Mercado Eléctrico
Iberdrola invertirá en Castilla-La Mancha 100 millones de euros en los próximos tres años en redes y sistemas inteligentes
Para redes de media y alta tensión se van a destinar 25 millones de euros; para redes de media y baja tensión, 15 millones; y 20 millones de euros para sistemas inteligentes
Iberdrola invertirá en los próximos tres años, 100 millones de euros en Castilla-La Mancha. Así lo ha comunicado al Gobierno regional, que ya ha recibido el plan de la empresa para la Comunidad Autónoma.
Según ha puesto de manifiesto la multinacional eléctrica, para redes de media y alta tensión se van a destinar 25 millones de euros; para redes de media y baja tensión, 15 millones, y 20 millones de euros para sistemas inteligentes.
A la provincia de Albacete se dedicarán 32,4 millones de euros, que benefician a los municipios de La Roda, Barrax, Romica, Albacete, Salobral, Pozohondo y Fuensanta. En la provincia de Cuenca se harán inversiones en Olmedilla. En la de Guadalajara, se invertirá en la subestación de Guadalajara y en la línea de 132kv entre Torija y Guadalajara. Por último, en la provincia de Toledo hay inversiones previstas en Los Navalmorales, con línea de 132 kv a Cíjara, y también en Burguillos y en Toledo capital.
Las inversiones de las grandes distribuidoras, como Iberdrola, permiten mejorar la calidad del servicio eléctrico, introducir mecanismos de funcionamiento inteligente y preparar las instalaciones eléctricas para los retos del futuro, en relación con la evacuación de energías renovables, en las que Castilla-La Mancha está entre las primeras de España.
En el encuentro, celebrado el pasado 30 de abril en Toledo, en el que se ha dado a conocer la planificación de la empresa han participado el director general de Industria, Energía y Minería del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Cabezas; el responsable del departamento de planificación de Red, Abel Santamaría; el jefe de distribución de Iberdrola de Castilla-La Mancha, Pablo Carames; el director de Iberdrola distribución región centro, Javier Vázquez y el jefe de servicio de instalaciones, José Manuel Iniesta.
El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha obliga en una sentencia a adoptar medidas correctoras en los tendidos eléctricos que puedan causar electrocuciones en aves
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha emitido una sentencia que, por primera vez, corrobora la responsabilidad de las compañías eléctricas frente a los daños que ocasionan los tendidos a las aves. Asimismo, deja clara la obligación de adoptar medidas de corrección de aquellas instalaciones que causen electrocuciones a la fauna.
A juicio de SEO/BirdLife, se trata de un paso decisivo para que las empresas energéticas asuman su responsabilidad para controlar una amenaza que ocasiona la muerte a 33.000 rapaces cada año en España como mínimo. Entre ellas, especies en situación de amenaza.
De hecho, la sentencia enjuicia el caso de electrocución de un águila imperial ibérica, una especie catalogada en peligro de extinción ocurrido en el término de La Herrera (Albacete). En concreto, la sentencia, emitida por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla-La Mancha, resuelve la sanción que impuso, el 26 de julio de 2016, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante una Resolución de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la lesión grave de un águila imperial ibérica al electrocutarse en un tendido situado en el término municipal de La Herrera (Albacete). La línea se ubica en una Zona de Protección de la Avifauna, y por tanto dentro de un espacio protegido a nivel regional.
“La sentencia es relevante por su novedad, dado que se trata del primer fallo judicial que avala una sanción a una empresa por la electrocución de una especie protegida ocasionada por el daño producido al no subsanar los problemas del tendido. De esta manera, el tribunal confirma la responsabilidad de las eléctricas sobre las posibles afecciones que sus tendidos puedan ocasionar a las aves y, además, incluye la obligación de corregirlos”, explica el responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife, David de la Bodega.
Y añade: “El fallo judicial abre la puerta a nuevas peticiones de responsabilidad a las compañías, independientemente de si hay fondos públicos o no, para corregir los tendidos”. Este extremo es especialmente importante puesto que, hasta la fecha, el argumento de la mayor parte de las compañías eléctricas para retrasar la corrección de tendidos eléctricos se basa en que las administraciones competentes no han aportado financiación para cubrir, de forma completa, el coste de la corrección de los tendidos.
