Entrevistas
“Los pequeños inversores que entraron en fotovoltaica no buscaban dar el pelotazo sino conseguir una rentabilidad razonable”
Entrevista con
Rafael Barrera
Director de ANPIER (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica)
Los tribunales de Justicia, incluido el Constitucional, siguen sin dar respuesta a las demandas de los miles de inversores en fotovoltaica ¿Tienen aún esperanza?
La última sentencia del Tribunal Supremo, que vamos a recurrir, puede marcar un antes y un después en nuestra lucha porque aunque ha sido negativa para nuestras demandas incorpora el voto de tres magistrados disconformes con la misma. Uno de ellos, Eduardo Espín Templado, expresa a través de su voto particular que la proyección retroactiva sufridas por este colectivo “es gravemente atentatoria a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que los ciudadanos y las personas jurídicas tienen en que se les respetará la aplicación efectuada de la legislación que existió en cada momento”.
Vamos a llegar hasta el Tribunal de la Unión Europea, además de la vía internacional del arbitraje a través del CIADI. Lo que más nos molesta es que el Gobierno del PP sí ha dialogado con los grandes fondos internacionales afectados y no con las miles de familias afectadas.
¿Quién ha soportado los costes de los cambios legislativos retroactivos en materia de renovables, especialmente en fotovoltaica?
Hay que partir de una premisa clara. Fue el propio Gobierno, a través del BOE y de campañas en el IDEA como las del “El Sol puede ser suyo” quien incentivó la inversión de pequeños ahorradores en el desarrollo del mercado fotovoltaico. Porque había que cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de la Unión Europea y porque era buen para el medio ambiente.
Pese a lo que se puede pensar, quien entró en este tipo de inversiones tenían un perfil conservador, del entorno rural, que no veían ningún atisbo de riesgo y que además veían que era bueno para sus pueblos y comarcas. Nadie hubiera invertido si hubiera visto riesgo.
Pero a partir del 2010 todo cambió de golpe, vía BOE curiosamente. No se podían cambiar los contratos, pero sí el BOE. Y los pequeños inversores que esperaban conseguir una rentabilidad razonable y contenida en el tiempo, no un pelotazo como el inmobiliario, vieron como eran los grandes damnificados. Ni los instaladores, ni los bancos ni el Estados. Ellos son los que más han soportado las pérdidas todos estos años. Muchos de ellos han tenido que alargar con el banco la devolución de los préstamos que tuvieron que pedir. Los recortes en la rentabilidad ha llegado en muchos casos hasta el 55%.
Tras las elecciones, ¿creen que la legislación en materia renovable cambiará?
Por la lógica de los tiempos y lo que está pasando en otros países debe cambiar seguro. Falta saber el cuándo. Están surgiendo nuevos actores en el sistema, nuevos modelos de gestión y propiedad. El modelo de combustibles fósiles, e incluso el del gas, dará paso al de las renovables. Sí o sí. Nunca se valorará suficiente lo que han conseguido estas 62.000 familias que invirtieron en plantas fotovoltaicas a la hora de democratizar y socializar la energía en España.
Para regiones como Castilla-La Mancha, ¿qué puede representar el desarrollo de energías como la fotovoltaica en el futuro?
En regiones como Castilla-La Mancha, la energía solar rinde un 40% más que en el norte de Europa. Para territorios donde las zonas rurales tienen mucho peso, las energías renovables forman parte de su futuro y de su supervivencia. Para que no se cierren pueblos ni empresas. Si la energía fuera más barata, y puede serlo gracias a las renovables, muchas empresas e industrias se sentirían atraídas de invertir en estas zonas. Además de convertirse en suministradores de energía para Europa.
Luis Crespo (Protermosolar): “Desde 2013 no se ha construido ninguna nueva termosolar en España”
Entrevista con
Luis Crespo
Presidente de Protermosolar y Presidente de ESTELA
Castilla-La Mancha es la tercera región española, tras Andalucía y Extremadura, en generación de energía de origen termoeléctrico, con 735 Gwh en el año 2015. Luis Crespo preside la Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica así como la asociación europea. España cuenta con 50 plantas operativas. Ciudad Real es la provincia clave en la región en el sector.
