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Castilla-La Mancha sería la región más afectada por la reducción de la rentabilidad razonable a las renovables del Ministerio

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Castilla-La Mancha sería la comunidad autónoma española más perjudicada si se cumplen los planes del Ministerio de Industria para reducir la rentabilidad razonable en el 2020 de las instalaciones renovables.

Hay que tener en cuenta que la región es la principal productora española de energía fotovoltaica con 1.622 Gwh en el año 2016, por delante de Andalucía y Extremadura. Y la segunda de España en potencia eólica con 7.678 Gwh, solo por detrás de Castilla y León, y por delante de Galicia y Andalucía.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha denunciado el ataque al sector y la institucionalización de la inestabilidad jurídica que supondría una nueva modificación de la rentabilidad razonable para las instalaciones de energía renovables, que caería del 7,38% actual al 4% a partir del 1 de enero de 2020.

Esta medida tendría un impacto importante sobre la viabilidad de las instalaciones fotovoltaicas actualmente en operación, que se encuentran todavía en proceso de reestructuración tras la entrada en vigor del nuevo régimen retributivo. Una nueva modificación supondría perjuicios relevantes para los bancos y los propietarios de las instalaciones, que se verán obligados a refinanciar sus proyectos, perdiendo el capital social y asumiendo mayores costes financieros.

Con respecto al procedimiento para la modificación de la tasa de actualización que toma como valor el de la rentabilidad razonable, UNEF considera que, de tramitarla vía Orden Ministerial, el ministro Álvaro Nadal se estaría atribuyendo una facultad que corresponde al Parlamento. Por ello, UNEF considera que, para garantizar el cumplimiento de la ley, el Ejecutivo tiene que tramitar un proyecto de ley para que el Parlamento pueda tomar la decisión final al respecto.

Además, UNEF ha destacado que el ahorro que este nuevo recorte supondría para el consumidor no será significativo, debido a que España tendrá que hacer frente a las indemnizaciones definidas como consecuencia de la pérdida de los arbitrajes internacionales interpuestos ante el CIADI por los inversores extranjeros afectados por los recortes aplicados a la energía solar y a la termosolar desde 2012. A este respecto, ha lamentado que una vez más el sector renovable siga siendo, injustamente, el más perjudicado.

Bruselas parece avalar el canon eólico que grava la potencia y tamaño de los parques eólicos en Castilla-La Mancha

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La administración regional de Castilla-La Mancha podrá seguir ingresando el canon eólico. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) parece decantarse por la legalidad de dicho canon, según la abogada general Juliane Kokott, siempre que no impida a España a alcanzar las cuotas previstas para el fomento de energías renovables.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha quería aclarar la legalidad de dicho gravamen, que supone unos ingresos de unos 15 millones de euros anuales en las cuentas de la Comunidad. Diferentes promotores –entre ellos Iberdrola, Iberenova, Elecdey Carcelén y Energías Eólicas de Cuenca– había puesto en tela de juicio, desde su implantación, la legalidad de dicho canon, especialmente desde el cambio en las primas a las renovables que mermaron sus ingresos recurrentes. Incluso reclamando la devolución del dinero abonado por impuestos desde la fecha de inicio.

El gravamen autonómico a la eólica se estableció en marzo del 2011, en base a criterios medioambientales. Cada instalación eólica deberá liquidar dicho impuesto de forma trimestral, según el tamaño del parque y la potencia de sus instalaciones en Mw, y no así por la mayor o menor producción de energía eólica que haya tenido en este periodo.

Próximamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberá aclarar si dos directivas fiscales afectan a dicho canon eólico.

El gravamen autonómico sobre la energía eólica fue establecido mediante la Ley 9/2011, de 21 de marzo, por la que se crea el canon eólico. El hecho imponible que lleva aparejado es el impacto medioambiental. El gravamen controvertido se liquida trimestralmente por cada instalación eólica, determinándose la cuota tributaria en función del tamaño del parque y de la potencia de las instalaciones y no por su capacidad de producción. El importe del canon depende del número de aerogeneradores con que cuenta cada parque eólico.

Energías Renovables de La Mancha desiste de su proyecto fotovoltaico en Carmena por su “inviabilidad económica” con la actual legislación

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La actual legislación en materia renovable a nivel nacional sigue dejando muchos proyectos por el camino. Unos en stand by y otros que tiran la toalla definitivamente. También en Castilla-La Mancha.

La Dirección General de Industria, Energía y Minería ha aceptado el desistimiento de las autorizaciones otorgadas a la instalación solar fotovoltaica de 1.200 kW y sus infraestructuras auxiliares y de evacuación situadas en el término municipal de Carmena (Toledo), promovidas por la sociedad Energías Renovables de la Mancha, SA.

