Las empresas renovables piden “clarificar la rentabilidad” de la nueva subasta para no generar más incertidumbre
La Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA denuncia la precipitación, ausencia de consenso y falta de planificación de la próxima subasta renovable. “Una subasta que perpetúa la inseguridad jurídica incluso para los proyectos que aún no se han presentado, pues la “rentabilidad razonable” no tendrá un valor fijo a lo largo de la vida útil de los mismos. La variabilidad de un parámetro tan importante viene a sumarse a la innecesaria complejidad de la subasta”, asegura.
Según APPA, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha desoído la experiencia del sector renovable y ha apostado por una subasta que exclusivamente valora el coste para el sistema independientemente de la tecnología, creando de esta manera una falsa sensación de “neutralidad tecnológica”. Al no contemplar las diferentes características de las fuentes renovables y no establecer subastas específicas por tecnologías, el Ministerio obvia importantes beneficios de un mix renovable diversificado, como pueden ser la seguridad de suministro, la gestionabilidad de la producción o el desarrollo armonizado del sector renovable.
España es un país privilegiado en cuanto a sus recursos renovables y este sistema de subastas dificulta un óptimo aprovechamiento de estas energías limpias y autóctonas. La subasta, de una complejidad innecesaria, genera aún más incertidumbre al sector renovable al establecer una “rentabilidad razonable” que no se mantiene fija a lo largo del tiempo.
“No se pide una rentabilidad mayor o menor, lo que se pide es que se clarifique cuál va a ser esa rentabilidad para que las empresas puedan tomar la decisión correspondiente y ejecutar las inversiones con la información más completa posible”, explica José Miguel Villarig, presidente de APPA.
Tras una moratoria que ha durado cinco años, en la que España ha perdido su posición de liderazgo en el sector renovable internacional, la subasta de 2017 se compone de 4 textos que han hecho complicado su seguimiento (RD 359, Orden ETU/315 y las Resoluciones 4094 y 4095).
Este hecho, sumado a la “cláusula confidencial” de la Resolución 4094 dota de oscurantismo a una subasta especialmente compleja. Si el Ministerio opta por valorar únicamente el precio de la energía, debería hacerlo de una manera más sencilla. La subasta realiza una compleja valoración de la inversión realizada, las horas previstas de producción y la potencia, algo que complica de forma innecesaria el proceso.
“Este mecanismo tan complejo responde, de nuevo, a la improvisación a la que tristemente nos hemos acostumbrado en el sector renovable”, reflexiona Villarig, “escoger el precio como principal variable es potestad del legislador, pero no se entiende cuál es la razón de complicar toda la subasta sin necesidad”.