Mercado Eléctrico
Naturgy incrementa en un 21,7% la energía recuperada en Castilla-La Mancha gracias a su plan contra el fraude eléctrico
UFD, la distribuidora de electricidad de grupo Naturgy, mantiene su ofensiva contra el fraude eléctrico en Castilla-La Mancha con el objetivo de prevenir el riesgo que implican las conexiones ilegales para la seguridad de las personas y, adicionalmente, reducir el coste que supone para el resto de consumidores en su factura eléctrica.
UFD ha cerrado 2025 con más de 14.000 actuaciones contra el fraude eléctrico en esta Comunidad, gracias a las cuales la compañía ha recuperado 46,2 GWh de energía consumida de forma fraudulenta, un 21,7% más que el año anterior y equivalente al consumo anual de 14.400 hogares, consolidando así su compromiso en la lucha contra las conexiones irregulares.
Las operaciones llevadas a cabo suponen cerca del 30% del total de las realizadas en el conjunto de sus áreas de distribución que, además de Castilla-La Mancha, son Galicia, Comunidad de Madrid y Castilla y León, donde se llevaron a cabo más de 46.800. De esta forma, la compañía logró recuperar más de 149 GWh de energía consumida de forma fraudulenta, una cantidad que equivale al consumo anual de 46.500 hogares.
Las actuaciones llevadas a cabo por UFD se saldaron con la apertura de cerca de 13.300 expedientes por fraude en el conjunto de las regiones en las que opera. Castilla-La Mancha registró 4.380 casos, mientras que Madrid registró el mayor número de casos, con un total de 5.136 expedientes, Galicia (3.532) y Castilla y León (247).
Estas actuaciones permitieron además interceptar y recuperar la electricidad consumida de forma fraudulenta por 144 dispositivos indoor, la gran mayoría vinculados con plantaciones de marihuana. Se trata de instalaciones que consumían de forma ilegal una cantidad anual de 4,4 GWh, equivalente a la demanda energética de cerca de 1.400 viviendas. El 58% de los dispositivos desmantelados estaban en Castilla-La Mancha.
El fraude eléctrico vinculado a plantaciones indoor de marihuana sigue siendo especialmente problemático en algunas comarcas de Castilla-La Mancha, como la zona de La Sagra, en Toledo, donde la manipulación de la red deteriora y provoca cortes en el suministro, afectando así a la calidad de vida de toda la ciudadanía.
Mónica Puente, directora de Redes Electricidad España de Naturgy, afirma que “el fraude eléctrico no solo supone un perjuicio económico para el conjunto del sistema, sino que también genera riesgos graves para la seguridad de las instalaciones y de quienes manipulan la red. Por ello, UFD mantiene una estrategia activa basada en tecnología avanzada, análisis de datos y colaboración con las autoridades, con el objetivo de garantizar un suministro seguro y justo para todos los clientes”.
El fraude eléctrico es una práctica ilícita que no solo compromete la seguridad del suministro, sino que también afecta a la sostenibilidad del sistema eléctrico y a la equidad entre usuarios. La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito recogido en el artículo 255 del Código Penal. La legislación establece que las empresas distribuidoras tienen la función de detectar y poner en conocimiento de las autoridades y los clientes las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida, y las habilita a interrumpir el suministro cuando detecten situaciones anómalas.
Castilla-La Mancha ha pasado de un nivel de saturación de su red eléctrica del 85,3% al 93,4% en apenas dos meses
La red eléctrica española ha perdido 2,8 GW en dos meses y eleva su saturación al 85,7%
El sistema eléctrico ha perdido cerca de 2,8 gigavatios (GW) de capacidad disponible en apenas dos meses -entre octubre y noviembre de 2025-, dejando a gran parte del territorio nacional sin margen técnico para nuevos proyectos, según el análisis realizado por Foro Industria y Energía (FIE) y Opina 360 desde octubre del mapa de capacidad de acceso a las subestaciones eléctricas en España, que cifra el grado de saturación en el 85,7%.
En concreto, el estudio, referido a datos al pasado 1 de diciembre, ha ampliado su alcance hasta las 6.108 subestaciones pertenecientes a las 29 mayores distribuidoras del país y que agrupan el 97% de los puntos de suministro, y estima que el índice de saturación ha pasado del 82,4% a ese 85,7%, lo que supone que 5.235 subestaciones carecen ya de capacidad disponible.
