Mercado Eléctrico
El fraude eléctrico en Castilla-La Mancha supone un coste de más de 40 millones de euros anuales que asumen los clientes en su factura
UFD, la distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, ha intensificado su ofensiva contra el fraude eléctrico en Castilla-La Mancha, con el objetivo de prevenir el riesgo que suponen las conexiones ilegales para la seguridad de las personas, y para reducir el coste para el sistema eléctrico que, según la regulación vigente, asumen el resto de los clientes a través de su factura.
Este tipo de actuaciones ilegales pueden provocar incendios y otro tipo de accidentes, y ponen en riesgo tanto a la persona que las realiza, como a las que conviven con ella y a sus vecinos. Por ello, la compañía está inmersa en un plan para detectar y desconectar conexiones fraudulentas y manipulaciones de contadores en la Comunidad, y especialmente en la comarca de La Sagra.
Desde enero de 2021, UFD ha realizado en la provincia de Toledo cerca de 3.800 actuaciones, un tercio de la cuales corresponden a lo que llevamos de este año.
Asimismo, el fraude eléctrico representa un quebranto económico para el sistema eléctrico, ya que el coste de la energía defraudada recae en el conjunto de los usuarios, según la regulación vigente. La repercusión de este fraude en Castilla-La Mancha representa más de 40 millones de euros al año, lo que supone una media de 66 euros anuales por cada cliente que sí cumple con sus obligaciones de pago de la energía que consumen.
Durante los últimos días, directivos de UFD han explicado de primera mano esta campaña de lucha contra el fraude a las administraciones locales y regionales.
Las conexiones fraudulentas a la red de UFD crecieron un 28% entre 2008 y 2013, tras la irrupción de la crisis económica, y desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, esta práctica ha aumentado un 7,5%, un ritmo aún más elevado que en periodo citado.
Además del grave peligro y el perjuicio económico que entraña esta práctica, también incide negativamente en la calidad y continuidad del suministro de los clientes conectados legalmente.
La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito recogido en el artículo 255 del Código Penal. La legislación establece que las empresas distribuidoras tienen la función de detectar y poner en conocimiento de las autoridades y los clientes las situaciones de fraude en la red y en los equipos de medida, y las habilita a interrumpir el suministro cuando detecten situaciones anómalas.
La nueva planificación de la Red de Transporte para 2026 incluye el “eje transmanchego” que conectará Manzanares con Belinchón
La Planificación de la Red de Transporte de Electricidad 2021-2026, vinculante para Red Eléctrica, ha sido aprobada por el Gobierno tras su presentación en el Congreso de los Diputados con una inversión prevista de 6.964 millones de euros. En Castilla – La Mancha, la Planificación incluye importantes actuaciones de mallado de la red de transporte que permitirán la integración de nueva generación renovable.
También incluye actuaciones que completarán la alimentación de las líneas de alta velocidad proyectadas a su paso por la región: Madrid – Badajoz y Puertollano – Mérida. Entre los proyectos en Castilla – La Mancha de esta nueva Planificación destaca una serie de actuaciones que permitirán conectar e integrar nueva generación renovable de aquellas zonas de la región que cuentan con importante recursos eólicos y fotovoltaicos. Por un lado, el plan hará posible la primera fase del llamado ‘eje transmanchego’, que se desarrollará en las provincias de Ciudad Real, Albacete y Cuenca. Este proyecto consistirá en la construcción de una nueva línea de doble circuito en 400 kilovoltios (kV) que permitirá integrar nueva generación renovable y conectará Manzanares con Belinchón, incluyendo las nuevas subestaciones de Tomelloso, Manchega y Villar de Cañas.
Adicionalmente y más allá de 2026, esta primera fase se completará con el eje entre Manchega y Romica, que culminará la vertebración de la región. Hasta esa fecha, la Planificación aprobada permite dar los primeros pasos en la tramitación del proyecto. Con el mismo fin de potenciar la integración de generación renovable, se plantea la puesta en servicio de una nueva subestación en la provincia de Toledo, La Sagra 400/220 kV, así como la ampliación de la capacidad de distintos ejes: dos de 220 kV entre Picón-Aceca-Villaverde y Manzanares-Alarcos y dos de 400 kV que unen Belinchón con Morata y Minglanilla con Olmedilla.