Casi todas las noticias que se refieren a la termosolar en España son de proyectos en el extranjero ¿De qué depende que haya nuevas termosolares en Españal?
Efectivamente desde 2013 ya no se ha construido ninguna nueva termosolar como consecuencia de la moratoria sobre los apoyos a las energías renovables que fue una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno al principio de su legislatura. Es cierto que en España tenemos un exceso de capacidad de potencia instalada por lo que la instalación de nuevas centrales no sería necesaria bajo ese punto de vista. Sin embargo, a estas alturas, no parece que España vaya a cumplir los objetivos vinculantes con la UE del 20% de energías renovables en 2020 por lo que nueva potencia renovable ayudaría a conseguir ese objetivo.
El exceso de capacidad instalada tiene mucho que ver con la resistencia de este gobierno a planificar el cierre progresivo de las obsoletas y contaminantes centrales de carbón así como a revisar la retribución a las centrales nucleares que, a diferencia de las renovables, operan muy por encima de la “rentabilidad razonable” y todavía pretenden extender su vida en esas condiciones retributivas.
Esos tres elementos, cumplimiento de objetivos, cierre de las térmicas de carbón y no extensión de la vida de las nucleares, harían imprescindible la instalación de nueva potencia renovable gestionable, entre las que estarían las centrales de biomasa y las termosolares.
¿Los grandes fondos de inversión y promotores internacionales siguen teniendo interés en el sector termosolar español si cambia la actual legislación?
Las centrales termosolares atrajeron en su momento un importante volumen de inversión extrajera. De hecho, aproximadamente una tercera parte del capital social de estas centrales es de propiedad extranjera lo que también justifica el que la mayor parte de los arbitrajes en curso argumentando la violación de la Carta de la Energía, con las medidas retroactivas del gobierno sean del este sector. Para atraer nuevas inversiones tendrían que quedar muy claro que el marco regulatorio fuera estable.
¿Qué novedades presentan las nuevas termosolares que se están construyendo en el extranjero?
La primera diferencia de las centrales que se están instalando en nuestro vecino Marruecos, en Sudáfrica o las recientemente inauguradas en Estados Unidos es el tamaño. Para conseguir costes competitivos las centrales termosolares tiene que tener una dimensión superior a los 100 MW mientras que todas las que se hicieron en España tenían limitada su potencia a 50 MW. No cabe duda que hubiera sido mucho más competitiva una Extresol de 150 MW que las tres centrales actuales de 50 MW, cada una con su bloque de potencia y sistema de almacenamiento individuales.
El segundo aspecto que es destacable es la apuesta por las centrales de torre.
¿El almacenamiento y la gestionabilidad siguen siendo claves en el mundo de las energías renovables?
Es muy importante que los responsables energéticos y los planificadores de los futuros sistemas de generación entiendan la diferencia entre el precio al que puede generarse la electricidad y el valor que aporta al conjunto del sistema eléctrico una u otra tecnología. Quevedo y Machado ya dijeron en su día que “solo el necio confunde valor con precio”. Recientes estudios realizados en California ponen de manifiesto que para el coste total del sistema eléctrico de aquel Estado es equivalente pagar 5 céntimos de dólar por kWh a una central fotovoltaica que 10 a una termosolar.
Las centrales no gestionables no pueden elegir el momento de su entrega a la red y además necesitan que el sistema soporte mayores servicios auxiliares para tener en cuenta su variabilidad, como por ejemplo reserva rodante de ciclos combinados. Si el sistema eléctrico necesita incorporar una nueva unidad de generación es porque se necesita mayor potencia a todas las horas del día, por ejemplo a las 10 de la noche cuando se sabe que la fotovoltaica no va a estar aportando nada, lo que implicaría una inversión adicional en una instalación de respaldo fósil. La termosolar no incurre en dichas necesidades al mismo nivel y por ello el valor de la energía que despachan es notablemente mayor.
