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Naturgy incrementa en un 21,7% la energía recuperada en Castilla-La Mancha gracias a su plan contra el fraude eléctrico

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UFD, la distribuidora de electricidad de grupo Naturgy, mantiene su ofensiva contra el fraude eléctrico en Castilla-La Mancha con el objetivo de prevenir el riesgo que implican las conexiones ilegales para la seguridad de las personas y, adicionalmente, reducir el coste que supone para el resto de consumidores en su factura eléctrica.

UFD ha cerrado 2025 con más de 14.000 actuaciones contra el fraude eléctrico en esta Comunidad, gracias a las cuales la compañía ha recuperado 46,2 GWh de energía consumida de forma fraudulenta, un 21,7% más que el año anterior y equivalente al consumo anual de 14.400 hogares, consolidando así su compromiso en la lucha contra las conexiones irregulares.

Las operaciones llevadas a cabo suponen cerca del 30% del total de las realizadas en el conjunto de sus áreas de distribución que, además de Castilla-La Mancha, son Galicia, Comunidad de Madrid y Castilla y León, donde se llevaron a cabo más de 46.800. De esta forma, la compañía logró recuperar más de 149 GWh de energía consumida de forma fraudulenta, una cantidad que equivale al consumo anual de 46.500 hogares.

Las actuaciones llevadas a cabo por UFD se saldaron con la apertura de cerca de 13.300 expedientes por fraude en el conjunto de las regiones en las que opera. Castilla-La Mancha registró 4.380 casos, mientras que Madrid registró el mayor número de casos, con un total de 5.136 expedientes, Galicia (3.532) y Castilla y León (247).

Estas actuaciones permitieron además interceptar y recuperar la electricidad consumida de forma fraudulenta por 144 dispositivos indoor, la gran mayoría vinculados con plantaciones de marihuana. Se trata de instalaciones que consumían de forma ilegal una cantidad anual de 4,4 GWh, equivalente a la demanda energética de cerca de 1.400 viviendas. El 58% de los dispositivos desmantelados estaban en Castilla-La Mancha.

El fraude eléctrico vinculado a plantaciones indoor de marihuana sigue siendo especialmente problemático en algunas comarcas de Castilla-La Mancha, como la zona de La Sagra, en Toledo, donde la manipulación de la red deteriora y provoca cortes en el suministro, afectando así a la calidad de vida de toda la ciudadanía.

Mónica Puente, directora de Redes Electricidad España de Naturgy, afirma que “el fraude eléctrico no solo supone un perjuicio económico para el conjunto del sistema, sino que también genera riesgos graves para la seguridad de las instalaciones y de quienes manipulan la red. Por ello, UFD mantiene una estrategia activa basada en tecnología avanzada, análisis de datos y colaboración con las autoridades, con el objetivo de garantizar un suministro seguro y justo para todos los clientes”.

El fraude eléctrico es una práctica ilícita que no solo compromete la seguridad del suministro, sino que también afecta a la sostenibilidad del sistema eléctrico y a la equidad entre usuarios. La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito recogido en el artículo 255 del Código Penal. La legislación establece que las empresas distribuidoras tienen la función de detectar y poner en conocimiento de las autoridades y los clientes las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida, y las habilita a interrumpir el suministro cuando detecten situaciones anómalas.

El fraude eléctrico en Castilla-La Mancha supone un coste de más de 40 millones de euros anuales que asumen los clientes en su factura

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UFD, la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, ha intensificado su ofensiva contra el fraude eléctrico en Castilla-La Mancha, con el objetivo de prevenir el riesgo que suponen las conexiones ilegales para la seguridad de las personas, y para reducir el coste para el sistema eléctrico que, según la regulación vigente, asumen el resto de los clientes a través de su factura.

Este tipo de actuaciones ilegales pueden provocar incendios y otro tipo de accidentes, y ponen en riesgo tanto a la persona que las realiza, como a las que conviven con ella y a sus vecinos. Por ello, la compañía está inmersa en un plan para detectar y desconectar conexiones fraudulentas y manipulaciones de contadores en la Comunidad, y especialmente en la comarca de La Sagra.

Desde enero de 2021, UFD ha realizado en la provincia de Toledo cerca de 3.800 actuaciones, un tercio de la cuales corresponden a lo que llevamos de este año.

Asimismo, el fraude eléctrico representa un quebranto económico para el sistema eléctrico, ya que el coste de la energía defraudada recae en el conjunto de los usuarios, según la regulación vigente. La repercusión de este fraude en Castilla-La Mancha representa más de 40 millones de euros al año, lo que supone una media de 66 euros anuales por cada cliente que sí cumple con sus obligaciones de pago de la energía que consumen.

Durante los últimos días, directivos de UFD han explicado de primera mano esta campaña de lucha contra el fraude a las administraciones locales y regionales.

Las conexiones fraudulentas a la red de UFD crecieron un 28% entre 2008 y 2013, tras la irrupción de la crisis económica, y desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, esta práctica ha aumentado un 7,5%, un ritmo aún más elevado que en periodo citado.

Además del grave peligro y el perjuicio económico que entraña esta práctica, también incide negativamente en la calidad y continuidad del suministro de los clientes conectados legalmente.

La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito recogido en el artículo 255 del Código Penal. La legislación establece que las empresas distribuidoras tienen la función de detectar y poner en conocimiento de las autoridades y los clientes las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida, y las habilita a interrumpir el suministro cuando detecten situaciones anómalas.