En su conjunto, todas estas actuaciones impulsarán de manera significativa el proceso de transición ecológica en la región. Se estima que en un futuro facilitarán una integración adicional de renovables de más de 1.000 GWh al año. Este volumen, que representaría el 4,8 % de toda la producción fotovoltaica de la Península en 2021, podría aumentar significativamente a finales de esta década. De esta manera, se evitaría la emisión de más de 365 kilotoneladas de CO2 eq por anualidad.
El documento también planifica nuevas infraestructuras que completarán la alimentación de las líneas de alta velocidad proyectadas de Puertollano – Mérida y Madrid – Badajoz. En el primer caso, destaca la construcción de la nueva subestación en Ciudad Real, Almadén 400 kV. En el caso del segundo eje ferroviario, se alimentará gracias a la puesta en marcha, entre otras actuaciones, de una nueva subestación en la provincia de Toledo, Calera y Chozas 220 kV. Esta permitirá, además, la conexión de consumidores industriales que demandan importantes volúmenes de energía, impulsando así el desarrollo económico, industrial y social de la zona.
Por último, la Planificación 21-26 también incluye iniciativas para ampliar distintas subestaciones con el fin de reforzar la seguridad de suministro en zonas como Torrijos, Puertollano, Minglanilla y Villarobledo, facilitando a su vez la posible evacuación de generación de origen renovable. Destaca la ampliación de las subestaciones de Manchega 400 kV, Minglanilla 400 kV, Torrijos 220 kV y Puertollano 220 kV.
El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará casi 20 millones de euros al bono social térmico que beneficiará a más de 76.000 familias
El Gobierno de Castilla-La Mancha va a destinar casi 20 millones de euros, en concreto 18.913.709 millones, al bono social térmico para más de 76.000 familias de Castilla-La Mancha. Esto significa que no menos de 200.000 personas se beneficiaran de esta ayuda que oscilará entre los 128 y los 373 euros.
Estos casi 20 millones de euros suponen un incremento de un 136 por ciento respecto al año anterior, cuando se destinaron a este bono ocho millones de euros.
En cuanto a la cuantía de las ayudas, se calcula en base a la zona climática donde se encuentra cada familia y el grado de vulnerabilidad económica que presenta. Son beneficiarias del bono social térmico todas aquellas familias que ya lo eran del bono social eléctrico a 31 de diciembre de 2021. El bono social término es una de las medidas anunciadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha para paliar las consecuencias de la actual situación de subida de precios de la energía a la que tienen que hacer frente las familias.
Sus objetivos son compensar los gastos de suministro de energía para usos térmicos, como calefacción, agua caliente sanitaria o cocina; reducir el impacto de la subida de precios de la energía y, de esta manera, proteger a las familias más vulnerables.
La “pobreza energética” afecta a más de un 30% de los hogares de Castilla-La Mancha
Las regiones españolas más afectadas por la pobreza energética son Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, tal y como se desprende de la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESSE), en su última actualización de 2020.
Este fenómeno estructural afecta a más de un 30% de los hogares en estas comunidades autónomas, frente al 25% de media que sufren pobreza energética o monetaria a nivel nacional. En el lado opuesto se sitúan Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Madrid y País Vasco, donde la incidencia de hogares afectados por la pobreza energética o monetaria oscila entre el 12% y el 20%.
“España tendría que invertir más de 13.000 millones de euros en la rehabilitación de su parque edificado para acabar con la pobreza energética”, ha afirmado Dolores Huerta, directora general de Green Building Council España (GBCe), con motivo de la semana de la lucha contra la pobreza energética, que se desarrolla entre el 17 y el 23 de febrero. En este sentido, Huerta ha destacado que, tal y como se recoge en la hoja de ruta del proyecto #BuildingLife, “la rehabilitación es la solución más efectiva y estructural a largo plazo”.