En términos de potencia, la caída también es destacada, ya que se ha pasado de algo más de 10 GW disponibles en octubre a 7.363,2 MW, con esa pérdida de cerca de 2,8 GW de capacidad disponible en dos meses, constatando así que la demanda de electrificación y los nuevos proyectos industriales están consumiendo la red a una velocidad muy superior a la de su refuerzo.
Un posible colapso de la red eléctrica
De esta manera, Foro Industria y Energía y Opina 360 apuntan un escenario de «estrés» creciente en el acceso a la red, en el que el margen de maniobra se estrecha y la capacidad de conexión se convierte en un factor cada vez más determinante para la planificación industrial.
Por territorios, el mapa de capacidad por subestaciones confirma un patrón cada vez más marcado de saturación estructural en amplias zonas del país, especialmente en el norte y el centro peninsular.
Así, el País Vasco se mantiene como la comunidad autónoma con mayor nivel de saturación, alcanzando el 99,8%, seguido muy de cerca por Navarra y La Rioja, ambas con índices del 99,2%.
Por provincias, un total de ocho presentan ya una saturación del 100%, sin capacidad disponible en ninguna de sus subestaciones: Almería, Málaga, Zaragoza, Albacete, Guadalajara, Salamanca, Álava y Vizcaya.
Además, el contraste con las pocas áreas que aún conservan margen es notable, ya que, de las 50 provincias analizadas, solo seis mantienen más del 50% de sus subestaciones con capacidad disponible: Islas Baleares (50%), Orense (52,2%), Pontevedra (58,3%), Las Palmas (59,3%), Asturias (63,7%) y Lugo (78,9%).
A este reflejo, el estudio considera que este mapa territorial no solo refleja un problema de saturación, «sino un desplazamiento progresivo de la oportunidad industrial hacia enclaves muy concretos, donde todavía existe margen de demanda eléctrica».
Por otra parte, el estudio subraya que, aunque la mayor parte de España se enfrenta a una red eléctrica altamente saturada, algunas comunidades y provincias todavía conservan cierto margen para nuevos proyectos. No obstante, advierte de que la disponibilidad no siempre se traduce en capacidad efectiva para la industria.
En términos de megavatios disponibles, Galicia lidera el ranking autonómico con 1.720,8 MW, seguida de Cataluña (1.024 MW) y Andalucía (870,5 MW). A nivel provincial, destacan Lugo (1.273,4 MW), Barcelona (801,3 MW) y Asturias (698,2 MW).
La saturación
El estudio también señala como la saturación avanza a un ritmo superior al de cualquier reposición, incluso en regiones que hasta ahora funcionaban como válvulas de escape.
Así, regiones como Asturias (pasando del 26,1% al 36,3%), Baleares (del 38,6% al 50%), Canarias (del 32,6% al 60,9%) y Castilla-La Mancha (del 85,3% al 93,4%) han registrado subidas notables en su nivel de saturación en apenas dos meses.
Igualmente, todas las comunidades han perdido capacidad disponible, salvo Extremadura (+2,2 MW) y Galicia (+54,6 MW), ambos incrementos modestos frente a la caída general. Las mayores pérdidas absolutas se concentran en Andalucía (-680,9 MW), Madrid (-455,1 MW) y Comunidad Valenciana (-326,5 MW).
Entre las excepciones, Galicia mantiene el mayor margen absoluto con 1.720,8 MW, seguida de Cataluña (1.024 MW) y Andalucía (870,5 MW), aunque en estos casos la disponibilidad interna no es homogénea y su capacidad efectiva puede verse limitada por factores técnicos y de localización.
La pobreza energética ha aumentado en Castilla-La Mancha en la última década en un 37%
UGT ha denunciado que la pobreza energética ha aumentado un 37 por ciento en la última década en Castilla-La Mancha, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El sindicato ha precisado este jueves en una nota de prensa que un 19,5 % de los hogares castellanomanchegos, es decir, 2 de cada 10, no pueden permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada, lo que sitúa a esta región con uno de los peores indicadores del país, solo por detrás de Extremadura (21,7 %), Murcia (20,9 %) y Andalucía (20,1 %), y dos puntos por encima de la media nacional (17,4 %).
UGT Castilla-La Mancha ha señalado que, a pesar de las medidas que se vienen implementando en los últimos años para un suministro adecuado de energía en los hogares, «resulta preocupante la evolución de la cifra de hogares que sufren pobreza energética».
