El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha obliga en una sentencia a adoptar medidas correctoras en los tendidos eléctricos que puedan causar electrocuciones en aves

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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha emitido una sentencia que, por primera vez, corrobora la responsabilidad de las compañías eléctricas frente a los daños que ocasionan los tendidos a las aves. Asimismo, deja clara la obligación de adoptar medidas de corrección de aquellas instalaciones que causen electrocuciones a la fauna.

A juicio de SEO/BirdLife,  se trata de un paso decisivo para que las empresas energéticas asuman su responsabilidad para controlar una amenaza que ocasiona la muerte a 33.000 rapaces cada año en España como mínimo. Entre ellas, especies en situación de amenaza.

De hecho, la sentencia enjuicia el caso de electrocución de un águila imperial ibérica, una especie catalogada en peligro de extinción ocurrido en el término de La Herrera (Albacete). En concreto, la sentencia, emitida por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla-La Mancha, resuelve la sanción que impuso, el 26 de julio de 2016, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante una Resolución de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la lesión grave de un águila imperial ibérica al electrocutarse en un tendido situado en el término municipal de La Herrera (Albacete). La línea se ubica en una Zona de Protección de la Avifauna, y por tanto dentro de un espacio protegido a nivel regional.

“La sentencia es relevante por su novedad, dado que se trata del primer fallo judicial que avala una sanción a una empresa por la electrocución de una especie protegida ocasionada por el daño producido al no subsanar los problemas del tendido. De esta manera, el tribunal confirma la responsabilidad de las eléctricas sobre las posibles afecciones que sus tendidos puedan ocasionar a las aves  y, además, incluye la obligación de corregirlos”, explica el responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife, David de la Bodega.

Y añade: “El fallo judicial abre la puerta a nuevas peticiones de responsabilidad a las compañías, independientemente de si hay fondos públicos o no, para corregir los tendidos”. Este extremo es especialmente importante puesto que, hasta la fecha, el argumento de la mayor parte de las compañías eléctricas para retrasar la corrección de tendidos eléctricos se basa en que las administraciones competentes no han aportado financiación para cubrir, de forma completa, el coste de la corrección de los tendidos.

Fundamentan su posición en el Real Decreto 1432/2008, que se refiere a un plan de inversiones para la adaptación de líneas eléctricas. Un plan que  se puso  en marcha hace un año con la aprobación del  Real Decreto 264/2017, de 17 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión. Pero en tanto que los fondos públicos no lleguen, las eléctricas consideran que no están obligadas a realizar correcciones.

“La sentencia ha coincidido en el tiempo con la incoación de expedientes de responsabilidad ambiental a diferentes empresas por parte de la Generalitat Valenciana por mantener líneas eléctricas de media tensión eléctrica, sin adopción de medidas para prevenir y evitar la colisión y electrocución de las aves. A raíz de su apertura están llegando a acuerdos con las empresas para corregir los tendidos. Aunque llegue tarde, es sin duda otro paso en la buena dirección”, indica el responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife.

Según un reciente informe del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), en España mueren al menos 33.000 rapaces al año por esta causa. Unas cifras que para Nicolás López, responsable del Programa de Especies Amenazadas de SEO/BirdLife son inferiores a la realidad. “El informe del Ministerio aporta cifras muy inferiores a lo que puede ser una aproximación más realista de la magnitud del problema ya que solo analiza la mortalidad de las rapaces sin tener en cuenta otros grupo de aves y no cuenta con datos de todas las comunidades autónomas”, explica.

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