De ese 25% de hogares en pobreza energética o monetaria que tiene España de media, el 62% de los casos se dan en zonas urbanas y más del 60% aparecen en viviendas colectivas. Esto implica que la toma de decisiones sobre la realización de obras es más habitual como un proceso colectivo, en el que deben ponerse de acuerdo los diferentes propietarios del inmueble, con sus propias circunstancias económicas.
Según explica Dolores Huerta, esto hace que la rehabilitación sea más compleja en España, lo que condiciona la solicitud y concesión de ayudas públicas para la rehabilitación de edificios de viviendas colectivas, o la de los préstamos, pues estas comunidades de propietarios carecen de personalidad jurídica propia.
Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en su Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, esta se define como “la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”.
En este sentido, la dirigente de GBCe ha resaltado que esta estrategia rehabilitadora “permitirá a los edificios existentes aportar la habitabilidad socialmente necesaria en términos de confort, salud y accesibilidad”. Para lograr este objetivo, Huerta ha defendido la importancia de lograr un esfuerzo conjunto de todos los agentes involucrados y, especialmente, de los administradores de fincas: “Son fundamentales porque pueden hacer de nexo entre el sector y los pequeños propietarios, que representan un gran número de ciudadanos”, ha explicado.
La directora general de GBCe ha matizado que esto no es suficiente en el caso de hogares que sufren mayor vulnerabilidad, que “deben ser especialmente apoyados por los poderes públicos para asegurar una transición justa y reducir la pobreza energética”.
GBCe es una asociación que nace en 2008 para promover la transformación hacia un modelo sostenible del sector de la edificación. Pertenece a la red internacional de World Green Building Council (WorldGBC), presente en más de 70 países y con 36.000 miembros que representan a diversos agentes del sector.
Luz verde para ampliar la infraestructura aeroportuaria de ‘Skydweller’ en Valdepeñas
El Gobierno regional aprueba la modificación del POM de Valdepeñas para posibilitar la futura ampliación de la compañía aeroespacial ‘Skydweller’
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la modificación del Plan de Ordenación Municipal de Valdepeñas para posibilitar la futura ampliación de la infraestructura aeroportuaria de ‘Skydweller’.
La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha aprobado esta ampliación que supone pasar de 562.329 metros cuadrados vigentes a 1.811.904 propuestos y la reordenación del suelo.
En este sentido, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha destacado que ‘Skydweller’ desarrolla en Valdepeñas una ambiciosa y pionera actividad aeronáutica, como es la fabricación, montaje y puesta en servicio de aviones no tripulados (drones) autopropulsados con energía solar, y que, con esta modificación del Plan de Ordenación Municipal, se posibilitará la creación de una nueva pista orientada de Norte a Sur y la ampliación de la actual hacia el Este, hasta la CM-3109”.
La compañía aeroespacial hispano-estadounidense desarrolla aviones con energía solar tanto comerciales como del área de defensa y está adaptando el aeródromo Valdepeñas a la norma de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para poder empezar a funcionar en 2022.
Iberdrola y Mapfre impulsan su alianza en renovables con la creación de Energías Renovables Ibermap
Los 130 MW fotovoltaicos que posee se encuentran en fase de desarrollo todos en Castilla-La Mancha
Iberdrola y Mapfre han impulsado su alianza estratégica en energías renovables en España con la constitución de Energías Renovables Ibermap S.L, un vehículo pionero de coinversión que, tras incorporar 95 nuevos megavatios (MW), cuenta ya con 325 MW y aspira a alcanzar a través de la inversión conjunta los 1.000 MW, informaron ambas compañías.
En concreto, la cartera del vehículo constituido por ambos grupos, que está participado en un 80% por la aseguradora y en un 20% por la energética -que se encargará de la promoción, construcción y mantenimiento de los proyectos- posee actualmente 195 MW eólicos operativos y 130 MW fotovoltaicos en desarrollo.
Los 95 MW recientemente incorporados se corresponden con parques eólicos operativos, todos ellos en Andalucía, y se suman a los 230 MW anunciados en abril.
De estos, 100 MW eólicos están también operativos y se ubican en Castilla y León. Los 130 MW restantes son fotovoltaicos, se encuentran en fase de desarrollo en Castilla-La Mancha, y su puesta en marcha está prevista durante el tercer trimestre de 2022.