Y ha añadido que, en base a los datos analizados de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en la última década los hogares con esta carencia han crecido un 37 % y se triplican si se toman como referencia los últimos 20 años.
La organización sindical ha destacado que el suministro de energía constituye «un bien básico e imprescindible» y que no disfrutarlo genera «muchas desigualdades» y ha considerado «fundamental» conseguir un nuevo modelo energético basado en la transición justa.
Asimismo, ha abogado por reformar el mercado de fijación del precio de la electricidad para alcanzar precios asequibles y competitivos, reforzar los derechos de los consumidores en los contratos de energía y proteger a los consumidores más vulnerables y con rentas más bajas.
A su juicio, «esta pobreza tiene mucho que ver con los bajos ingresos de las familias, con los altos precios energéticos y con viviendas que, en ocasiones, son muy ineficientes desde el punto de vista energético».
Ocho proyectos en Castilla-La Mancha dentro de las ayudas de 818 millones al almacenamiento energético
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asignado 818,3 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder 2021-2027) a 126 proyectos –ocho de ellos en Castilla-La Mancha— que reforzarán el almacenamiento energético a gran escala en todo el país, según el resultado definitivo de la convocatoria de ayudas que lanzó para impulsar proyectos de esta tecnología.
Según informó en un comunicado el Ministerio, el éxito de la convocatoria, con 1.750 solicitudes recibidas, ha obligado a incrementar finalmente en casi un 17% la dotación de 700 millones prevista inicialmente.
Entre los beneficiarios destacan, sobre todo, los proyectos de almacenamiento hibridado, con 69 expedientes, seguidos por las baterías ‘standalone’ (39) y, en menor medida, el almacenamiento térmico (15) y los bombeos (3). En total, sumarán 2,2 gigavatios (GW) de potencia adicional y 9,4 gigavatios hora (GWh) de capacidad de almacenamiento.
Las tecnologías renovables que participan en los proyectos de almacenamiento hibridado son, predominantemente, la solar fotovoltaica (38) y eólica (18). Hay también nueve iniciativas con hibridación termoeléctrica y las cuatro restantes combinan el almacenamiento con generación fotovoltaica y eólica a la vez.
Una vez operativas, las nuevas instalaciones contribuirán a proporcionar mayor flexibilidad al sistema eléctrico y favorecerán la integración de las energías renovables, acelerando la descarbonización por la vía de asegurar el suministro de energía más barata y sin emisiones.
El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones será de 36 meses desde la concesión definitiva de la ayuda, debiendo estar concluidos antes del 31 de diciembre de 2029. Esta línea de incentivos (Pinalm) se financia con fondos europeos del programa Feder 2021-2027 gestionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al Ministerio.
Por comunidades autónomas, Andalucía acogerá 31 proyectos, la Comunitat Valenciana 15 y Galicia 11, entre las más destacadas. Les siguen Castilla-León (10) y Cataluña y Canarias, ambas con nueve. Extremadura y Castilla-La Mancha desarrollarán ocho cada una, y siete para Aragón y Comunidad de Madrid, respectivamente. El resto se reparte entre Cantabria, Asturias, Murcia, País Vasco y Baleares.
Para facilitar la puesta en marcha de los proyectos los beneficiarios podrán solicitar al IDAE anticipos de hasta el 100% del importe de la ayuda concedida, de acuerdo con las condiciones reflejadas en las bases de la convocatoria.
El gabinete dirigido por Sara Aagesen destacó que este impulso al desarrollo del almacenamiento energético «contribuirá a asegurar la transformación del sistema energético para que sea más flexible, robusto y resiliente«.
Además, indicó que con el refuerzo de esta tecnología se logrará también «una mayor penetración de las fuentes de energías renovables en el sistema eléctrico español, ya que el almacenamiento actúa como un elemento habilitador y de gestión de las mismas».
Asimismo, el Ministerio subrayó que se espera que el incremento de este tipo de instalaciones y la mejora de la disponibilidad de las fuentes renovables redunden en menores costes de la energía.
«Las ayudas reducirán al mismo tiempo la dependencia de España de los combustibles fósiles, al incrementar la participación renovable en el mix eléctrico, haciendo frente a la crisis climática, en línea con lo establecido tanto por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) como por el Plan REPower EU», señaló.