Fundamentan su posición en el Real Decreto 1432/2008, que se refiere a un plan de inversiones para la adaptación de líneas eléctricas. Un plan que se puso en marcha hace un año con la aprobación del Real Decreto 264/2017, de 17 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión. Pero en tanto que los fondos públicos no lleguen, las eléctricas consideran que no están obligadas a realizar correcciones.
“La sentencia ha coincidido en el tiempo con la incoación de expedientes de responsabilidad ambiental a diferentes empresas por parte de la Generalitat Valenciana por mantener líneas eléctricas de media tensión eléctrica, sin adopción de medidas para prevenir y evitar la colisión y electrocución de las aves. A raíz de su apertura están llegando a acuerdos con las empresas para corregir los tendidos. Aunque llegue tarde, es sin duda otro paso en la buena dirección”, indica el responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife.
Según un reciente informe del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), en España mueren al menos 33.000 rapaces al año por esta causa. Unas cifras que para Nicolás López, responsable del Programa de Especies Amenazadas de SEO/BirdLife son inferiores a la realidad. “El informe del Ministerio aporta cifras muy inferiores a lo que puede ser una aproximación más realista de la magnitud del problema ya que solo analiza la mortalidad de las rapaces sin tener en cuenta otros grupo de aves y no cuenta con datos de todas las comunidades autónomas”, explica.
Castilla-La Mancha es la octava comunidad en emisiones de CO2 pero las ha reducido desde 1990
El Observatorio de la Sostenibilidad ha realizado un informe para analizar las emisiones de CO2 de las diferentes comunidades autónomas españolas durante un largo periodo de tiempo, de 1990 a 2015, y ver su evolución tanto en emisiones fijas (las que proceden de centrales energéticas y de grandes industrias sobre todo) y las difusas (transporte, calefacción, etc). Todos los datos han sido recogidos de fuentes oficiales del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.
Respecto al total de las emisiones entre 1990 y 2015, Andalucía y Cataluña suponen cada una un 14% del total emitido, seguida de Castilla y León con un 10%, Galicia con un 9%, Asturias con un 8% o Comunidad Valenciana con un 7%. Mientras, Rioja, Navarra, Cantabria y Extremadura son las que menos emisiones presentan.
Excepto País Vasco, Galicia y las Castillas, que emiten un poco menos 1990, todas las Comunidades Autónomas han aumentado sus emisiones, destacando Extremadura, Murcia, Andalucía, Navarra y Baleares. Según la Directiva europea 406/2009/CE (Decisión de reparto de esfuerzos) España debería alcanzar una reducción del 10% para el año 2020 y según el Acuerdo de París, las emisiones se deberían reducir un 40% para el año 2030. Países como Francia y Alemania han reducido ya mucho más sus emisiones de CO2 a la atmósfera.
Si se realiza el mismo análisis per cápita, pero centrados solo en las emisiones difusas, se observa que los mayores valores se dan sobre todo en comunidades muy extensas con población más bien dispersa, con los máximos en Castilla y León, y Aragón (que ya estaban en el máximo de la ratio para todas las emisiones), seguidos a más distancia por Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y Asturias.
La concentración de la población parece favorecer una tasa de emisiones difusas per cápita menor, este análisis refleja más directamente las formas de consumo más cercanas al ciudadano. Mención aparte merece, no obstante Andalucía, que se aparta claramente de este patrón aparente.
El Ministerio de Industria abre la puerta a la subasta de centrales de ciclo combinado, de carbón y nucleares a terceros
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha aprobado el Informe sobre el Proyecto de Real Decreto del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) de cierre de centrales de producción de energía.
A través de este proyecto normativo, el Ministerio introduce nuevos criterios y un procedimiento de subasta, para evitar el cierre definitivo de centrales de generación eléctrica (ciclos combinados, centrales de carbón, nucleares, etc…).
En la actualidad, el artículo 53 de la Ley del Sector Eléctrico establece que las empresas eléctricas tienen que pedir autorización al Ministerio si quieren cerrar una central. Ese cierre está condicionado a que no ponga en peligro la seguridad del suministro eléctrico en España.
Sin embargo, el Real Decreto que plantea ahora el Ministerio añade criterios adicionales al de seguridad del suministro, como son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación.
Además, el Ministerio plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado. Esta solución en última instancia podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación.