El proyecto entre ambas compañías acaba de echar a andar con el lanzamiento por parte de Mapfre del primer fondo de renovables Mapfre Energías Renovables I F.C.R., a través del cual el grupo asegurador va a canalizar su inversión.
Además, como ha sucedido en otras inversiones similares de la aseguradora presidida por Antonio Huertas en activos inmobiliarios, infraestructuras, capital riesgo o inversiones tradicionales, este fondo está abierto a otros inversores institucionales.
A través de esta alianza, Iberdrola incorpora a un socio en el desarrollo de su plan de crecimiento renovable en el país y en su estrategia de rotación de activos, mientras que Mapfre refuerza su apuesta por las inversiones sostenibles en España con un líder mundial en renovables.
A finales del año pasado, Mapfre realizó el primer cierre de su primer fondo de infraestructuras, por importe superior a los 300 millones de euros, que lanzó junto a Abante para invertir en fondos de Macquarie*Infrastructure and Real Assets (MIRA), el mayor grupo de infraestructuras del mundo.
En los últimos meses, Iberdrola y Mapfre también han avanzado en el acuerdo por el que la red comercial de la aseguradora en España, integrada por cerca de 3.000 oficinas, ofrece productos personalizados y 100% renovables de la compañía energética.
Mapfre cuenta con los servicios de Kobus Partners para la gestión del fondo, mientras que Blue Tree Asset Management y King & Wood Mallesons han actuado como asesores técnico y jurídico, respectivamente.
Castilla-La Mancha recibirá casi 31 millones de euros para autoconsumo, baterías y climatización renovable
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), aprobó el pasado 29 de junio un Real Decreto para conceder 660 millones de euros, ampliables a 1.320 millones, en ayudas para instalaciones de autoconsumo (hasta 900 millones), almacenamiento detrás del contador (hasta 220 millones) y climatización con energías renovables (hasta 200 millones). A través de esta aprobación, Castilla-La Mancha recibirá una aportación de casi 31 millones de euros (30.948.184 euros) para todas estas actuaciones en materia energética.
El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha destacado la «importante aportación» que va a recibir la Comunidad Autónoma y ha puesto de relieve que, «además, se trata de la primera gran transferencia a gran escala con cargo al presupuesto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia».
Tierraseca ha incidido en que, además, a través de estas ayudas «se va a dar un impulso, con un 5% adicional, al entorno rural», especialmente determinante en el caso de comunidades autónomas como Castilla-La Mancha
Las ayudas se consensuaron con las comunidades y ciudades autónomas en la Conferencia Sectorial de Energía del pasado 12 de mayo y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDEA) se encargará de coordinar las actuaciones y de hacer un seguimiento de su evolución, de acuerdo con el procedimiento usado exitosamente desde 2019.
Los 660 millones inicialmente presupuestados se ampliarán, según se vayan ejecutando las cuantías iniciales asignadas a cada Comunidad Autónoma, hasta alcanzar los 1.320 millones del programa total; las comunidades y ciudades autónomas deberán comprometer un 80% del presupuesto inicial durante el primer año o tendrán que reintegrar la mitad de lo no comprometido en el plazo de 15 meses desde la publicación en el BOE de este Real Decreto.
El paquete de ayudas se articulará por medio de seis programas. Los tres primeros están dirigidos a sectores económicos concretos, a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2019, previos al estallido de la pandemia, mientras que los tres últimos, dirigidos sobre todo a viviendas, toman como referencia el número de viviendas principales u hogares, también según datos del INE.
En el caso de la energía solar fotovoltaica las ayudas abarcarán desde el 15% para una gran empresa hasta el 45% para una pyme o un sistema pequeño, inferior a 10 kW; los particulares podrán beneficiarse de un 40% -sube al 50% en los sistemas de autoconsumo colectivo- y las administraciones públicas del 70%. Se valorará la retirada de cubiertas de amianto y la instalación de marquesinas para optimizar el uso del espacio, como es frecuente en aparcamientos.
En el caso de la eólica, la subvención oscilará entre el 20% para la instalación más grande en grandes empresas y el 50% en los sistemas más pequeños para pymes; los particulares obtendrán un 50% y las administraciones públicas un 70%.