Castilla-La Mancha reclama en Europa que la energía limpia deje beneficios directos en el territorio que la produce
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido a las instituciones europeas que se garantice una energía asequible, estable, limpia y que contribuya al desarrollo del territorio que la genera. Así lo ha remarcado el vicepresidente segundo del Gobierno autonómico, José Manuel Caballero, tras participar con el presidente Emiliano García-Page en la 169º sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones que se desarrolló en Bruselas.
“La posición de Europa en materia de energía y, de manera particular del Comité Europeo de las Regiones, encaja muy bien con lo que estamos haciendo y con lo que estamos defendiendo en Castilla-La Mancha”, ha señalado. Desde Bruselas, Caballero ha recordado que en Castilla-La Mancha “generamos energía renovable, producida por fuentes naturales, por tanto, limpia” pero ha incidido en que esta debe ser estable.
“Para eso necesitamos que haya un compromiso del Gobierno de España y también de las empresas energéticas para garantizar el suministro y para garantizar las inversiones”. Por eso, ha instado al compromiso en torno a esta materia en la que “estamos siendo muy claros en Castilla-La Mancha”. Ha recordado que “somos una región líder en producción de energía renovable y estamos pidiendo a las compañías distribuidoras que inviertan más en aquellas regiones que más energía aportan al resto de España”.
Para lograr este objetivo, Caballero ha incidido en que es fundamental que se asuma la necesidad de garantizar en primer lugar el suministro. Además, ha señalado que se debe incentivar que la ciudadanía de estos territorios pueda acceder a la energía a un precio asequible y, sobre todo, que se puedan desarrollar industrias intensivas en el consumo de energía. Tal y como ha reivindicado, “esto debe beneficiar a los ciudadanos como consumidores de energía asequible, es decir, a un precio razonable; pero también en el impulso a industrias generadoras de bienestar y desarrollo”.
“En estos momentos en los que se está debatiendo la planificación energética en España y en los que se está discutiendo sobre las redes de distribución, lo que estamos diciendo es que en Castilla-La Mancha queremos generar energía limpia, incluso más de la que consumimos, y no tenemos ningún problema en exportar energía al resto de España”, ha explicado. “Solo queremos también que, al mismo tiempo que generamos energía limpia en Castilla-La Mancha, se instalen aquí las empresas que utilicen esa energía”, ha concretado.
José Manuel Caballero se ha referido a la posición que marcó el presidente García-Page en el Comité Europeo de las Regiones de rechazo a los recortes del nuevo marco financiero plurianual que ha diseñado la Comisión Europea. “A mí me alegra que el presidente Emiliano García Page esté liderando esta posición española, compartiéndolo con otros presidentes como el de Andalucía o el de Galicia, liderando esta posición para defender los intereses económicos de Castilla-La Mancha y de nuestro país con el Gobierno de España”, ha señalado.
En este sentido, ha asegurado que “creemos que es un buen principio que los gobiernos de todas las comunidades autónomas de España, liderados por PSOE o PP, estemos de acuerdo en que el marco financiero plurianual, es decir, los presupuestos de la Unión Europea tienen que contemplar la realidad de nuestro país y, sobre todo, las necesidades de nuestras regiones”, ha valorado. “Si al mismo tiempo además nos acompaña, como es lo que parece en este momento, el Gobierno de España, creo que podemos conseguir que la Unión Europea plantee un presupuesto que sea realista”, ha explicado.
Ha remarcado el vicepresidente segundo que la Unión Europea no debe abandonar “el principio de cohesión, el de buscar los equilibrios, el de buscar la igualdad entre los territorios, pero sobre todo entre las personas; el de garantizar el desarrollo de todas las comunidades autónomas y especialmente de aquellas que necesitan de más impulso y de más apoyo económico”. Por tanto, ha instado, finalmente, a trabajar juntos porque “tenemos que lograr un presupuesto que tenga en cuenta la realidad y las necesidades de Europa en estos momentos, que sin duda tienen que ver con la defensa; pero también con la agricultura, con las infraestructuras, con el desarrollo regional y, en definitiva, con el bienestar de los ciudadanos”.
Baterías de almacenamiento: claves para elegir la configuración adecuada según normativa y aplicación
Texto:
Maribel Cotolí Cáceres
Ingeniera Industrial de Arram Consultores SL
“El almacenamiento energético mediante baterías se ha consolidado como un componente clave en la transición energética y la gestión de redes eléctricas más flexibles. Sin embargo, no todas las soluciones de almacenamiento son iguales. A la hora de diseñar e implantar una instalación de baterías, existen múltiples factores técnicos y normativos que condicionan su rendimiento, viabilidad económica y prioridad de operación.