José Luis Cabezas (Director General de Industria, Energía y Minería): “Habría permisos y solicitudes de acceso a la red que sumarían casi 1.200 Mw eólicos y 500 Mw fotovoltaicos”
Entrevista con
José Luis Cabezas
Director General de Industria, Energía y Minería del Gobierno de Castilla-La Mancha
En los últimos meses diferentes empresas han anunciado fuertes inversiones tanto en nuevas redes eléctricas y de gas y en mantenimiento en la región ¿El energético es uno de los sectores más activos actualmente en Castilla-La Mancha?
Las inversiones asociadas a este sector están teniendo un peso relevante. La valoración realizada a efectos retributivos de las inversiones previstas en la red de distribución de Castilla-La Mancha es de 95 millones de € para 2016, 84,5 millones de € para 2017 y 90 millones de € para 2018.
También es el comportamiento de las inversiones asociadas al plan de gasificación anunciadas por las empresas distribuidoras de gas natural en Castilla-La Mancha para el periodo 2016-2020 (151 millones de €), que si suponen un aumento considerable respecto a los valores de los últimos años, traduciéndose en la ejecución de casi 2.000 km de nuevas redes de distribución y un importante aumento en el número de municipios y de nuevos usuarios que tendrían acceso a este recurso en la región.
Sin embargo, se echan de menos las elevadas inversiones asociadas a instalaciones de producción de energía eléctrica que se materializaron durante la primera década de este siglo, como consecuencia de la legislación restrictiva del Gobierno central.
Por su situación geográfica, Castilla-La Mancha es una pieza clave en las redes eléctricas, gasísticas y de abastecimientos de hidrocarburos para toda la península ¿Son suficientes las infraestructuras energéticas existentes en la región o son necesarias más inversiones?
Según los últimos índices de calidad publicados por el Ministerio que permiten su comparación con los de otras CCAA, el TIEPI total agregado de Castilla-La Mancha se encontraba en 2014 en el 1,05, por debajo de la media de los valores registrados por las distintas CCAA (1,12) y lo mismo ocurre con el NIEI (1,3 frente a 1,4). Estos datos resultan más meritorios si se tiene en cuenta la extensión de nuestra comunidad y que ésta es esencialmente rural.
Por otra parte, de acuerdo con el resultado de la planificación de la red de transporte de electricidad aprobada el año pasado y los datos publicados por REE, se dispone en nuestra región de una importante capacidad de evacuación para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica, siendo Castilla-La Mancha en este sentido una comunidad privilegiada.
No obstante, al margen de lo anterior es preciso seguir ampliando y reforzando nuestras redes para poder acoger nuevos suministros y las ampliaciones de potencia necesarias, modernizando las mismas y mejorando los índices de calidad en particular en determinados núcleos.
Hay previstas sin fecha fija aún nuevas subastas de activos renovables a nivel estatal. Siendo Castilla-La Mancha la primera región en generación fotovoltaica y la tercera en eólica ¿espera que tenga gran protagonismo en estas subastas de nuevos Mw renovables?
Depende en principio de cómo se diseñe esta, de las condiciones que sea preciso ofertar para resultar adjudicatario y, muy importante, del plazo que se establezca como límite para ejecutar e inscribir las instalaciones.
¿Hay muchos megawatios eólicos y fotovoltaicos esperando que cambien la leyes estatales y aumente la seguridad jurídica para invertir en la región?
Con un marco económico como el que existía antes de la supresión de las primas en 2012 casi con toda seguridad superaría la capacidad de evacuación disponible. No obstante, en el contexto actual, según la información que nos facilitó REE a mediados de octubre, habría permisos de acceso y solicitudes de acceso a la red de transporte y la red de distribución subyacente (con afección a la red de transporte) que sumarían casi 1200 MW eólicos y más de 500 MW fotovoltaicos (estos al margen de la correspondiente a instalaciones sin influencia en la red de transporte para las que se pueda haber solicitado acceso a las redes de distribución).