En las instalaciones de almacenamiento detrás del contador, que en general serán baterías, las ayudas para las empresas variarán entre el 45% y el 65%, dependiendo del tamaño de la organización, mientras que los particulares, administraciones y entidades del tercer sector podrán beneficiarse de un 70%.
En climatización con renovables, la subvención dependerá de la tecnología empleada -como la biomasa o la geotermia-, y será del 40% al 70%. Las Administraciones públicas propietarias de edificios residenciales podrán obtener un 70%.
Iberdrola y la estadounidense Cummins invertirán 60 millones en una fábrica de electrolizadores en Guadalajara
La inversión inicial de 60 millones de euros se enmarca dentro de la estrategia para conseguir que España se convierta en uno de los principales polos industriales de esta tecnología en Europa. En concreto, se trata de un proyecto para la fabricación de electrolizadores, llegando a producir 500MW/año y creando en la zona 350 empleos. La planta estará destinada en gran parte al suministro a Barajas y se espera que tenga una capacidad de 500 MW/ año.
Esta iniciativa empresarial integra innovación, conocimiento y generación de una gran cadena de valor industrial, y potencia aspectos clave dentro del plan de recuperación, la transición energética, la lucha contra la crisis climática y la descarbonización de la economía.
Hidrógeno verde
Para lanzar la producción de hidrógeno renovable, el gobierno de España es consciente de que se debe ofrecer desde el sector público un claro respaldo. Por eso, el Plan de Recuperación incluye un apartado centrado en el hidrógeno verde, que se dotará con 1.555 millones de euros durante los próximos tres años.
El hidrógeno tendrá una fuerte expansión hasta 2030 y en 2050 representará un tercio del combustible utilizado en el transporte terrestre, llegando al 60% en el transporte marítimo. La Comisión Europea aprobó la Estrategia Europea del Hidrógeno el año pasado y, en esa línea, el gobierno de España ha puesto en marcha la Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta para conseguir que nuestro país se sitúe en la UE como un actor clave del hidrógeno renovable. Esto será posible consiguiendo la futura instalación de 4GW de electrolizadores para 2030.
FM Logistic y H2B2 impulsan una hidrogenera en Illescas que evitará emisión de 40 toneladas de CO2 al año
FM Logistic, operador internacional de referencia en las áreas de almacenamiento, transporte, co-packing y logística urbana ha firmado con H2B2, empresa tecnológica del ámbito del hidrógeno, el diseño, desarrollo, transporte, pruebas, instalación y puesta en marcha de una estación de servicio de hidrógeno o HRS (Hydrogen Refuelling Station, por sus siglas en inglés) para carretillas y furgonetas en sus instalaciones de Illescas (Toledo). Por su ubicación en un polígono dedicado a la logística sostenible, donde entre otros se encuentran los almacenes centrales de Amazon, este proyecto se convierte en el primer piloto de referencia de estas características en Castilla-La Mancha.
Cabe destacar que la solución propuesta por H2B2 para esta hidrogenera, que dispensará hasta 6kg de H2 diario en el propio punto de suministro a 350 bar (bares de presión), está integrada en un contenedor de más de 6 metros donde se ensamblarán todos los equipos para facilitar su instalación. Por su carácter innovador, el proyecto cuenta con el apoyo del Centro para el Desarrollo Técnico Industrial (CDTI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
La implantación física de la instalación en Illescas, así como el funcionamiento operativo de la hidrogenera, finalizará entre primavera y verano de este año.
Detalles técnicos
La implementación de esta innovadora fuente de hidrógeno verde autogenerado emplea como tecnología principal un electrolizador EL3N de tecnología PEM. También conocidos como electrolizadores de membrana polimérica, estos equipos son ideales para la producción de hidrógeno desde una fuente de energía renovable o variable y presentan numerosas virtudes, como su altísima eficiencia, la capacidad de trabajar a elevadas densidades de corriente o el diseño del stack más compacto. El EL3N tiene una capacidad de producción de 3 Nm3/h a 20 barg de hidrógeno, que suponen 45 kg de H2/semana.