Una de las primeras decisiones clave es el tipo de contenedor que albergará las baterías y si éste incluye o no los inversores integrados. Los sistemas de almacenamiento modulares tipo contenedor con inversores integrados presentan la ventaja de ofrecer soluciones compactas, preinstaladas y listas para su conexión, lo que simplifica la logística, el montaje en campo y la integración en proyectos. Esta modalidad, cada vez más popular entre fabricantes líderes, reduce los riesgos técnicos asociados a la interoperabilidad y acorta los plazos de puesta en marcha. Se podría decir, incluso, que es la única opción a elegir en aquellos proyectos con problemas de espacio, sobre todo eligiendo al fabricante adecuado. Sin embargo, su principal inconveniente radica en la posible dependencia tecnológica del fabricante (vendor lock-in), que puede limitar futuras ampliaciones o adaptaciones.
Por el contrario, los sistemas en los que los inversores se ubican fuera del contenedor permiten una mayor versatilidad en el diseño del sistema y una adaptación más fácil a distintas topologías de red o estrategias de operación. Esta alternativa, más abierta, es ideal para proyectos que requieren un alto grado de personalización o para operadores que prefieren mantener el control sobre los distintos elementos del sistema. No obstante, requiere mayor complejidad en la ingeniería y más espacio físico, además de una planificación más cuidadosa para garantizar la compatibilidad entre los distintos equipos. Además, el hecho de que los inversores se sitúen fuera del contenedor de baterías implica que la instalación eléctrica entre ambos elementos debe realizarse en corriente continua (DC), lo que introduce consideraciones técnicas específicas. A diferencia de las conexiones en corriente alterna (AC), propia de plantas de almacenamiento con inversores integrados, las líneas de DC requieren un diseño cuidadoso en cuanto a distancias, secciones de cableado, protección contra sobretensiones y coordinación de equipos de desconexión. Aunque esta configuración ofrece mayor libertad para seleccionar y dimensionar el inversor de forma independiente, también supone una mayor complejidad en campo, tanto en la ingeniería como en la puesta en marcha. Además, la operación en DC entre contenedor e inversor implica una supervisión más estricta de la seguridad eléctrica, especialmente en lo relativo a las corrientes de fuga, el aislamiento y la detección de fallos a tierra.
Otro elemento decisivo es la capacidad temporal del sistema: es decir, cuántas horas puede operar la batería a su potencia nominal. En el contexto regulatorio actual, y bajo el marco del Real Decreto 1183/2020, las instalaciones con al menos 2 horas de almacenamiento comienzan a ser consideradas como gestionables, lo que les otorga ciertas ventajas operativas. Sin embargo, son los sistemas con una duración de 4 horas los que están llamados a tener un papel protagonista. La regulación actual y las futuras subastas contemplan dar prioridad de despacho a las instalaciones hibridadas con almacenamiento que puedan garantizar esta autonomía de 4 horas, consolidando así su atractivo para proyectos renovables con mayor penetración en el mercado.
El Real Decreto-ley 7/2025, aprobado por el Gobierno en junio, proponía medidas ambiciosas para reforzar esta visión, como la prioridad de despacho para sistemas híbridos, la exención de evaluación ambiental o la declaración de utilidad pública para instalaciones de almacenamiento. No obstante, dicho real decreto-ley no fue convalidado por el Congreso el 22 de julio de 2025, por lo que todas estas medidas han quedado sin efecto y no son actualmente aplicables. La normativa vigente sigue siendo, por tanto, la que se deriva del RD 1183/2020 y de la normativa comunitaria.
Esta capacidad de almacenamiento no solo es relevante desde el punto de vista normativo, sino también técnico y económico. Las baterías de 2 horas pueden ser suficientes para aplicaciones como la regulación de frecuencia o la estabilización de red, pero en escenarios de arbitraje energético, integración de renovables o gestión de picos de demanda, la opción de 4 horas ofrece un margen de operación mucho más amplio y rentable. A pesar de su mayor coste inicial, la tendencia del sector apunta claramente hacia este tipo de soluciones de mayor capacidad.