Muchas son las comunidades que pugnan por atraer nuevos proyectos renovables ¿Cómo puede la administración regional atraerlos?
En este sentido esta Administración está trabajando en eliminar las barreras regulatorias existentes, así como en simplificar y flexibilizar procedimientos de autorización, siendo buena prueba de ello la propuesta de Decreto que se ha hecho desde esta Consejería y que se encuentra en tramitación.
En el sector eólico, tan importante para Castilla-La Mancha, se ha abierto el debate sobre la renovación o repotenciación de muchos parques eólicos que se acercan a los 15 años de actividad ¿Castilla-La Mancha va a facilitar a las empresas dichos cambios?
Aunque somos conscientes de los beneficios que supone, su acogida va a depender del régimen retributivo al que puedan tener acceso los titulares de los parques existentes. En cualquier caso, lo cierto es que hasta la fecha no estamos percibiendo apenas interés en este sentido. Al margen de ello, la simplificación y flexibilidad de procedimientos en que se está trabajando tendrá una influencia positiva en este sentido, sin perjuicio de que se pueda profundizar en ello.
Castilla-La Mancha como líder mundial en viñedo dispone de una ingente volumen anual de restos de poda ¿es factible su reutilización en biomasa a gran escala?
Consideramos que es factible con una gestión adecuada, pero la respuesta a ello se encuentra en la estrategia regional de biomasa que se va a hacer pública próximamente.
Luis Polo (AEE): “Hay comunidades donde el abundante recurso eólico choca frontalmente con una fiscalidad abusiva”
Entrevista con
Luis Polo
director general de AEE (Asociación Empresarial Eólica)
¿Sigue habiendo suficiente interés inversor en España por poner en marcha parques eólicos si la administración vuelve a abrir la mano como ha sucedido en la última subasta?
Sin duda. Hay que tener en cuenta que en España hay 10.000 MW eólicos adjudicados en concursos y en diferentes estados que se quedaron paralizados con la moratoria verde de 2012. Además, la Planificación Energética para 2020, con la que se esperan cumplir los objetivos europeos en materia de consumo a través de fuentes renovables, incluye 6.400 MW eólicos. Pero a día de hoy nos parece muy difícil que esto se cumpla.
Para ello, sería necesaria una revisión de la Reforma Energética que dé estabilidad regulatoria a las instalaciones existentes y mejore su situación económica, sobre todo en dos aspectos clave: que la rentabilidad no sea revisable cada seis años y que se recupere parte de lo perdido con los recortes, eliminando los límites de cálculo del precio de mercado.
Asimismo, es urgente un calendario de subastas para adjudicar los 6.400 MW eólicos previstos en la Planificación, así como la introducción de cambios en la fiscalidad de la energía que promuevan el desarrollo renovable. Lo que sí que es cierto es todos los partidos son unánimes en que es necesario apoyar a la eólica como un sector clave para España. Lo importante es que sea rápido.
¿Qué importancia tienen las administraciones regionales a la hora de fomentar o favorecer la instalación de parques eólicos en sus territorios?
Hay tres aspectos clave que impulsan el desarrollo eólico, no necesariamente en este orden: el primero, la voluntad del Gobierno central por impulsar las renovables debe encontrar su contraparte en las comunidades autónomas, que han de crear un clima favorable de inversión; segundo, las empresas han de sentir ese atractivo, lo que pasa tanto por una regulación favorable como por unas buenas condiciones de viento, de recurso eólico; y tercero, es importante la aceptación social, que los ciudadanos entiendan que éste es un sector que crea riqueza y empleo allá dónde se instala.
En el nuevo entorno tras la Reforma Energética, las comunidades autónomas empiezan a ser conscientes de que compiten unas con otras en las subastas eólicas que vienen. Dado que en el sistema de subastas se compite por precio y, por tanto, se premia a los proyectos más baratos, las comunidades autónomas han de entender que deben eliminar barreras y simplificar trámites que puedan encarecer la instalación de parques y desanimar la inversión en sus territorios.