Un proyecto que se inició administrativamente en febrero del 2008 cuando se le otorgó la autorización administrativa. Pero es en marzo del 2017 cuando los representantes de la empresa promotora, Juan José del Valle Peña y Pedro Pablo Gómez Ovejero, manifiestan ante la Dirección General  que la compañía no acometerá la instalación prevista por su “inviabilidad económica” consecuencia de los “sucesivos cambios regulatorios

El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido con fecha de 20 de abril del 2017 un informe favorable al desistimiento presentado por el titular. Esto implica dejar sin efecto la autorización administrativa y la aprobación de proyecto otorgadas y procediendo al archivo de los expedientes.

Al igual que ha ocurrido en otras regiones españolas, muchos proyectos tanto eólicos como fotovoltaicos que comenzaron su tramitación administrativa a mediados de la década pasada han tenido que desistir de sus intenciones iniciales pese a contar en muchos casos con todas las autorizaciones porque sencillamente no salían las cuentas operativas de la instalación. La financiación de este tipo de proyecto sigue parada a la espera de que pueda cambiar la normativa o al menos suavizarse, y sobre todo establecer un calendario seguro de retorno de la inversión según un precio previsto de producción.

El Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial condena a España a pagar 128 millones de euros a la empresa propietaria de las termosolares de Ciudad Real

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Una de las termosolares de la empresa Aste objeto del recurso

España puede pagar muy cara su legislación retroactiva en materia de energía renovableque dejó sin primas a grandes y pequeños proyectos termosolares, fotovoltaicos y eólicos durante los últimos años. La Corte de Arbitraje del Banco Mundial (CIADI) ha confirmado que España deberá pagar 128 millones de euros a la multinacional británica Eiser Infrastructure Limited que a través de su filial Energía Solar Luxembourg.

Esta empresa era el accionista mayoritario de Aries Solar Termoeléctrica (Aste) que contaba con dos plantas termosolares de Alcázar de San Juan en Ciudad Real y la de Dioxipe Solar en Badajoz, ambas de 50 Mw de potencia instalada. Entre las tres plantas en cuestión, el grupo fondo británico invirtió en España cerca de 935 millones de euros, aprovechando en parte el Real Decreto 661/2007. Pero a partir del primer cambio de legislación en 2010, la situación cambió radicalmente y con ella la rentabilidad esperada de sus inversiones.

Este primer laudo contrario al Estado español tiene gran relevancia porque el CIADI debe pronunciarse sobre una treintena más de demandas de arbitraje presentadas por grandes multinacionales y fondos de inversión. En el ámbito doméstico, tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional habían dado la razón a la Administración española.

Según el Ministerio de Industria, que estudia la sentencia, “este laudo única y exclusivamente declara, de manera referida a las tres plantas termosolares de los demandantes y en atención a sus particulares circunstancias, que la reforma ha causado a sus titulares un daño que, bajo la singular apreciación del Tribunal, se considera excesivo”.

“Los pequeños inversores que entraron en fotovoltaica no buscaban dar el pelotazo sino conseguir una rentabilidad razonable”

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Rafael Barrera
Director de ANPIER (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica)

Los tribunales de Justicia, incluido el Constitucional, siguen sin dar respuesta a las demandas de los miles de inversores en fotovoltaica ¿Tienen aún esperanza?

La última sentencia del Tribunal Supremo, que vamos a recurrir, puede marcar un antes y un después en nuestra lucha porque aunque ha sido negativa para nuestras demandas incorpora el voto de tres magistrados disconformes con la misma. Uno de ellos, Eduardo Espín Templado, expresa a través de su voto particular que la proyección retroactiva sufridas por este colectivo “es gravemente atentatoria a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que los ciudadanos y las personas jurídicas tienen en que se les respetará la aplicación efectuada de la legislación que existió en cada momento”.

Vamos a llegar hasta el Tribunal de la Unión Europea, además de la vía internacional del arbitraje a través del CIADI. Lo que más nos molesta es que el Gobierno del PP sí ha dialogado con los grandes fondos internacionales afectados y no con las miles de familias afectadas.

¿Quién ha soportado los costes de los cambios legislativos retroactivos en materia de renovables, especialmente en fotovoltaica?

Hay que partir de una premisa clara. Fue el propio Gobierno, a través del BOE y de campañas en el IDEA como las del “El Sol puede ser suyo” quien incentivó la inversión de pequeños ahorradores en el desarrollo del mercado fotovoltaico. Porque había que cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de la Unión Europea y porque era buen para el medio ambiente.

Pese a lo que se puede pensar, quien entró en este tipo de inversiones tenían un perfil conservador, del entorno rural, que no veían ningún atisbo de riesgo y que además veían que era bueno para sus pueblos y comarcas. Nadie hubiera invertido si hubiera visto riesgo.

Pero a partir del 2010 todo cambió de golpe, vía BOE curiosamente. No se podían cambiar los contratos, pero sí el BOE. Y los pequeños inversores que esperaban conseguir una rentabilidad razonable y contenida en el tiempo, no un pelotazo como el inmobiliario, vieron como eran los grandes damnificados. Ni los instaladores, ni los bancos ni el Estados. Ellos son los que más han soportado las pérdidas todos estos años. Muchos de ellos han tenido que alargar con el banco la devolución de los préstamos que tuvieron que pedir. Los recortes en la rentabilidad ha llegado en muchos casos hasta el 55%.