Otros componentes de la hidrogenera propuesta por H2B2 son un compresor neumático (que eleva la presión desde los 20 barg de salida del electrolizador hasta 500 barg); un dispositivo de almacenamiento ubicado en uno de los laterales del contenedor, un dispensador básico con manguera para recarga de hidrógeno a 350 barg instalado fuera del contenedor (a una distancia aproximada de 6m) y un sistema de control centralizado que gestionará el correcto funcionamiento de todos los equipos en su conjunto, así como la seguridad del sistema, equipos y personas.
El Gobierno convoca la primera subasta de energía renovable con el nuevo marco retributivo
La publicación de la primera resolución culmina el proceso normativo que permitirá ofrecer un marco estable a la inversión en renovables y trasladar a los consumidores los ahorros derivados de la implantación de las nuevas instalaciones renovables
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha aprobado la primera resolución de convocatoria de subastas de energía renovables con el nuevo marco retributivo. Con esta resolución, que se publicó el pasado 12 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se culmina el proceso normativo para ofrecer un marco estable que atraiga la inversión y fomente la actividad económica en toda la cadena de valor de las energías renovables del país en un escenario de recuperación tras la crisis sanitaria, al tiempo que permite que los consumidores se beneficien de manera directa de las reducciones de costes de generación de estas tecnologías.
La apertura del plazo para la entrega de documentación se inició el lunes 15 de diciembre de 2020 y la primera subasta se celebrará el próximo 26 de enero de 2021. Se establece un cupo objetivo de 3.000 MW, de los cuales al menos 1.000 MW se destinarán a tecnología fotovoltaica y otros 1.000 MW a eólica terrestres, quedando el resto de potencia a subastar sin restricción tecnológica.
Podrán participar en la subasta las instalaciones nuevas o ampliaciones de instalaciones existentes que estén situadas en el sistema eléctrico peninsular y cuyo sistema de almacenamiento, en caso de disponer de él, sea empleado exclusivamente para almacenar la energía producida en la instalación.
El inicio del calendario de subastas con el nuevo Régimen Económico de Energías Renovable resulta indispensable para cumplir con los compromisos de descarbonización que España ha adquirido en el Acuerdo de París y como Estado miembro de la Unión Europea. Estos compromisos han sido trasladados al Plan Nacional Integrado de Energía Clima (PNIEC) 2021-2030, que prevé la instalación de en torno a 60GW renovables en la próxima década y que incluye, entre sus medidas, el desarrollo de este tipo de subastas.
Este mecanismo de subastas es, por tanto, complementario a otros instrumentos de impulso, como pueden ser las líneas de ayuda a la inversión en renovables financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ejecutadas por el Instituto para Diversificación y Ahorro de la Energía, o las garantías públicas para los contratos de suministro de energía eléctrica a medio y largo plazo (PPAs).
Características de la subasta
Con el objetivo de optimizar la integración de renovables en el sistema y maximizar el ahorro para la factura eléctrica, se establece que el precio percibido por las instalaciones se obtendrá a partir del precio resultado de la subasta corregido con cierta exposición a mercado. La resolución establece el porcentaje de ajuste de mercado en un 25% para las tecnologías con capacidad de gestión de su nivel de producción y en un 5% para las que no dispongan de dicha capacidad.
El plazo máximo de entrega de la energía comprometida es de 12 años para las tecnologías fotovoltaica, solar termoeléctrica, eólica terrestres y marina e hidroeléctrica y de 15 años para las tecnologías de biomasa, biogás y biolíquidos.
Las pujas se realizarán sobre el precio que se exige por la energía producida y el volumen de producto adjudicado a una misma empresa o grupo empresarial no podrá ser superior al 50% del cupo del producto (1.500 MW).
La resolución establece la obligatoriedad de que los participantes en la subasta presenten un plan estratégico con estimaciones de impacto sobre el empleo local y las oportunidades para la cadena de valor industrial local, regional y nacional, así como, en el ámbito de la economía circular, las medidas contempladas en relación con el tratamiento de los equipos al final de su vida útil y el análisis de la huella de carbono durante el ciclo de vida útil de las instalaciones.
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