Algunos ejecutivos autonómicos ya están tomando cartas en el asunto para eliminar trabas. Por ejemplo, Andalucía o Extremadura han eliminado las contraprestaciones industriales que exigían sus respectivos concursos. Otras, como Canarias o Cantabria, han eliminado directamente sus concursos. La situación se agrava en aquellas que cuentan con cánones eólicos, como son Castilla y León, Galicia, Valencia y Castilla-La Mancha, en las cuales el abundante recurso eólico choca frontalmente con una fiscalidad abusiva, tanto durante la fase de construcción como durante la operación, que lastra gravemente la rentabilidad de los parques.
¿Qué les diría a los que siguen poniendo objeciones a la instalación de parques eólicos por su impacto medioambiental o visual?
Lo más importante a tener en cuenta es que la eólica nació para ayudar a los ecosistemas a luchar contra el cambio climático (reduce la emisión de CO2 que provoca el cambio climático, de forma que favorece la estabilidad de los hábitats naturales). El sector eólico español, que es uno de los más avanzados a nivel mundial, tiene claro que en su ADN está grabada la protección del medioambiente y se toma muy en serio estar a la vanguardia en este asunto.
Como es lógico, el aprovechamiento de la eólica tiene un impacto sobre el medioambiente, como cualquier actividad humana, por lo que debe intervenir la Administración. Para ello cuenta con una herramienta administrativa denominada Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Las empresas han de cumplir escrupulosamente estas obligaciones que les impone la Administración.
¿Lo ocurrido en la última subasta puede marcar un antes y un después en las condiciones de promoción de los parques eólicos o las primas siguen siendo necesarias?
La Reforma Energética ya marcó un antes y un después para la eólica, al introducir por un lado una gran inseguridad jurídica al aplicar medidas retroactivas y, por otro, al cambiar el sistema de apoyo del feed in tariff a las subastas de potencia. Pero el resultado de la primera subasta celebrada en España no refleja en absoluto la realidad del sector.
La falta de comunicación del Gobierno con el sector respecto al diseño de las subastas y la apuesta por un método nuevo, no probado antes en ningún sitio del mundo provocó un resultado cuando menos sorprendente y arroja señales equívocas: el hecho de que los 500 MW eólicos adjudicados se vayan a instalar sin ningún tipo de retribución regulada no quiere decir que la eólica esté lista para acometer instalaciones a gran escala a precio de mercado (no olvidemos que todas las tecnologías, incluidas las convencionales, reciben algún tipo de ayuda de los estados).
Lo que significa es que hay proyectos concretos que sí pueden hacerlo, ya sea por sus circunstancias económicas, su avanzado estado de instalación o por el elevado número de horas de viento de los emplazamientos, entre otros posibles motivos. Si se quieren acometer inversiones a gran escala, como los 6.400 MW de la Planificación, es necesario no sólo un incentivo, sino una garantía de estabilidad.
España ha conseguido desarrollar durante años una importante industria tecnológica eólica que en muchos casos ha tenido que buscar fuera del país su supervivencia ¿Puede volver España a las cuotas de actividad industrial y empresarial del sector de antes de la paralización provocada por los Reales Decretos?
Es difícil que se vuelva a un desarrollo semejante al de aquellos años dado el nivel de madurez de la eólica en España: con 23.000 MW, somos el quinto país del mundo por potencia instalada. Las empresas industriales viven una situación de total sequía de pedidos para el mercado doméstico desde que comenzó la incertidumbre regulatoria, allá por 2010, y en los dos últimos años han exportado casi al 100% su producción. Por eso uno de nuestros principales caballos de batalla es que la industria, las fábricas y el empleo no se vayan.
De ahí el lanzamiento hace ya siete meses junto al Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Plan de Relanzamiento de la Industria Eólica (PRIE), con el objetivo de que España mantenga toda la cadena de valor industrial, única en el mundo, y que sea un centro de suministro de turbinas para mercados como Latinoamérica, África o Asia Pacífico. En ello estamos trabajando.
Foto: ©JavierCarbajal
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