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La Justicia europea avala el canon eólico de 15 millones anuales de la Junta de Castilla-La Mancha
La Junta de Castilla-La Mancha respira aliviada. Tras un largo ir y venir judicial de casi seis años, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha avalado la tasa aprobada en 2011 por el Gobierno regional –conocida como canon eólico– por el que las empresas promotoras de parques eólicos debían compensar por posibles daños sobre el territorio y el medio ambiente de los municipios donde se instalaban.
El caso afecta a cuatro empresas en concreto –Ibernova Promociones, Elecdey Carcelén, Energías Eólicas de Cuenca, e Iberdrola Renovables Castilla-La Mancha–, que acudieron al Tribunal Superior de Castilla-La Mancha cuando vieron que la administración regional no resolvía favorablemente sus demandas sobre las liquidaciones del canon eólico de los años 2011 y 2012.
El Tribunal Europeo, con sede en Luxemburgo, asegura que la normativa “no prohíbe que los Estados miembros establezcan un canon que grave los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica ya que no constituye un impuesto que grava el consumo de productos energéticos o de electricidad”. Según el dictamen, «no existe ningún vínculo entre, por un lado, el hecho imponible del canon eólico y, por otro, la producción efectiva de electricidad por los aerogeneradores, y aún menos el consumo de electricidad producida por éstos».
El aval europeo al canon eólico de Castilla-La Mancha se produce cuando se va a cumplir un año desde que el Tribunal Constitucional dictaminara también favorablemente al mismo al haber actuado “dentro de los límites impuestos por la legislación vigente para la creación de tributos propios por parte de las Comunidades Autónomas”.
Los ingresos de dicho canon eólico se elevan a 15 millones de euros anuales que se destinan al Fondo de Desarrollo Tecnológico regional.
Los clientes eléctricos de Castilla-La Mancha pagarán casi 6 euros más en 2017 tras una sentencia del Tribunal Supremo
Los consumidores de la luz en Castilla-La Mancha no ganan para disgustos. Tras la fuerte subida del precio de la luz durante las últimas semanas por la climatología, el Ministerio de Energía ha ordenado la refacturación del recibo para los consumidores de la comunidad, además de los de Cataluña, Comunidad Valenciana y La Rioja.
La razón hay que buscarla en una sentencia del Tribunal Supremo sobre los diferentes impuestos aplicados por las comunidades autónomas.
El importe total de la refacturación será de 16,4 millones de euros de los que 12,3 millones dependen de Castilla-La Mancha para cumplir con los impuestos ambientales de la ley 16/2005.
Por término medio, cada consumidor de la región deberá pagar 5,86 euros más en el 2017, algo menos de 50 céntimos de euro al mes. Se trata de tributos específicos para estas comunidades autónomas que se han aplicado desde el año 2013.
Las compañías eléctricas, y la propia patronal de las mismas, habían avisado desde hace tiempo que los tributos territoriales deberían ser abonados por los clientes de la comunidad autónoma donde se destinara lo recaudado y no sobre el conjunto de los consumidores a nivel nacional.
Estos suplementos territoriales solo se aplicarán sobre los usuarios que hubieran tenido contrato entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013.
Energía de Castilla-La Mancha 