En su informe, la CNMC considera que los nuevos criterios que plantea el Ministerio en su Proyecto de Real Decreto no están suficientemente desarrollados ni previstos en la normativa vigente. Además, le confieren un excesivo margen de discrecionalidad y estima que crean inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducentes para la competencia en el sector eléctrico.
En cuanto al mecanismo de subasta que propone el Real Decreto, la CNMC considera que es muy complejo. Además, la CNMC observa que la compensación a un tercero por mantener una central si la subasta queda desierta sería una ayuda de Estado conforme a la normativa de la Unión Europea, lo cual aconseja que se notifique previamente la propuesta a la Comisión Europea.
La CNMC recuerda que el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo sino todo lo contario. En el peor escenario (punta de demanda de 46.000 MW y baja generación), se podría prescindir sin riesgo de una parte significativa del parque de carbón existente.
La CNMC concluye que para evaluar el impacto del cierre de centrales en el sistema eléctrico es necesario revisar el marco normativo de forma global: metodología de seguridad de suministro, hibernación de centrales, mecanismo de pagos por capacidad, y el procedimiento de autorización de nuevas instalaciones.
Los drones toman protagonismo en el mantenimiento de las líneas eléctricas de Castilla-La Mancha
Los drones se han convertido en grandes protagonistas en el mantenimiento de las líneas eléctricas del sistema eléctrico español, y en Castilla-La Mancha también. Red Eléctrica de España ha desarrollado dos proyectos en el 2017 para el uso de drones -vehículos aéreos pilotados remotamente- en los trabajos de inspección y mantenimiento de las líneas de transporte eléctrico; una apuesta de la compañía por la innovación aplicada con el objetivo de aumentar la seguridad y la eficiencia de estas operaciones. La compañía continuará trabajando en el 2018 con estos dispositivos y personal propio habilitado, completando la inspección de unos 500 kilómetros de líneas de la red de transporte eléctrico.
Recientemente, Iberdrola Distribución anunció que había revisado más de 7.000 kilómetros de sus líneas eléctricas en Castilla-La Mancha durante el pasado ejercicio 2017 para reforzar la seguridad de suministro y con el objetivo último de seguir mejorando la calidad del servicio que ofrece. En el año 2016 Unión Fenosa Distribución anunciaba que había introducido el uso de drones para revisar los circuitos eléctricos y los apoyos de alta tensión que conforman la red eléctrica de esta compañía en Castilla-La Mancha.
Para trabajar en estos proyectos, la compañía ha obtenido la autorización como operador oficial de vehículos aéreos pilotados remotamente, concedida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA); y la habilitación de personal propio como pilotos, actualmente diecisiete personas; además ha adquirido tres aeronaves.
Asimismo, Red Eléctrica ha diseñado, en colaboración con la empresa AeroTools, dos prototipos de aeronaves con funcionalidades avanzadas diseñadas a medida para facilitar la realización de los trabajos específicos de inspección de líneas de alta tensión.
Entre las funcionalidades avanzadas incorporadas destaca la de un sistema de telemetría hablada, por el que la información más relevante no solo se visualiza en el panel de control, lo que permite al piloto trabajar sin apartar la vista del dron.
Además, se ha desarrollado un sistema de encriptación de los canales de comunicación para garantizar una mayor calidad y seguridad de la información, y un sistema de navegación autónoma, por el que el aparato reconoce el entorno y genera su propia trayectoria alrededor del elemento objeto de la inspección sin la intervención del piloto, lo que reduce los tiempos de vuelo y la posibilidad de error.
Red Eléctrica ha realizado una evaluación comparativa con otros operadores oficiales especializados en este tipo de trabajos con el fin de analizar la eficacia y la eficiencia de diferentes sensores y metodologías de inspección antes de la implantación definitiva de este nuevo procedimiento operativo.
Foto: Red Eléctrica de España
El Ministerio de Energía pretende ampliar los requisitos a las empresas gasistas para garantizar el suministro ante el frío extremo invernal
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha analizado la propuesta del Ministerio de Energía, Turismo y Comercio (MINETAD) sobre el Plan de Actuación Invernal del sistema gasista. Este plan tiene como objetivo paliar posibles incrementos de la demanda o restricciones de oferta de gas producidas por situaciones climatológicas adversas. Desde el año 2013, existe un plan invernal en España que garantiza el suministro del gas en casos de frío extremo. El plan que propone ahora el Ministerio modifica las obligaciones de mantenimiento de existencias invernales a las empresas gasistas para garantizar el suministro de gas en casos de frío extremo.
