Luis Polo (AEE): “Hay comunidades donde el abundante recurso eólico choca frontalmente con una fiscalidad abusiva”
Entrevista con
Luis Polo
director general de AEE (Asociación Empresarial Eólica)
¿Sigue habiendo suficiente interés inversor en España por poner en marcha parques eólicos si la administración vuelve a abrir la mano como ha sucedido en la última subasta?
Sin duda. Hay que tener en cuenta que en España hay 10.000 MW eólicos adjudicados en concursos y en diferentes estados que se quedaron paralizados con la moratoria verde de 2012. Además, la Planificación Energética para 2020, con la que se esperan cumplir los objetivos europeos en materia de consumo a través de fuentes renovables, incluye 6.400 MW eólicos. Pero a día de hoy nos parece muy difícil que esto se cumpla.
Para ello, sería necesaria una revisión de la Reforma Energética que dé estabilidad regulatoria a las instalaciones existentes y mejore su situación económica, sobre todo en dos aspectos clave: que la rentabilidad no sea revisable cada seis años y que se recupere parte de lo perdido con los recortes, eliminando los límites de cálculo del precio de mercado.
Asimismo, es urgente un calendario de subastas para adjudicar los 6.400 MW eólicos previstos en la Planificación, así como la introducción de cambios en la fiscalidad de la energía que promuevan el desarrollo renovable. Lo que sí que es cierto es todos los partidos son unánimes en que es necesario apoyar a la eólica como un sector clave para España. Lo importante es que sea rápido.
¿Qué importancia tienen las administraciones regionales a la hora de fomentar o favorecer la instalación de parques eólicos en sus territorios?
Hay tres aspectos clave que impulsan el desarrollo eólico, no necesariamente en este orden: el primero, la voluntad del Gobierno central por impulsar las renovables debe encontrar su contraparte en las comunidades autónomas, que han de crear un clima favorable de inversión; segundo, las empresas han de sentir ese atractivo, lo que pasa tanto por una regulación favorable como por unas buenas condiciones de viento, de recurso eólico; y tercero, es importante la aceptación social, que los ciudadanos entiendan que éste es un sector que crea riqueza y empleo allá dónde se instala.
En el nuevo entorno tras la Reforma Energética, las comunidades autónomas empiezan a ser conscientes de que compiten unas con otras en las subastas eólicas que vienen. Dado que en el sistema de subastas se compite por precio y, por tanto, se premia a los proyectos más baratos, las comunidades autónomas han de entender que deben eliminar barreras y simplificar trámites que puedan encarecer la instalación de parques y desanimar la inversión en sus territorios.
Algunos ejecutivos autonómicos ya están tomando cartas en el asunto para eliminar trabas. Por ejemplo, Andalucía o Extremadura han eliminado las contraprestaciones industriales que exigían sus respectivos concursos. Otras, como Canarias o Cantabria, han eliminado directamente sus concursos. La situación se agrava en aquellas que cuentan con cánones eólicos, como son Castilla y León, Galicia, Valencia y Castilla-La Mancha, en las cuales el abundante recurso eólico choca frontalmente con una fiscalidad abusiva, tanto durante la fase de construcción como durante la operación, que lastra gravemente la rentabilidad de los parques.
¿Qué les diría a los que siguen poniendo objeciones a la instalación de parques eólicos por su impacto medioambiental o visual?
Lo más importante a tener en cuenta es que la eólica nació para ayudar a los ecosistemas a luchar contra el cambio climático (reduce la emisión de CO2 que provoca el cambio climático, de forma que favorece la estabilidad de los hábitats naturales). El sector eólico español, que es uno de los más avanzados a nivel mundial, tiene claro que en su ADN está grabada la protección del medioambiente y se toma muy en serio estar a la vanguardia en este asunto.
Como es lógico, el aprovechamiento de la eólica tiene un impacto sobre el medioambiente, como cualquier actividad humana, por lo que debe intervenir la Administración. Para ello cuenta con una herramienta administrativa denominada Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Las empresas han de cumplir escrupulosamente estas obligaciones que les impone la Administración.
¿Lo ocurrido en la última subasta puede marcar un antes y un después en las condiciones de promoción de los parques eólicos o las primas siguen siendo necesarias?
La Reforma Energética ya marcó un antes y un después para la eólica, al introducir por un lado una gran inseguridad jurídica al aplicar medidas retroactivas y, por otro, al cambiar el sistema de apoyo del feed in tariff a las subastas de potencia. Pero el resultado de la primera subasta celebrada en España no refleja en absoluto la realidad del sector.
La falta de comunicación del Gobierno con el sector respecto al diseño de las subastas y la apuesta por un método nuevo, no probado antes en ningún sitio del mundo provocó un resultado cuando menos sorprendente y arroja señales equívocas: el hecho de que los 500 MW eólicos adjudicados se vayan a instalar sin ningún tipo de retribución regulada no quiere decir que la eólica esté lista para acometer instalaciones a gran escala a precio de mercado (no olvidemos que todas las tecnologías, incluidas las convencionales, reciben algún tipo de ayuda de los estados).
Lo que significa es que hay proyectos concretos que sí pueden hacerlo, ya sea por sus circunstancias económicas, su avanzado estado de instalación o por el elevado número de horas de viento de los emplazamientos, entre otros posibles motivos. Si se quieren acometer inversiones a gran escala, como los 6.400 MW de la Planificación, es necesario no sólo un incentivo, sino una garantía de estabilidad.
España ha conseguido desarrollar durante años una importante industria tecnológica eólica que en muchos casos ha tenido que buscar fuera del país su supervivencia ¿Puede volver España a las cuotas de actividad industrial y empresarial del sector de antes de la paralización provocada por los Reales Decretos?
Es difícil que se vuelva a un desarrollo semejante al de aquellos años dado el nivel de madurez de la eólica en España: con 23.000 MW, somos el quinto país del mundo por potencia instalada. Las empresas industriales viven una situación de total sequía de pedidos para el mercado doméstico desde que comenzó la incertidumbre regulatoria, allá por 2010, y en los dos últimos años han exportado casi al 100% su producción. Por eso uno de nuestros principales caballos de batalla es que la industria, las fábricas y el empleo no se vayan.
De ahí el lanzamiento hace ya siete meses junto al Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Plan de Relanzamiento de la Industria Eólica (PRIE), con el objetivo de que España mantenga toda la cadena de valor industrial, única en el mundo, y que sea un centro de suministro de turbinas para mercados como Latinoamérica, África o Asia Pacífico. En ello estamos trabajando.
Foto: ©JavierCarbajal
Energía de Castilla-La Mancha 