Tras las elecciones, ¿creen que la legislación en materia renovable cambiará?

Por la lógica de los tiempos y lo que está pasando en otros países debe cambiar seguro. Falta saber el cuándo. Están surgiendo nuevos actores en el sistema, nuevos modelos de gestión y propiedad. El modelo de combustibles fósiles, e incluso el del gas, dará paso al de las renovables. Sí o sí. Nunca se valorará suficiente lo que han conseguido estas 62.000 familias que invirtieron en plantas fotovoltaicas a la hora de democratizar y socializar la energía en España.

Para regiones como Castilla-La Mancha, ¿qué puede representar el desarrollo de energías como la fotovoltaica en el futuro?

En regiones como Castilla-La Mancha, la energía solar rinde un 40% más que en el norte de Europa. Para territorios donde las zonas rurales tienen mucho peso, las energías renovables forman parte de su futuro y de su supervivencia. Para que no se cierren pueblos ni empresas. Si la energía fuera más barata, y puede serlo gracias a las renovables, muchas empresas e industrias se sentirían atraídas de invertir en estas zonas. Además de convertirse en suministradores de energía para Europa.

El nuevo decreto energético de Castilla-La Mancha facilitará los trámites para las repotenciaciones de parques eólicos

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Las nuevas subastas de renovables previstas para los próximos meses no quieren coger a Castilla-La Mancha con los deberes sin hacer. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el borrador del decreto de energías para adaptar el desarrollo normativo autonómico, que data de 2007 y 2010, a la ley estatal del Sector Eléctrico de 2013.

Según la Consejera regional de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, el nuevo decreto supondrá una simplificación de trámites que va a favorecer y permitir, especialmente en el sector eólico, que las empresas se implanten en la comunidad autónoma. Según la consejera, “antes se estaban exigiendo numerosos requisitos a las empresas que no eran necesarios para su implantación”.

El objetivo último del nuevo decreto será simplificar los trámites para la implantación de nuevos proyectos o el cambio de los ya existentes. Con la adaptación a la normativa nacional, que también han llevado a cabo otras comunidades autónomas recientemente, se facilitará la implantación libre de las empresas con la autorización previa de la administración correspondiente.

Además se eliminarán algunos trámites como los de información pública para pequeñas acometidas y se agilizarán las repotenciaciones en los parques eólicos, un punto clave en el futuro del sector que ya están acometiendo diferentes empresas para asegurar la rentabilidad de sus proyectos y dar paso a nuevas tecnologías.

El sector eólico habría cobrado 6,37 euros/Mwh menos en los últimos tres años por las previsiones de precios erróneas del Ministerio

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Parque Eólico en Luzón, Guadalajara.

Los aires renovables en el nuevo gobierno y Ministerio de Industria no cambian. Según asegura la Asociación Empresarial Eólica, que agrupa a la mayor parte del sector, “la revisión de los parámetros económicos con los que se calcula la retribución de las renovables para los próximos años ha confirmado las peores sospechas del sector: el Gobierno ha desaprovechado la ocasión para enmendar los errores de cálculo del primer semiperiodo”.

En la propuesta de orden ministerial que modifica los parámetros retributivos enviada a la CNMC, el regulador ha vuelto a tomar como referencia un precio de 52 euros/MWh a partir de 2020 –el mismo que en el semiperiodo anterior, que ha resultado ser erróneo– en vez de los 41,32 que son la referencia que marcan los precios de los mercados de futuros para esos años. Por este motivo, la eólica ingresará en los próximos tres años unos 400 millones de euros (un 38%) menos de lo que le correspondería.

Según la Asociación Empresarial Eólica, en los últimos tres años, por este error de cálculo las empresas han cobrado una media de 6,37 euros/MWh menos por la desviación a la baja de la senda de precios prevista en la ley. Esta diferencia entre las previsiones de precios y la realidad ha supuesto que el sector haya dejado de ingresar 630 millones de euros.

Según los datos del sector, de los 630 millones que se han dejado de ingresar en el primer semiperiodo, sólo se compensará al sector con el 36% (con lo que pierde el 64% de lo que le corresponde). Esta compensación se repartirá a lo largo de toda la vida útil de las instalaciones existentes, lo que supone alrededor de 22 millones de euros anuales.

La energía eólica, el sector renovable clave en Castilla-La Mancha, “ha sido en términos absolutos el más golpeado por la Reforma: en los primeros tres años completos desde su aplicación, los ingresos del sector han descendido un 34%, lo que en muchos casos ha puesto a las empresas en dificultades para atender el servicio de la deuda.

El mercado doméstico se ha paralizado: en 2014 y 2015, se instalaron 27 MW en España, y los fabricantes de aerogeneradores exportaron el 100% de su producción, lo que dificulta que permanezcan en el país. Estas dificultades están teniendo su reflejo en la pérdida de valor de los activos y en los cambios de manos de estos a precios inferiores a los anteriores a la Reforma Energética”, según asegura la AEE.