La CNMC considera que fijar estas nuevas obligaciones podría encarecer el recibo del gas de los consumidores, ya que las compañías afrontan nuevos costes al modificarse sus niveles de reservas y la forma en que deben estar constituidas. El MINETAD en su propuesta no ha evaluado los costes que estos cambios tendrían para el sistema.
En su informe, la CNMC explica que, actualmente, el sistema gasista en España cuenta con suficientes mecanismos para afrontar un repunte de la demanda en casos de frío extremo. Entre otras medidas, las comercializadoras de gas pueden gestionar sus reservas en almacenamientos subterráneos y plantas regasificadoras o abastecerse en los mercados internacionales y nacionales (MIBGAS).
Por su parte, Enagás, como Gestor Técnico del Sistema gasista, puede actuar comprando gas en el mercado organizado en caso de que falte gas en el sistema gasista, y, también existe un régimen sancionador al que se enfrentan las empresas que no cumplen sus obligaciones de suministro.
Finalmente, el Real Decreto 1716/20041 ya les obliga a mantener reservas de forma permanente y la normativa europea ha promovido mecanismos de mercado para conseguir un mercado interior competitivo y evitar, en la medida de lo posible, medidas intervencionistas.
La CNMC considera más apropiadas otras medidas para reforzar la seguridad del suministro y la liquidez del mercado; por ejemplo, establecer obligaciones de creadores de mercado, trabajar por un mercado ibérico del gas y desarrollar un mercado de futuros.
Por todo, ello la CNMC recomienda posponer el Plan Invernal para evitar costes innecesarios al sistema, hasta que no se analice en profundidad la normativa vigente, las necesidades del sistema para garantizar el suministro, sus reservas estratégicas y las reformas de los mecanismos de capacidad en generación eléctrica.
El 24% de los hogares españoles no sabe qué potencia eléctrica tiene contratada
Los datos del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) realizado en el segundo trimestre del 2017 continúan mostrando el desconocimiento que tienen los usuarios sobre las condiciones de contratación de los suministros de luz y de gas natural.
Por ejemplo, más de un 70% de los hogares no sabe si su suministro de electricidad o de gas natural está en el mercado regulado o libre. El desconocimiento del sector energético también se refleja en otros indicadores: el 41% de los hogares declara desconocer el tipo de tarifa eléctrica que tiene contratada y el 24,2% no sabe cuál es la potencia contratada.
El Panel de Hogares pone en evidencia las diferencias en los hábitos de consumo entre los hogares que declaran tener tarifas cuyo precio depende de la hora y los que declaran tener tarifas que dependen del tramo del día (discriminación horaria). En los primeros, los distintos precios de la luz según la hora del día tienen un bajo impacto en las decisiones de consumo de los hogares: un 58% no tiene en cuenta los precios en sus hábitos y un 17% dice tener estos precios bastante en cuenta. En cambio, entre los hogares con una tarifa por tramos (discriminación horaria), un 64% tiene bastante en cuenta los precios al consumir y solo un 16% no los tiene en cuenta.
El Panel también investiga el conocimiento de los hogares sobre el bono social de electricidad para los consumidores vulnerables. En junio de 2017 la mitad conocía su existencia y entre estos un 60% conocía los requisitos que un hogar debe cumplir para beneficiarse del mismo.
Debe mencionarse que recientemente, el 6 de octubre de 2017, el gobierno aprobó un real decreto en el que se regulan los nuevos requisitos de acceso al bono social eléctrico. El real decreto fija los distintos descuentos a los que da derecho el bono en la factura de la electricidad en función, principalmente, de la renta.
Por último, el 52% de los hogares con gas natural contrata los servicios de electricidad y de gas natural con una misma compañía para beneficiarse de mejores precios y por la comodidad de tener sólo un suministrador energético, entre otros motivos.
Puertollano concentra más del 50% de la emisión de CO2 a la atmósfera de toda Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha fue una de las pocas comunidades autónomas españolas donde aumentó la emisión de toneladas de Co2 a la atmósfera en el año 2016, un 3,69% más que el año anterior hasta los 4,39 millones de toneladas. Según los datos del Observatorio de la Sostenibilidad con cifras del registro nacional RENADE, la región se sitúa como la número diez de España en emisión de toneladas de carbono procedentes de fuentes fijas. La media de emisiones per cápita por persona sigue siendo más baja que la media nacional, de 2,15 toneladas frente a 2,65 tn nacionales.