En relación con la integración del sistema en el entorno energético, existen dos grandes modelos de implantación: el almacenamiento hibridado con instalaciones de generación renovable y el almacenamiento stand-alone o conectado de forma independiente a la red. En el primer caso, el sistema de baterías comparte punto de conexión con una planta fotovoltaica o eólica, y puede alimentarse directamente de la energía generada. Esta configuración, amparada también por el RD 1183/2020, simplifica los trámites administrativos y permite aprovechar al máximo la energía excedentaria, contribuyendo a un mayor grado de autosuficiencia energética. Aunque el RDL 7/2025 iba a reforzar estas ventajas con nuevas medidas de tramitación preferente y simplificación ambiental, su rechazo en el Congreso ha dejado vigente el marco anterior.
Por otro lado, los sistemas stand-alone no dependen de ninguna fuente renovable propia y se conectan directamente a la red. Su principal ventaja es la libertad operativa: permiten cargar y descargar según las condiciones del mercado eléctrico, siendo muy útiles en esquemas de arbitraje, regulación de frecuencia o participación en mercados de capacidad. A pesar de esta flexibilidad, estos sistemas suelen tener menor prioridad de despacho y no cuentan con los beneficios regulatorios que sí se otorgan a las instalaciones híbridas.
En ambos casos, la evolución normativa tanto en España como en la Unión Europea avanza hacia una mayor integración del almacenamiento como actor esencial del sistema eléctrico. La nueva Directiva europea sobre baterías (UE 2023/1542), así como el Reglamento de emergencia sobre aceleración de renovables (UE 2022/2577), refuerzan el papel del almacenamiento como solución prioritaria, al tiempo que establecen requisitos más exigentes en materia de seguridad, trazabilidad, huella de carbono y reciclaje.
En definitiva, la elección entre uno u otro tipo de batería no puede hacerse de forma aislada. Factores como la integración del inversor, la duración del sistema, el tipo de operación (híbrida o independiente), así como el cumplimiento de la normativa vigente, deben formar parte de una estrategia técnica y económica bien alineada con los objetivos del proyecto. Contar con el asesoramiento adecuado y una visión clara del marco regulatorio permitirá a promotores y clientes invertir en soluciones robustas, rentables y preparadas para el futuro energético europeo, por ello, desde ARRAM estamos dispuestos a ayudarte, ya que si algo nos define que es la pasión por lo que hacemos”.
CLM alegará la planificación eléctrica del Ministerio
El Gobierno regional ha anunciado que va a presentar alegaciones a la propuesta inicial de la Planificación Eléctrica a 2030 que ha hecho pública el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que se incluyan «todas las demandas de Castilla-La Mancha y que se incorporen las redes de distribución y transporte que les hemos solicitado con el objetivo de garantizar nuestros desarrollos industriales y poder seguir avanzando en la autonomía energética de la región».
Así lo afirmó el pasado 15 de octubre la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en el XII Foro Solar de la UNEF (Unión Española Fotovoltaica), donde participó en la mesa ‘¿Cómo concretamos la oportunidad que la energía fotovoltaica supone para el desarrollo industrial español?’. En ella, Gómez desveló que la Consejería ya trabaja en las alegaciones que van a hacer llegar al Ministerio en el período de información pública que se abrió este pasado viernes.
Como destacó Gómez, el objetivo es que la planificación definitiva e inversión de las infraestructuras eléctricas 2025-2030 «incorpore todas las redes de distribución y transporte que les hemos solicitado para garantizar nuestros desarrollos industriales y poder seguir avanzando en la autonomía energética de la región, una demanda que este primer borrador recoge parcialmente, por lo que consideramos que no es suficiente», señaló.
En paralelo, y pese a esta aspiración, la consejera quiso agradecer al Estado que la propuesta inicial ya incluya «proyectos de infraestructuras que pueden llegar a multiplicar por tres las inversiones en Castilla-La Mancha con la construcción de 15 nuevas subestaciones, además de destoparse los límites que estaban establecidos para las inversiones en que las empresas puedan llevar a cabo estas nuevas redes eléctricas que van a permitir reforzar y crear nuevas las líneas eléctricas en nuestra comunidad».
Miteco lanza una planificación eléctrica que garantiza el suministro de importantes proyectos en Castilla-La Mancha
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha iniciado la fase de audiencia pública de la Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030 que garantiza el suministro de importantes proyectos desarrollados en Castilla-La Mancha, como Hydnum Steel en Puertollano y ErasmoPower2X en Saceruela.
