realización de un estudio hidrológico constituye una fase esencial en el desarrollo de una planta fotovoltaica de gran escala. Más allá del cumplimiento de los requisitos normativos, este análisis permite comprender el comportamiento del agua en el emplazamiento, prevenir riesgos de inundación y erosión, optimizar el diseño del drenaje y proteger tanto la infraestructura como el entorno.
Invertir en una evaluación hidrológica rigurosa desde las primeras etapas del proyecto hasta la ingeniería de detalle, se traduce en instalaciones más seguras, sostenibles y rentables, capaces de operar de forma eficiente durante toda su vida útil, que habitualmente supera los 25-30 años. En un sector donde la fiabilidad y la resiliencia son factores estratégicos, la hidrología se consolida como una disciplina imprescindible para garantizar el éxito de los proyectos de energía solar fotovoltaica.
La Junta destaca que Castilla-La Mancha tendrá la normativa más «garantista» en biometano
También determinará que las plantas de biometano estén al menos a dos kilómetros de distancia de los centros urbanos
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha destacado que Castilla-La Mancha va a contar con la normativa con más garantías de la UE para la instalación de plantas de biometano, una vez que se apruebe el decreto que va a regular estos procesos.
El futuro decreto va a recoger la resolución que han aprobado recientemente las Cortes de Castilla-La Mancha, que determina la implantación de normas regulatorias, ha transmitido Gómez a los representantes del movimiento ‘Stop Biometano», a los que ha dado a conocer el borrador del futuro decreto, ha informado en una nota de prensa la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Asimismo, los ha invitado que presenten las alegaciones que consideren oportunas cuando el decreto salga a información pública.
Castilla-La Mancha y el biometano
Gómez ha avanzado que, atendiendo a la resolución del Parlamento regional, el decreto contendrá medidas como el otorgar a los ayuntamientos el poder de decisión, antes de iniciar las tramitaciones para la instalación de las plantas, para que los proyectos puedan ser analizados y sometidos a votación en los plenos corporativos.
También determinará que las plantas de biometano estén al menos a dos kilómetros de distancia de los centros urbanos, o que el 80 por ciento de los residuos que traten procedan de la comarca, de un área máximo de 35 kilómetro, entre otras medidas.
En definitiva, el decreto establecerá una serie de normas regulatorias que van a garantizar mediante medidas de obligado cumplimiento «cero olores y tratamiento hermético de los residuos», como por ejemplo que las balsas tengan que ser cerradas o que no se puedan transportar por los núcleos urbanos, ha indicado la consejera.
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