El mapa regional de las emisiones de CO2 a la atmósfera muestra como se concentran sobre todo en dos grandes comarcas, la de Puertollano en Ciudad Real y la de La Sagra en la provincia de Toledo. El complejo de Repsol en Puertollano es el responsable de la emisión del 34,98% de las emisiones de Co2 a la atmósfera en la región, con 1.536.570 millones en el año 2016. Le sigue en importancia Cementos Lafarge en Villaluenga de la Sagra en Toledo con 648.894 y el 14,77% del total nacional. Después figuran otras dos instalaciones industriales en Puertollano, la de Fertiberia con 400.000 toneladas de emisiones (9,11%) y la de Air Liquide con 377.698 y el 7,69% nacional. Tras ellas, dos instalaciones de generación eléctrica, las de Iberdrola y Gas Natural Fenosa en Villaseca de la Sagra. Tras ellas, figuran distintas industrias de fabricación de vidrios como Crisnova en Caudete, la alcoholera de Movielsa en Campo de Criptana o la refinería de aceites de Acesur-Coosur en Tarancón.
El Plan Contra la Pobreza Energética de Castilla-La Mancha espera dar cobertura a unos 6.500 hogares en 2017
El Plan Contra la Pobreza Energética puesto en marcha por el Gobierno regional de Castilla-La Mancha, con la colaboración de las compañías eléctricas y energéticas, ha permitido en los ocho primeros meses del 2017 evitar 360 cortes de suministro y conceder ayudas a 4.805 consumidores.
Estos datos han sido dados a conocer por la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en la reunión mantenida con el Comité Autonómico de Cruz Roja en Castilla-La Mancha. La provincia de Albacete, con 1.417 ayudas, es donde más ayudas se han otorgado, seguida de Ciudad Real con 1.342, Toledo con 1.077, Cuenca con 579 y Guadalajara con 390.
Mientras, en lo que se refiere a los cortes de suministro, la provincia de Albacete es en la que más paralizaciones se han producido con 153; seguida de Toledo con 137, Ciudad Real con 27, Cuenca con 25 y Guadalajara con 16.
El pasado mes de febrero, el Gobierno de Castilla-La Mancha renovó por tercer año el convenio con Cruz Roja para llevar a cabo el Plan contra la Pobreza Energética 2017, “para garantizar como ya hemos hecho durante 2015 y 2016 que ningún hogar de la región se quede sin suministro energético por motivos de pobreza”, según destacó la Consejera en su presentación.
Durante el año 2016 se beneficiaron del Plan un total de 8.492 familias que recibieron las ayudas económicas preventivas y 440 se beneficiaron de las medidas protectoras acordadas con las empresas suministradoras. En 2017 está previsto atender a lo largo del año a unas 6.500 familias.
Castilla-La Mancha disminuyó su potencia eléctrica en más de 500 Mw en 2016 tras el cierre de Elcogás y Puertollano
Castilla-La Mancha fue la segunda región española donde más descendió su potencia en megawatios, solo por detrás de Asturias.
Según datos del Informe sobre el Sistema Eléctrico Español de REE, la región vio disminuir su potencia un 5,8% debido al cierre de la producción en las centrales de carbón de GII-PL Elcogás (296 Mw) y en la de Puertollano (206 Mw). Aún así, Castilla-La Mancha sigue siendo la quinta región española en producción eléctrica con un total de 21.393 Gwh, a los que solo habría que descontar 66 Gwh de consumo en bombeos para generarla.
El mayor descenso de producción en toda España tuvo lugar en Asturias, con una caída del 27,9% respecto al año anterior. Este descenso se explica sobre todo por la reducción del 39,3% de su producción con carbón -con el cierre de Narcea 1 y Soto de Ribera 2, que representa el 63,1% de la generación de esta comunidad autónoma.
Según Red Eléctrica de España, durante el 2016, ocho comunidades autónomas generaron más energía eléctrica de la que han consumido, entre las que destaca Extremadura, donde la energía generada ha sido cuatro veces superior a su demanda. Le siguen Castilla y León y Castilla-La Mancha con valores de producción en torno al doble de la cantidad que necesitan para satisfacer su demanda.
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