La propuesta, que prevé una inversión de unos 13.600 millones de euros hasta el final de la década, incluye importantes actuaciones de conexión a la red de transporte y apoyo a la red de distribución en Castilla-La Mancha que atienden a la necesidades de proyectos empresariales vinculados a la integración de la energía fotovoltaica y el hidrógeno, como la acería verde de Hydnum Steel en Puertollano o el proyecto ErasmoPower2X en Saceruela.
Esta propuesta inicial del Ministerio se orienta a cubrir las necesidades del país y a cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (Pniec), otorgando prioridad a los proyectos industriales. Según ha informado el Miteco en una nota, «si las planificaciones anteriores se orientaban a incorporar más energía renovable en el sistema eléctrico, ahora se prioriza atender las necesidades de los proyectos que quieren materializarse para consumir la energía limpia y competitiva del país, y aprovechar las oportunidades industriales, laborales, económicas y sociales de la transición energética».
En el caso de Castilla-La Mancha incluye la ampliación para demanda singular en las subestaciones de Brazatortas 400 kV, Puertollano 220 kV y Aceca 220 kV; y las nuevas subestaciones Ojailén 400 kV como E/S en Manzanares-Brazatortas 400 kV y Saceruela 400 kV como E/S en Brazatortas -Valdecaballeros 400 kV para consumos directamente conectados a la red de transporte.
También se contempla la ampliación de subestaciones de 400 kV para apoyo a distribución en las subestaciones de Manchega, Minglanilla, Fuentes de la Alcarria, Marchamalo y Mesa de Ocaña; y la ampliación de subestaciones de 220 kV para apoyo a distribución en las subestaciones de Huelves, Calera y Chozas, Ébora, Aceca, Torrijos y Carroyuelas.
La propuesta del Ministerio para la mejora de estas redes se ha diseñado sobre las aportaciones de los distintos agentes y de las comunidades autónomas, para elaborar un escenario de incorporación de nuevas demandas de generación y consumo, identificando zonas de especial interés y aplicando el principio rector de considerar los proyectos firmes y maduros en el horizonte temporal abarcado, según informa el MITECO.
Con relación a las peticiones de acceso para demanda, se prevé un consumo de 375 TWh para el final de la década, con una punta de 61,4 GW, un 60% superior a la punta de 2024. Con relación al nuevo parque generador, se estima la integración de 159 GW de renovables, así como disponer de más de 22 GW de almacenamiento, considerando las ubicaciones más beneficiosas para el conjunto del sistema y la disponibilidad de recursos.
Así, sobre una inversión prevista de 13.600 millones, un 65% se plantea para tres partidas principales: reforzar las redes para absorber nuevos flujos derivados de la mayor electrificación y la integración de renovables, aumentar la cohesión territorial con nuevos enlaces entre sistemas, y actuaciones para dar apoyo a la red de distribución y conectar nuevos consumos en la red de transporte.
Las zonas rurales generan el 84% de la energía renovable en España
El 84 % de la generación renovable en España se produce en zonas rurales, que concentran buena parte del potencial de desarrollo energético del país. Esta es una de las principales conclusiones de la jornada “Entorno rural: Transición energética y vertebración económica”, celebrada en Toledo y organizada por aelēc, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, en colaboración con la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha. Durante la misma se presentó el informe “La transición energética en el entorno rural español, elaborado por Monitor Deloitte.
Comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla y León o Aragón concentran buena parte del potencial de desarrollo energético del país. En concreto, Castilla-La Mancha genera más del 25 % de toda su electricidad a partir de solar fotovoltaica y es una de las comunidades con mayor margen para crecer en biomasa y almacenamiento energético.
El encuentro, que reunió a representantes del sector energético, empresarial e institucional, con la participación de la propia presidenta de aelēc, Marina Serrano, o del director general de Transición Energética de la Junta de Castilla-La Mancha, Alipio García Rodríguez, sirvió para analizar las oportunidades estratégicas que ofrece la transición energética para el desarrollo del entorno rural, la creación de empleo en el territorio y la fijación de población.
En este sentido, durante la sesión se concluyó que “desarrollar cadenas de valor locales en torno a las renovables, fomentar la participación de las comunidades rurales en los proyectos u optimizar el uso del suelo con modelos multifuncionales, son algunas de las prioridades para maximizar el impacto de esta transformación en los territorios”.
Las provincias casi despobladas, en mejores condiciones para el despliegue renovable
El estudio presentado subraya que el reto de la despoblación y la transición energética están estrechamente ligados, porque un total de 15 provincias españolas tienen una densidad inferior a 30 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a la media nacional de 96, sin embargo, son estas mismas provincias casi despobladas las que presentan mejores condiciones para el despliegue renovable. Alipio García Rodríguez destacó que “el Gobierno de Castilla-La Mancha ha posicionado a la región como la segunda comunidad autonómica con mayor desarrollo renovable del país”, y añadió que “continuaremos apostando por este modelo, haciendo la industria más competitiva y fortaleciendo el desarrollo socio económico, sin olvidar la necesidad de conjugar el diálogo con la ciudadanía para mejorar la aceptación social en los territorios”.
En una mesa de debate sobre las oportunidades de la transición energética y digital para las zonas rurales se identificaron cinco prioridades como palancas necesarias para maximizar el impacto de esta transformación en los territorios: desarrollar cadenas de valor locales en torno a las renovables; fomentar la participación activa de las comunidades rurales en los proyectos; optimizar el uso del suelo con modelos multifuncionales; modernizar las infraestructuras eléctricas y digitales para mejorar la competitividad; y articular una visión territorial coordinada y ambiciosa vinculada al desarrollo rural.
Castilla-La Mancha reclama a Europa asegurar la inversión para redes de distribución y desarrollo energético
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido en la comisión ENVE del Comité Europeo de las Regiones asegurar inversión para la puesta en marcha de redes de distribución de energía. Así lo ha explicado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, tras la participación del presidente, Emiliano García-Page, en este foro de trabajo de las regiones europeas.
«La petición que hemos realizado en el Comité de las Regiones es que en la nueva planificación presupuestaria se puedan utilizar fondos de la Unión Europea para el desarrollo de redes eléctricas de distribución de la energía que permitan que, además de generar energía limpia, como en el caso de Castilla-La Mancha, podamos utilizar una parte de esa energía para que se asienten empresas y para que se desarrollen proyectos», ha explicado.
En este sentido, Caballero ha asegurado que «tenemos la demanda de más de 30 proyectos en cartera en las cinco provincias que están pendientes de la ampliación de redes distribución de la energía para que puedan desarrollarse».
El desarrollo de estos proyectos, tal y como ha expuesto el vicepresidente segundo, supondría un salto cualitativo desde la perspectiva de la generación de más energía limpia incluso para producir otras energías, como es el caso de generar energía eléctrica procedente del sol y, al mismo tiempo, sistemas de almacenamiento utilizando los bombeos. «Estamos hablando de miles de empleos que en estos momentos en Castilla-La Mancha están pendientes de que podamos disponer de las redes de distribución y necesitamos, por lo tanto, los recursos que deben contemplarse en el nuevo presupuesto de la Unión Europea».
José Manuel Caballero ha recordado que «en Castilla-La Mancha somos una potencia energética porque somos la segunda Comunidad Autónoma de España en cuanto a potencia instalada en su conjunto y somos, además, una de las principales generadoras de energía renovable, de energía limpia». Por este motivo, ha confirmado que «la petición que hemos trasladado al Comité Europeo de las Regiones es que es imprescindible que haya recursos económicos para un despliegue de la red para los planes de inversión de distribución eléctrica para que la energía que producimos en Castilla-La Mancha pueda servir al desarrollo de Castilla-La Mancha».
Caballero ha incidido en que «no solo producimos energía limpia para nuestras necesidades de consumo, sino incluso que somos excedentarios y producimos energía para las necesidades del resto de España y del resto de territorios». Este es el motivo por el que, tal y como ha remarcado Caballero, el Gobierno del presidente García-Page trabaja para una parte de esta energía de la que hoy la región es excedentaria se utilice para el desarrollo y el progreso económico de Castilla-La Mancha.
Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha vuelto a reclamar la «continuidad a toda una serie de ayudas que a través de los fondos MRR europeos hemos obtenido y gestionado a través de la alianza público-privada de manera ejemplar en el conjunto de la región». En este sentido, ha asegurado que «hay que dar continuidad a esos fondos a través de unas figuras como puede ser el pacto Social por el Clima para el período 2026/2032, para tener más fondos para rehabilitar viviendas de los vecinos y vecinas de Castilla-La Mancha, no solamente en las grandes ciudades, sino también en nuestros entornos rurales».
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